EL MUNDO 18/05/13
La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para 20 ‘indignados’ por asediar a diputados
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá cinco años y medio de cárcel, una severa condena equivalente a la de un delito terrorista, para 20 indignados vinculados al 15-M que el 15 de junio de 2011 participaron en las algaradas con las que se intentó impedir que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios diputados accedieran al Parlamento catalán para votar los Presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.
La posición de la acusación pública es todavía más dura que la que manifestó el juez instructor, Eloy Velasco, en el auto de apertura de juicio oral. Allí, consideraba que las conductas acreditadas –«escupir, insultar, sustraer documentos, arrojar líquidos, sujetar, interponerse o frenar trayectorias, impedir el paso, la circulación, golpear vehículos, pintar una cruz en una gabardina, empujar, agarrar de un brazo, increpar, perseguir, acosar, bloquear, acometer»– tendrían un reproche penal mínimo, pero se convierten en delito grave cuando «se hacen prevaliéndose de la intimidación ambiental».
En este caso, sería el del 498 del Código Penal, que castiga con penas de entre tres y cinco años de cárcel a «los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro de […] una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones». Pues bien: el Ministerio Fiscal aún le añade otro delito, el de atentado a la autoridad, que obliga a elevar la pena por encima de los cinco años, con un máximo de seis, por tener los afectados los cargos de presidente o diputado autonómico.
En el escrito de conclusiones de la fiscal Teresa Sandoval se relata cómo «varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal».
Asimismo, recuerda que «si bien finalmente consiguieron acceder», fue así gracias a que los Mossos establecieron «cordones policiales con fuertes medidas de seguridad» y dispusieron el traslado de los diputados en coches de la Policía o, nada menos que en 30 casos incluyendo el de Mas, en helicóptero, «medio absolutamente inhabitual». El Pleno se celebró, aunque algunos puntos del orden del día, como la sesión de control, tuvieron que retrasarse un día.
El informe concluye con la descripción del acoso que vivieron el jefe del Ejecutivo, la presidenta del Parlamento y 11 diputados, a los que propone como testigos, pormenorizando conductas de intimidación física –como pintarle una cruz con espray en la espalda a Montserrat Tura– que no se han repetido en otras protestas ni en los escraches en domicilios.