Gobierno y PP manejan informes a favor de recurrir la declaración soberanista

El Gobierno recibirá hoy mismo un informe de la Abogacía del Estado que será clave en la respuesta definitiva que dará el Ejecutivo a la declaración soberanista del Parlament de Cataluña. Todo está abierto pasados ocho días del órdago institucional de Artur Mas. Pero, en este tiempo, la posición ha cambiado de manera sensible y progresiva. En el Gobierno y en el PP ya nadie asegura con contundencia que no se recurrirá.

Algunos, incluso, se confiesan abiertamente proclives a impugnar. Una posición en la que alguna influencia ha ejercido la profusión de informes encargados a expertos y catedráticos -«decenas» en el caso de la dirección nacional del PP; «uno» al menos, y de relevancia, en el Grupo Popular-.

Oficialmente, los populares se mantienen en la tesis de la enorme «dificultad» técnica de ganar un recurso ante el Constitucional contra una resolución que no tiene efectos jurídicos. Y así se pronuncian, de hecho, algunos de los informes llegados a manos del PP.

Sin embargo, el argumento que se ha venido instalando a la luz de estos informes es que impugnar o no es una decisión más política que jurídica. Y es que, según aseguran los expertos, el muy invocado y fallido recurso del Gobierno de Aznar contra el plan Ibarretxe, cuando fue aprobado por el Parlamento Vasco, no es un precedente aplicable a este caso. Aquél era un proyecto de ley que iba a ser debatido en el Congreso y que, como dijo el Alto Tribunal, estaba «en trámite».

La declaración soberanista, por el contrario, es una resolución de «carácter sustantivo», que se encuentra al «final del procedimiento». En este sentido, y pese a convenir en que «no tiene efectos jurídicos», «sí es recurrible».

En esta misma línea, las fuentes consultadas aseguran que la Abogacía del Estado «abrirá muchas puertas» pero no condicionará al Ejecutivo, según informa María Peral.

Entretanto se conoce este informe, de todos modos clave, el presidente del Gobierno mantiene que la declaración aprobada por el Parlament «no sirve para nada». En su opinión, el texto no conlleva efectos jurídicos por lo que ve difícil encontrar base para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. Pese a ello, y dado que se trata de un asunto sin precedentes, optó por reclamar a la Abogacía del Estado un informe jurídico detallado en el que se diriman, sobre todo, las consecuencias que puede acarrear la inacción del Ejecutivo.

Dicho en otras palabras, el Gobierno teme que el simple hecho de dejar pasar el tiempo y no responder ahora a la resolución del Parlament pueda alentar a la Generalitat a dar nuevos pasos en el camino de la autoafirmación de soberanía que más adelante resulten difíciles de frenar.

Rajoy no quiere en este asunto topar con más dificultades. Así lo manifestó él mismo, en conversación informal con los periodistas, durante su reciente viaje a Chile y Perú.

El presidente del Gobierno recalca que los españoles pueden estar tranquilos porque este Ejecutivo en ningún caso pasará a la historia por permitir, aunque sólo sea por inacción, que el modelo de Estado aprobado por todos y recogido en la Constitución, se rompa. Rajoy sigue abierto al diálogo y espera que Artur Mas, tras ser recibido hoy mismo por el Rey, pida cita en La Moncloa. En el Gobierno creen que el encuentro podría producirse en la primera quincena del mes de febrero.

EL MUNDO 31/01/13