Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 30/3/12
La jornada de huelga de ayer ha confirmado lo que ya sabía todo el mundo: que en España es imposible conocer cuánta gente sigue un paro, dada la total discrepancia de cifras que manejan las partes enfrentadas; que las huelgas son tanto más generales cuanto más extensa y dura es la acción de los piquetes, forma legalizada de presión para que paren a la fuerza quienes deciden trabajar; y, en fin, que, como es lógico, existe en España un notable rechazo a la reforma laboral del Gobierno de Rajoy.
Sobre la discrepancia en las cifras nada sustancial cabe decir, como no sea echar mano de datos objetivos: por ejemplo, el consumo eléctrico, indicador -aunque no solo- de la productividad, que había caído ayer un 15,8 % de media a las seis de la tarde, lo que permite comparar con la caída media durante las huelgas generales convocadas contra los Gobiernos de González en 1988 y 1994 (34 % y 27,5 %), de Aznar en el 2002 (20,8 %) y de Zapatero en el 2010 (16 %).
En cuanto a lo que, falseando la realidad, se llaman piquetes informativos, la verdad es que su acción se dirige a coaccionar a quienes no quieren hacer huelga. Dos muestras solo entre un millar: la Facultad de Derecho de Santiago la cerraron ayer a lo bruto piquetes de estudiantes, mientras que en la entrada de la sede central de la Xunta había una sindicalista fotografiando a quienes acudían al trabajo, práctica indecente, propia de la Brigada Política Social o de la Stasi (la policía política) de la Alemania comunista. La acción de los piquetes, que denigra el derecho de huelga, responde a una peregrina teoría expresada por el líder de CC.?OO. (que si hay huelga, el derecho a parar prevalece sobre el derecho a trabajar), teoría que Toxo ha debido aprender en un manual de derecho del trabajo escrito por Mortadelo y Filemón.
La cuestión central es otra, sin embargo: constatada la explicable oposición de muchos trabajadores a la reforma laboral, ¿qué debe hacer un Gobierno que, pese a ello, la considera indispensable para luchar contra la crisis? Este es el asunto central, pues afecta a la naturaleza misma de nuestro sistema democrático, que, como todos los existentes en el mundo, se gobierna desde el Parlamento y el poder ejecutivo y no desde la patronal o las centrales sindicales. ¿Que hará el Gobierno tras la huelga?, le preguntó el miércoles la portavoz socialista a la vicepresidenta, quien le espetó la respuesta de Rubalcaba en similares circunstancias: «La reforma laboral está aprobada y no se va a tocar». No es extraño: Rubalcaba sabía entonces lo que hoy sabe Rajoy: que un Gobierno que proclama la absoluta necesidad de una política queda herido de muerte si, tras una huelga, la abandona. Algo que sabían también, sin duda, los líderes sindicales antes de poner al país en el brete endemoniado de una huelga general.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 30/3/12