ETA y la Ley de Amnistía de 1977

Durante la presente campaña electoral Laura Mintegi ha reiterado su apuesta por el «derecho a decidir» de los vascos y ha exigido una «solución definitiva» para los presos de ETA. La candidata a lehendakari por EH Bildu pasa por alto que ambas reclamaciones fueron satisfechas… hace 35 años.

Una de las principales reivindicaciones de las fuerzas antifranquistas fue la amnistía de los ‘presos políticos’. Desde la coronación de Juan Carlos I en 1975 se concedieron sucesivos indultos, pero, al no beneficiar a los etarras condenados por delitos de sangre, el nacionalismo vasco radical los juzgó insuficientes. Por esta razón, la autodenominada ‘izquierda abertzale’ condicionó su participación en las primeras elecciones democráticas, las de junio de 1977, a que el Gobierno decretara una amnistía general y los partidos que formaban KAS fuesen legalizados. No hubo tal, pero Adolfo Suárez ‘extrañó’ al extranjero a los más importantes reclusos de la banda y toleró la actuación de dichas formaciones.

El gesto fue valorado positivamente por ETA político-militar y EIA, que se presentó a los comicios dentro de Euskadiko Ezkerra, pero no por ETA militar y su entorno, que llamaron al boicot. Vascos y navarros acudieron masivamente a las urnas, lo que supuso la primera derrota de ETAm. En un documento interno su cúpula confesaba haberse hundido en un «fuerte pesimismo». La ciudadanía había ejercido su «derecho a decidir», que la dictadura le había arrebatado, tal y como lo ha seguido haciendo desde entonces en decenas de ocasiones. En todas ellas, hasta hace muy poco, el nacionalismo radical se ha negado a reconocer los resultados del ejercicio de la democracia.

Ante las continuas movilizaciones a favor de la liberación de los etarras que permanecían en la cárcel, y con el objetivo de lograr la reconciliación entre las ‘dos Españas’ y desactivar el terrorismo, las Cortes aprobaron una Ley de Amnistía. Fue promulgada el 15 de octubre de 1977, hoy hace 35 años. El borrón y cuenta nueva afectaba tanto a los crímenes de ETA como a los de la represión franquista. El precio, la falta de justicia y reparación, lo pagaron las víctimas de unos y de otros.

El 9 de diciembre abandonaba Martutene el último preso etarra, Francisco Aldanondo. El ciclo de protestas proamnistía entró en declive. Las autoridades informaron a los partidos de la ‘izquierda abertzale’ de que, si les daban unos retoques cosméticos a sus estatutos, serían legalizados. Así lo hizo la EIA de Mario Onaindia a principios de 1978, aunque no LAIA ni HASI, núcleo de Herri Batasuna. Las demandas de KAS se habían cumplido, por lo que habría sido viable poner punto final a la violencia, algo que asustaba a los cabecillas de ETAm: «Hemos observado un receso en el pueblo en cuanto a movilizaciones, y un ascenso de las fuerzas reformistas que podía llevarnos a un asentamiento de la Reforma de Suárez en Euskadi. Ante esto hemos optado por tomar la iniciativa y actuar para intentar que ello no sucediese». Justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros ratificase el proyecto de Ley, un comando ‘mili’ asesinaba a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a sus dos escoltas. La amnistía, comunicaron los terroristas, «es parcial, pero aunque fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi estaba oprimida». Fue tal el impacto del atentado, que tantas esperanzas había truncado, que incluso el diario ‘Egin’ llegó a exigir «la renuncia al empleo de la lucha armada».

Para cerrar la trama, se produjeron más víctimas mortales justo antes y después de la salida de Aldanondo de la cárcel. Así, a sangre y fuego, los ‘milis’ escenificaron la continuación del supuesto ‘conflicto’ entre España y Euskadi. A finales de año un comando de ETAm atacó el puesto de la Guardia Civil que protegía las obras de la central nuclear de Lemoiz. David Álvarez, uno de los terroristas, resultó malherido en el enfrentamiento. Falleció días después en el hospital.

En palabras de Patxo Unzueta, «la dinámica infernal –atentados, presos, más atentados– estaba de nuevo en marcha». Lo estaba, pero se hubiese detenido más adelante de no ser por la voluntad expresa de los ultranacionalistas. La de la Ley de Amnistía de 1977 no fue la única posible ‘solución’ que ETAm ha perdido conscientemente. Esta organización también rehusó la amnistía encubierta que benefició a ETApm VII Asamblea, que anunció su disolución en septiembre de 1982. Sus integrantes se reinsertaron colectivamente gracias a los acuerdos firmados por Juan José Rosón, Mario Onaindia y Juan Mari Bandrés. Los ‘milis’ tampoco se adhirieron a la vía abierta por Joseba Azkarraga, entonces senador por el PNV, a la que se acogieron bastantes miembros de los Comandos Autónomos y de ETApm VIII Asamblea. El Gobierno de Felipe González probó otra alternativa: la reinserción individual de los etarras que se comprometieran a renunciar a las armas. ETA cerró esa salida de un portazo asesinando a dos de los reinsertados: Mikel Solaun en febrero de 1984 y Dolores González Katarain (Yoyes) en septiembre de 1986.

Todas esas eventuales ‘soluciones definitivas’ para los presos y activistas de la banda fueron apoyadas por los Gobiernos de UCD y el PSOE, facilitadas por el poder judicial y respaldadas por la mayor parte de las fuerzas políticas. La excepción fue Herri Batasuna. Ahora el nacionalismo radical ha cambiado de opinión respecto a la utilidad de la violencia, pero eso no justifica que Laura Mintegi reescriba su pasado. Es tarea de los historiadores recordar que hace ya 35 años que ETA y su entorno despreciaron aquella oportunidad histórica que fue la Ley de Amnistía de 1977. La responsabilidad última de que el terrorismo no cesase entonces es suya y solo suya.