ABC 14/05/13
Los días 2 y 8 de enero del año 2008, un ciudadano andaluz afincado en Madrid redactó dos modelos de cartas que unos días después envió por correo a once empresarios. En ellas, se hacía pasar por ETA y les reclamaba el pago inmediato de entre 15.000 y 50.000 euros.
Las misivas, de un solo folio, llevaban en en el encabezado y en el pie el anagrama de la banda terrorista. En el texto redactado por el supuesto etarra, de nombre Jorge G. V., se hacía saber a los receptores que ETA «le considera parte de los responsables de la actual situación de conflicto entre Euskal Herria y el Estado Español». Con un lenguaje similar al de las auténticas cartas de extorsión etarras, afirmaba que «ETA le considera objetivo de su accionar armado – con todo lo que esto conlleva– y le exige un pago de entre 15.000 y 50.000 euros».
A continuación, el modo de proceder al pago, el plazo y una nueva advertencia. Cada receptor debía responder vía SMS a un número de teléfono en menos de 24 horas. En caso contrario, o en la hipótesis de que decidiera acudir a la Policía, se convertiría en «acreedor de las medidas que ETA decida aplicar» contra él, sus bienes y sus familiares. Además, sería declarado «enemigo de la lucha por la libertad en Euskal Herría». Por si no fuera suficiente, la misiva incidía en el riesgo al que se sometería un receptor desobediente: «Puede que se sienta seguro, pero créame que no lo está».
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid considera al acusado, un empresario sevillano de 38 años, culpable de diez delitos de amenazas condicionales más otro delito en grado de tentativa, puesto que una de las cartas enviadas nunca llegó a su destinatario. Las que sí llegaron, asegura el juez, «generaron gran temor en los destinatarios». Por todo ello, el acusado ha sido condenado a 25 años y 5 meses de prisión, de los que cumplirá un máximo de siete años y medio.