Florencio Domínguez, EL CORREO, 21/8/12
En los últimos cinco años una docena de presos etarras han ido quedando en libertad condicional debido a enfermedades graves, sin que en la mayoría de los casos el mundo de ETA y Batasuna haya organizado movilizaciones como las que han desarrollado en el caso de Uribetxebarria Bolinaga. No solo eso, sino que en 2008 la dirección de ETA envió un documento a las cárceles proponiendo a sus reclusos que rechazaran el régimen de prisión atenuada en el domicilio, que es el que se aplica a los enfermos graves, si las autoridades se lo concedían.
La izquierda abertzale ha utilizado el caso del etarra Uribetxebarria para organizar diversas movilizaciones tratando de capitalizar la posible excarcelación del recluso. En paralelo, dentro de las cárceles se ha puesto en marcha una sucesión de supuestas huelgas de hambre y otro tipo de protestas en apoyo al recluso hospitalizado.
Al margen del objetivo mediato de presionar a las instituciones en el caso de Uribetxebarria, las protestas organizadas dentro de las cárceles tienen como trasfondo la necesidad de ETA de cohesionar a sus reclusos y asegurarse la disciplina del colectivo. ETA necesita mantener el control sobre la mayoría de los presos para negociar una «solución colectiva». El primer paso para afianzar ese control fue la elección de un núcleo de dirección de los presos formado por veteranos exdirigentes de la banda capaces de imponer su autoridad sobre la mayoría de los internos, evitando la tentación de buscar salidas particulares. Quieren hacer de la liberación de los presos un éxito político obtenido mediante la negociación con España y Francia. Lograr ese éxito tiene que ser el primer paso del proceso que debe terminar con el reconocimiento de la autodeterminación.
Frente a ese esquema, es importante tener claro que la existencia de varios cientos de terroristas en prisión es, fundamentalmente, problema de la propia ETA y de los afectados. Salvo que el Gobierno termine interiorizando que es problema suyo y crea que tiene que buscar la forma de sacarlos de la cárcel cuanto antes y como sea, deben ser los etarras quienes ajusten su comportamiento a la legalidad para obtener los beneficios que ésta ofrece.
ETA y los suyos quieren conseguir para los reclusos el reconocimiento de la condición de presos políticos, de la misma manera que Julian Assange se hace el perseguido político cuando le piden cuentas por su presunta agresión sexual a dos mujeres. Los delincuentes, con independencia de su adscripción ideológica, creen que el apellido político ennoblece sus acciones. En eso son iguales los etarras que se hacen llamar presos políticos, que los militares chilenos encarcelados en el penal de Punta Peuco por sus crímenes durante la dictadura de Pinochet que pretenden reivindicarse celebrando el «día del preso político militar» cada 3 de mayo.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 21/8/12