KEPA AULESTIA, EL CORREO 02/03/13
· El cumplimiento del deber no puede eludir los efectos nocivos de la actuación pública ni su sesgo.
La política pierde consistencia y atractivo cuando representa intereses partidarios en nombre de sublimes aspiraciones o imposta su vocación de servicio. El público se las sabe todas y es perfectamente capaz de identificar la farsa que encierra la política, incluso cuando no resulta agraviante, cuando se trata de un aderezo disculpable. Pero cuando la farsa se adueña de la política, y los protagonistas de ésta se convierten en actores de una obra enajenada, el público desconfía e incluso reclama que se le devuelva la entrada. La demagogia nunca estuvo tan cerca de la verdad.
El presidente Rajoy dice verse obligado a hacer cosas que no le gustan, que incluso le mortifican. Lo que le hace candidato al perdón. El cumplimiento del deber es un valor moral superior a cualquier otro porque permite negar que con las decisiones de gobierno en sanidad, educación o presupuestos se pretenda otra cosa que eso: salir de la crisis. El discurso de la obligación niega que haya un sesgo ideológico en las medidas adoptadas; que respondan a un modelo de sociedad. Pero el cumplimiento del deber se convierte en farsa cuando sirve para eludir los efectos nocivos de cuanto se hace o para consagrarlos como sacrificios ineludibles. Del mismo modo que la transparencia deviene en farsa cuando se emplea para pasar página mientras se trata de ocultar infructuosamente a Bárcenas. La desafección ciudadana respecto a la política, y la caída del PP en las encuestas, no es tanto consecuencia de promesas incumplidas como del desagrado porque los partidos hacen de las instituciones representativas un mundo a su semejanza, opaco y displicente.
El presidente Mas se congratulaba esta semana de que, votando a favor de un diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat que posibilite «la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para decidir su futuro», el PSC se haya pasado al terreno que quiere abonar el soberanismo dando, además, la espalda al PSOE. Es lo que tiene emprender un camino tan temerario: que o logras alcanzar la meta o, en su defecto, consigues descolocar a tus adversarios. Aunque la senda elegida por Mas está descolocando a la propia CiU, tal como vienen señalando las urnas y los sondeos de opinión. La decisión del Gobierno Rajoy de recurrir al Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista del Parlamento catalán era tan previsible como deseada entre los promotores de la consulta: nada resulta más embarazoso que el diálogo, y en esto ambos gobiernos se dan la mano.
Claro que La Moncloa ha decidido afrontar el diálogo previa resolución favorable del TC sobre el «sujeto político soberano». Una situación que, de producirse, devolvería de nuevo a CiU a la disyuntiva de echarse atrás o acelerar el paso para que el enredo constitucional no acabe descolocándole aún más. El relato épico de la conquista para los catalanes del poder que les fue arrebatado hace 300 años va indisolublemente unido a las escaramuzas partidistas que tratan de hacerse con un botín de electores a costa de las demás formaciones. Es lo que confiere características de farsa a una empresa que en pocos meses ha cambiado el panorama partidario en Cataluña como no lo habían hecho los treinta años anteriores. Es lo que explica el escéptico comportamiento de los electores y la abstención como seña de identidad, mientras los soberanistas se conjuran para tapar las vergüenzas de la corrupción.
También esta semana el lehendakari Urkullu hizo un llamamiento a la responsabilidad de la oposición, extrañado su gobierno de cómo el avance de unas cuentas tan aplicadas no merece mayor consideración por parte de los demás grupos. La previsión jeltzale de media legislatura en rojo para reverdecer durante la otra mitad se antoja demasiado optimista. La oposición se desentiende de asumir la carga de los ajustes del mismo modo que los partidos que gobiernan encuentran dificultades para atraer a nuevos adeptos. La renuncia de Mikel Agirre a dirigir EiTB es la expresión del vértigo, pero también de la falta de transparencia en que se mueve la política gubernamental cuando no da otra explicación que las «razones personales» del cesante antes de ser nombrado.
En los años buenos había viceconsejeros que decían ser técnicos y no políticos sólo por obviar el dedo que los nombraba y disimular su debida obediencia, y eran pléyade los aspirantes a asumir cargos públicos porque tenían garantizado el capítulo de los ingresos. En caso de duda siempre se podía recurrir al partido para cubrirse. Pero la cosa se ha puesto muy cruda desde que la política ha dejado de ofrecer buenas noticias y el EBB no sabe qué responder. Mientras muchos ciudadanos despiertan a la vocación solidaria del voluntariado muy pocos se inclinan por el activismo partidario. La política se vuelve farsa aun cuando sus protagonistas se lo tomen a pecho: basta con que el calvario narrado por la carencia de recursos resulte poco edificante, y la dedicación a las instituciones no pueda vindicarse como rasgo de generosidad y de servicio público.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 02/03/13