Florencio Domínguez, EL CORREO, 8/8/12
El pasado 7 de junio, 21 expertos se reunieron en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para estudiar la propuesta del Gobierno de reconocer el derecho a voto en el País Vasco y Navarra a las personas que tuvieron que abandonar estas comunidades por la amenaza del terrorismo. A esa cita y a las que se celebraron posteriormente acudieron trece catedráticos o profesores titulares de Derecho Constitucional de diferentes universidades españolas –entre ellos tres vascos–, un exmagistrado del Supremo, un letrado de las Cortes, cuatro profesores de Ciencia Política y otros dos de Derecho Administrativo.
Los asistentes eran conscientes de las dificultades jurídicas que encerraba la iniciativa y así se reconoce expresamente en el texto que sirvió de ponencia base de los debates: «Se trata de una innovación no menor, que afecta a uno de los aspectos centrales de un sistema electoral, el de quién puede emitir el voto». «Se trata de una operación muy delicada y que cuenta con muy escasos precedentes», indica otro de los textos sometidos a la consideración de los expertos. A pesar del reconocimiento de la dificultad jurídica, el grupo de trabajo consideró que tenía encaje legal la reforma y estudió la fórmula técnica que se consideró más apropiada para llevarla a cabo.
El hecho de que expertos juristas consideren que la regulación del voto en el País Vasco de los amenazados que residen fuera de Euskadi tiene encaje constitucional no reduce, como se está viendo, el debate político sobre la cuestión. El nacionalismo se opone frontalmente al fondo del asunto. Los socialistas plantean objeciones, aunque no expresan un rechazo definitivo como los primeros.
Entre nacionalistas y socialistas se defiende una política de incentivos para que puedan volver los que tuvieron que abandonar su domicilio por la amenaza de ETA. Esta propuesta no es, sin embargo, una alternativa. Es un complemento a la iniciativa de facilitar el voto de los amenazados. No es incompatible propiciar el retorno de quien quiera regresar a su lugar de origen, con abrir la posibilidad de que aquellos que no quieran hacerlo o que no puedan tengan la opción de volver a votar donde lo hicieron hasta que ETA les obligó a marcharse.
En todo caso, la reforma requiere como primer paso el pleno entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales, el PP desde el Gobierno y el PSOE desde la oposición. Una reforma de una norma tan fundamental como es la Ley Electoral exige un acuerdo político de populares y socialistas como punto de partida y si después se puede ampliar el consenso, mejor todavía.
Al Gobierno que ha puesto sobre la mesa el proyecto le corresponde la iniciativa de abrir las conversaciones con el PSOE, de persuadirle de que la propuesta no responde a intereses partidistas a corto plazo y de escuchar las propuestas que los socialistas tengan que hacer.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 8/8/12