EL MUNDO 09/04/13
· Vuelve a corregir a la Audiencia pese a ser la segunda sentencia sobre el mismo caso.
La Sala Penal del Supremo ha absuelto por falta de pruebas a siete de los 15 acusados de pertenecer a la organización terrorista Segi (la rama juvenil de ETA, encargada de la kale borroka) a los que la Audiencia Nacional condenó, por segunda vez, a seis años de prisión a cada uno.
La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional ya fue severamente reprendida en 2011 por el Alto Tribunal con ocasión de la primera sentencia, emitida en octubre de 2010. La Sala Penal ordenó entonces a la Sección que volviera a redactar la resolución porque, pese a haber empleado tres meses en elaborarla, no había valorado las pruebas aceptadas a la defensa.
El examen en casación de la segunda sentencia, dictada en noviembre de 2011 y de la que también fue ponente Julio de Diego, se ha saldado con la revocación de siete condenas y el mantenimiento de ocho, además de un par de tirones de oreja tanto por la forma en que la Audiencia cumplió el mandato del Supremo sobre la motivación de las pruebas de descargo como por la interpretación que dio a la negativa de los acusados a declarar ante los jueces.
«La motivación de la prueba por el tribunal de instancia [la Audiencia Nacional] no es un modelo de cumplimentación de las garantías constitucionales ni del buen hacer judicial», afirma el Supremo en una sentencia de la que ha sido ponente Alberto Jorge. No obstante, salva la resolución en este aspecto al apreciar que la argumentación de la Audiencia alcanza «el mínimo exigible para poder afirmar que ha rebasado, aunque sea evidentemente sin holgura, el listón que marca el derecho a la tutela judicial efectiva».
El Supremo rechaza la afirmación de la Sección de que «el silencio del procesado puede y debe valorarse como indicio incriminatorio», y aclara que la negativa a declarar sólo puede operar como «mero indicio confirmatorio» de un comportamiento delictivo ya suficientemente probado por otros elementos. La sentencia de la Audiencia es tributaria de la previa decisión -tomada a instancias de la Fiscalía- de seguir el proceso por el delito de pertenencia a organización terrorista sin incluir las actividades de kale borroka atribuidas a los acusados, actividades enjuiciadas en causas independientes en otros juzgados.
Al prescindir de los concretos actos de kale borroka imputados a los acusados, sólo se puede considerar probada la pertenencia a Segi «cuando concurran datos probatorios ajenos a esos episodios fácticos de violencia callejera», señala el Supremo.
Ello ha conducido a la revocación de las condenas que pesaban sobre Ekaitz Ibero, Igor Álvarez, Urko Picaza, Unai Pérez, Asier Mariezcurrena, Pello María Lamarca y Beñat Apalategi, ya que «no consta acreditado su activismo en Segi». En el caso de los tres últimos, su militancia en Segi había sido afirmada por otros ex imputados, pero la Fiscalía no les llamó a declarar como testigos en el juicio. Por el contrario, el Supremo sí aprecia la existencia de pruebas para confirmar la condena de Imanol Alder Vicente Ugalde, Mikel Arretxe, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Nahikari Otaegi y Ekaitz Ezquerra. Varios de ellos fueron señalados como responsables de Segi por Ekaitzx Ibero, que, en cambio, ha sido absuelto.
Cada vez más homenajes etarras
La izquierda ‘abertzale’ homenajeó a 44 presos etarras a lo largo del año 2012 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra. Según denuncia Dignidad y Justicia, estas manifestaciones públicas tuvieron lugar al salir los reclusos de prisión tras quedar en libertad condicional o bajo fianza. En un artículo publicado en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y recogido por Europa Press, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, recopila estas concentraciones y manifestaciones en apoyo a los presos etarras y denuncia el «escarnio» que suponen para las víctimas del terrorismo. «A pesar de llevar casi dos años y medio desde que ETA decretó el fin definitivo de la violencia terrorista, continúan celebrándose en el País Vasco y Navarra actos en los que la impunidad no ha parado», denuncia.
EL MUNDO 09/04/13