Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN, 17/7/12
El reciente auto del Tribunal Constitucional en el que se legalizaba a Sortu, una de las marcas políticas de la izquierda abertzale, dejaba claro que, en todo caso, existen causas objetivas que, en caso de producirse, podrían conducir a su ilegalización. Las más claras, equiparar a las víctimas con los verdugos, humillar a las víctimas o no condenar las acciones de ETA. En el País Vasco,casi a diario tienen lugar actitudes de este tipo que si suceden en la intimidad de un pueblo no tienen consecuencias, pero que si se conocen públicamente son repudiadas por los dirigentes radicales abertzales, sabedores de que a partir de ese hecho podría iniciarse un proceso de ilegalización.
Sucedió recientemente en San Sebastián con el secretario del alcalde que amenazó de muerte a unos ciudadanos por llevar la bandera española para celebrar el triunfo de la selección española. Alguien grabó lo sucedido y cuando se publicó en un medio de comunicación, el alcalde lo destituyó. Sin embargo, no ha tenido ninguna consecuencia que la futura canddata a presidir esa comunidad minusvalorara el terrorismo etarra o que varios cargos electos de Amaiur se negaran a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y es que para ilegalizar cualquiera de estas franquicias electorales hace falta, en primer lugar, voluntad política, pues han de ser la Fiscalía o el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, quienes deben presentar la demanda ante los tribunales. En segundo, que las pruebas sean irrefutables, pues lo peor que podría suceder es que se repitiera una sentencia favorable a cualquiera de los brazos políticos de ETA, porque sería un nuevo fracaso para los demócratas. Y está claro que lograr las pruebas no es tarea fácil ya que no se puede investigar la actividad de un partido legal.
Carmen Gurruchaga, LA RAZÓN, 17/7/12