Editorial, EL CORREO, 25/9/12
La estrategia de Artur Mas sigue siendo alimentar los sentimientos de agravio mediante una huida hacia delante
El borrador de resolución que CiU parece haber redactado para negociar con los grupos afines al impulso soberanista durante el debate de política general que estos días celebra el Parlamento de Cataluña -anunciando el inicio de una «transición nacional» e instando a la Generalitat a consultar la voluntad de los catalanes- responde a una estrategia ambivalente, que lo mismo podría conducir a Mas a simular en esta misma legislatura un intento de referéndum, para que su imposibilidad constitucional y el consiguiente enfrentamiento con el Ejecutivo central le llevasen a disolver la Cámara autonómica y convocar elecciones, o le podría servir de argumento para proceder a esto último sin dilaciones. Por la misma razón que CiU esperó al término de la manifestación del 11 de septiembre para mostrarse abiertamente partidaria de un Estado propio y a breve plazo, Artur Mas está necesitado de apoyos parlamentarios y sociales que le permitan presentarse como presidente de más catalanes de los que votan ‘convergencia’ compartiendo, de paso, los riesgos de la operación. La disyuntiva entre agotar esta legislatura para cargarse de razones nacionalistas de cara a unos nuevos comicios o proceder a la inmediata convocatoria de estos para precipitar la agenda política en caliente representa una cuestión de segundo orden. Es decir, un asunto ya endogámico a dilucidar por los convergentes con las fuerzas políticas que secundaron la marcha de la Diada y que ahora temen verse fagocitadas electoralmente. Pero, dentro de su ambigüedad táctica, el borrador de resolución de CiU es suficientemente claro como para confirmar que las intenciones de Mas y de su partido no contemplan ninguna marcha atrás. Si acaso tratan de administrar tiempos y ritmos para minimizar los costes que pueda acarrear tan fulgurante transformación del universo convergente. Aunque el fundamento de su estrategia sigue siendo alimentar los sentimientos de agravio mediante una huida hacia delante que no está prevista constitucional ni estatutariamente, y que forzará a las instituciones del Estado a mostrarse tan estrictas en el cumplimiento de la legalidad como lo hicieron ante la espiral urdida en su momento por Ibarretxe.
Editorial, EL CORREO, 25/9/12