La propuesta de Ibarretxe culmina 25 años de privilegios consentidos.
Son varios los meses de silencio autoimpuesto. Lo necesitaba, pero sobre todo se lo merecían los ciudadanos. Además, se lo debía al Partido Socialista de Euskadi, del que he sido militante más de la mitad de mi vida, del que soy militante ahora y del que seguiré siéndolo en el futuro; en algunas ocasiones con resignación y en otras, -espero que en muchas más-, con ilusión.
La sucesión de determinados acontecimientos como la aprobación de la Ley de Partidos Políticos o el famoso «auto del juez Garzón», y las escasas repercusiones sociales que han provocado estas dos medidas del Estado de Derecho, provocan en mí algunas reflexiones que considero interesantes. Estos hechos, unido a la eficacia de la policía en la lucha contra ETA, -que a quien desee entender lo que está sucediendo en el País Vasco no le puede ser ajena- y a la declaración pública de Ibarretxe en el Parlamento Vasco del pasado viernes, 27 de septiembre, me impulsan, no sólo a reflexionar sino a hacer públicas estas meditaciones.
Valga como punto de partida que a mí el PNV, ni me ha sorprendido, ni me ha engañado. Se puede criticar a los nacionalistas por muchas razones, algunas de ellas quedarán apuntadas en este artículo, pero no se le puede acusar de haber sido ambiguo estos últimos años. La propuesta del viernes es la culminación del proceso iniciado con la firma del Pacto de Estella. No olvidemos que además hicieron cartel electoral de la superación del Estatuto. La sorpresa sólo esconde cinismo y también oculta una voluntad política de mirar hacia otro lado, de perdonar al PNV, de creer que no llegará la sangre al río y en algún caso de trasladar la responsabilidad política del PNV a ETA o al Gobierno de Madrid, según convenga.
¿Por qué esa actitud de permanente y excesiva comprensión hacia el PNV? Creo que esa inclinación nace hace 25 años, al principio de ese período tan elogiado por todos, denominado «la transición española». En ese tiempo, se realizó un pacto no escrito entre los partidos nacionales y el PNV. El partido de Sabino Arana se encargaba de pacificar las relaciones de la Comunidad Autónoma Vasca con el resto de España y de enfrentarse al terrorismo de ETA. A cambio, el PNV se convertía en un partido con estatus de «partido privilegiado» en un doble sentido: el resto de formaciones políticas le otorgaba un papel en la política española determinante y nosotros aceptábamos su derecho a veto. No se podía, por tanto, realizar políticas trascendentes (culturales y educativas, económicas o contra ETA) sin el acuerdo explícito del PNV.
La sociedad española, presa de un pecado nunca cometido, cerró los ojos, se tapó los oídos y enmudeció cada vez que el nacionalismo vasco hacía una de las suyas. En momentos bien difíciles, rechazaron la Constitución y no pasó nada ante tan clara muestra de insolidaridad e irresponsabilidad del partido de Arzallus. Aprobaron su peculiar derecho de autodeterminación en el Parlamento Vasco y los socialistas seguimos en el Gobierno en aras de una ficticia gobernabilidad. ¡Cuándo iniciaremos una etapa de autocrítica sobre nuestro inmediato pasado! Firmaron el Pacto de Estella, que no era más que un acuerdo para marginar a los no nacionalistas y elaborar con Batasuna una estrategia de superación del Estatuto de autonomía. Así, lograron de ETA una tregua aceptando en nombre de todos los vascos el programa máximo de la banda terrorista. Entonces vimos cómo algunos, -me preocupa que fueran tantos en el resto de España-, presos de un síndrome de Estocolmo muy peculiar, vacilaron ante la «evidente ventaja» que suponía no ser objetivo de ETA.
Pero el colmo, lo inimaginable, se dio alrededor del 13 de mayo del 2001, con ocasión de las elecciones autonómicas en el País Vasco. Durante la campaña electoral, cuando muchos pensaron que el PNV podía no sólo perder las elecciones -ya las había perdido en otra ocasión-, sino que podía perder todo el poder institucional y económico en el País Vasco, los guardianes del imperecedero espíritu de la transición propusieron un «gobierno de concentración». «Todos los partidos políticos democráticos deberían participar en el Gobierno Vasco». Esto se podía leer y oír con cierta frecuencia aquellos días. La propuesta era inoportuna y desde luego perjudicial para el partido político al que pertenecían esas voces. Les recuerdo que ese partido era precisamente el mío. El 13 de Mayo llegó y no sucedió en el País Vasco lo que muchos anhelábamos y otros temían, porque el nacionalismo ganó las elecciones pudiendo formar gobierno. Fue entonces cuando lo que era maravilloso e imprescindible se olvidó. En definitiva, lo querido, lo deseado, lo que escondía aquella propuesta era mantener al PNV en el poder, en el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y a los demás, a las fuerzas políticas de ámbito nacional, que las partiera un rayo.
Estos precedentes hicieron pensar al PNV que nunca iba a pagar por los errores políticos cometidos, que nunca iba a pagar ningún peaje, que todo le saldría gratis ante una apática y meliflua España. A esta realidad se debe unir un manejo sin límites del poder -muy por encima de la representatividad otorgada en las urnas- para poder comprender la inexistencia de sectores o corrientes moderadas en el seno del partido de Arzallus, Eguibar e Ibarretxe. En el nacionalismo vasco las opciones moderadas y alternativas pueden elegir entre la presidencia de Euskaltel o la expulsión. Siendo así, ¿quién se arriesga a mantener un criterio propio, o hacer oposición? Ciertamente, se sentiría reconfortado por vivir en armonía con el sentido común, pero sabe que ésto le lleva a ser expulsado del paraíso y a tener que ser protegido por escoltas.
La propuesta de Ibarretxe nos ha puesto ante la realidad, ha propiciado que todos, unos más que otros, abramos los ojos. Ya no caben las disculpas ni las reprobaciones a no sé que seguidísimos, no hay tiempo para las dudas ni espacio para la comprensión y la equidistancia. Es la hora y el momento de la «respuesta firme e inteligente», como dice mi muy estimado amigo Ramón Jáuregui.
El primer encargo que el PNV aceptó fue el de enfrentarse a ETA, ahora bien, con la cautela de que no se podía hacer nada en materia antiterrorista sin su beneplácito, sin su apoyo. Tal vez por esto mismo, la aprobación de la Ley de Partidos y la iniciativa del juez Garzón les ha causado tanta sorpresa y malestar que se han visto obligados a adelantar la iniciativa del señor Ibarretxe «homologable en Europa» -como si de un producto siderometalúrgico se tratase-. Pues bien, la conclusión que se puede extraer de la respuesta dada por el PNV a esta encomienda es que, mientras organizativamente ETA es cada vez más débil porque la Policía está asestando duros golpes al terrorismo, se ha dado una apariencia de legitimidad política a la estrategia etarra mediante las actuaciones del PNV.
La capacidad de actuación de ETA es cada vez menor porque el Estado está siendo más eficaz en la lucha contra ellos, y por ello, los asesinos van ampliando proporcionalmente sus objetivos. Ahora, todos los autonomistas somos candidatos posibles a sufrir un atentado. Por cierto, quiero señalar que entre el anterior comunicado de ETA -en el que responsabilizaba al PNV, a los obispos y a los empresarios-, y el último -en el que los amenazados son los de siempre-, se sitúa la declaración del lehendakari en el Parlamento Vasco.
El PNV se ha movido en una contradicción evidente entre el rechazo por los asesinatos de ETA y un doble miedo que les ha apresado durante estos años: miedo a ser víctimas de ETA y temor a hacer política sin el terrorismo como telón de fondo. Algunos oídos sensibles no querrán oír esta verdad, no querrán comprender cuán grande ha sido nuestro error durante este tiempo, pero ésta es la realidad. Porque el nacionalismo quiere un fin para ETA que no signifique una derrota. El PNV viviría feliz con una tregua, para así solucionar «el problema moral» manteniendo al mismo tiempo la espada de Damocles.
Quiero concluir afirmando que en esta materia, el Gobierno y el PSOE han hecho lo que tenían que hacer. Se suscribió un acuerdo -el Pacto por las Libertades- entre quien gobierna y quien aspira y puede gobernar. Sin nadie más, porque en contra de la opinión de maestros socialistas muy queridos, ese acuerdo sólo tiene sentido entre el primer partido y su alternativa de gobierno. Hemos aprobado la Ley de Partidos Políticos y hemos apoyado al juez Garzón, como no podía ser de otra manera para quien cree en el Estado de Derecho. Porque para que el Estado de Derecho funcione, no basta con que se defina adecuadamente su estructura, además resulta imprescindible que funcionen correctamente los mecanismos legales de defensa del mismo. Los poderes públicos deben promover, garantizar e impulsar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos vascos. Esos tres acuerdos terminan con el período en el que debíamos implorar el beneplácito nacionalista. ¡Se acabó!, hemos tomado la iniciativa porque el PNV nunca la iba a tomar.
Seguiremos hablando, en un próximo artículo les explicaré mi opinión sobre la situación de las relaciones de la Comunidad Autónoma Vasca con el resto de España, y lo que es más importante, cómo debemos enfrentarnos al desafío de Ibarretxe.
Nicolás Redondo Terreros, ABC, 4/10/2002