El Gobierno defiende sin fisuras la ‘ley Wert’

Se trata, dijo, «de la libertad de enseñanza y del derecho a la educación y también, por tanto, del derecho de los padres a elegir la educación que reciben los hijos», y ello incluye la posibilidad de optar por una enseñanza en castellano.

En este sentido, el Ejecutivo respalda plenamente la propuesta de Wert porque hace bandera de «derechos de los ciudadanos reconocidos por la Constitución y por sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional». «Ningún poder público en España», recalcó la vicepresidenta, «puede considerarse ajeno a la doctrina que dictan los tribunales».

En este sentido, se considera irrenunciable el «criterio de proporción» entre el castellano y las lenguas cooficiales. En palabras de Santamaría: «Que haya un tratamiento de manera razonable, sin que en ningún caso pueda suponer la exclusión de ninguna de las lenguas».

No obstante, consciente de que el debate se ha focalizado en un solo punto del proyecto de reforma, el Gobierno asegura estar abierto a incorporar aportaciones en el trámite parlamentario y en el marco de la Conferencia Sectorial. E insta a la Generalitat catalana a abandonar el discurso de la confrontación y regresar a la mesa del diálogo y a negociar en el Congreso.

Especial malestar causaron ayer en el Ejecutivo las palabras del portavoz parlamentario de CiU, Duran Lleida, quien pidió la dimisión del ministro de Educación por considerar que el anteproyecto educativo es «el peor ataque desde la muerte de Franco que ha recibido el catalán». «Si se cargan el sistema de inmersión lingüística amputarán para siempre la identidad catalana», advertía en su carta web semanal, antes de añadir: «¡Por aquí no pasarán!».

La vicepresidenta del Gobierno le recomendó que «valore mucho más la democracia y trabaje por su calidad en lugar de sacar siempre a relucir los años de dictadura».

En realidad, Santamaría, consciente de que el debate se ha focalizado excesivamente en solo un punto del proyecto, intentó ayer ponerle coto «apelando a la mayor» que, en su opinión, no es otra que la «queja» de los ciudadanos a propósito del nivel de la enseñanza. «Pongamos», dijo, «el acento en los temas que mejoran la calidad educativa; centrémonos en lo importante, que son las personas, y no en lo que diga tal Parlamento o tal partido político». Y lo esencial es acabar con un 50% de paro entre los jóvenes y con una altísima tasa de fracaso escolar.

«Yo les pido», insistió, «a todos los grupos políticos que nos fijemos en un objetivo básico, que son los ciudadanos. Algunos pueden ver las leyes educativas como mecanismos para ciertas actuaciones políticas, pero al final la ley de educación es para los alumnos y para los padres, que son los que se preocupan, amén de la comunidad educativa, los profesores. Centrémonos en eso».

En Lérida no ondea la bandera

«Por lealtad institucional», el Estado quiere saber las razones por las que no está izada la bandera española en 15 ayuntamientos y consejos comarcales de la provincia de Lérida. La subdelegación del Gobierno en la provincia ha pedido así explicaciones por carta a los consistorios y entes locales, aunque el organismo no ha detallado a cuáles se ha enviado la misiva. La subdelegada en Lérida, Inma Manso, ya ha explicado en varias ocasiones que la subdelegación no actúa de oficio cuando no está izada la bandera y que siempre que lo hace obedece a denuncias de ciudadanos. Se conoce que, entre otros, está el consejo comarcal de Segrià y Garrigues y los ayuntamientos de Tàrrega y Les Borges Blanques.

EL MUNDO 08/12/12