EL CORREO 11/06/13
Gestionar el final de ETA y sentar las bases de una política con memoria es una tarea compleja que el lehendakari decidió asumir en persona al inicio de su mandato. Hoy, volverá a hacer gala de este compromiso, al presentar públicamente uno de los proyectos más ambiciosos de la secretaría de Paz y Convivencia. Iñigo Urkullu será el encargado de desgranar las directrices del borrador del nuevo plan de paz, que buscará tejer complicidades entre los cuatro principales partidos vascos en torno a la idea de hacer de Euskadi «una plaza en la que entremos todos».
La dificultad, o el reto, estriba en lograr que el proyecto sume tanto el apoyo del PP como de EH Bildu. Ambas formaciones, que han protagonizado los debates más encendidos del Parlamento vasco, han sido incapaces de sentarse juntas en la Ponencia de Paz por el rechazo de los populares a compartir mesa con la izquierda abertzale. La voluntad del Gobierno, en cualquier caso, es dotar al plan del mayor consenso posible. Un objetivo que, aunque complicado, no es imposible, pero que dependerá –más bien será la clave– de la necesidad de hacer una lectura crítica del pasado, compartida y sin complejos, que permita poder mirar al futuro.
Junto a la presentación oficial del plan a cargo de Iñigo Urkullu, que tendrá lugar en la sede de Lehendakaritza, el Gobierno tiene previsto exponer su contenido en diferentes foros y ante distintos actores. Así, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, entregará hoy el documento a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria. Está previsto que Fernández comparezca en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara para dar cuenta del mismo. La ronda continuará mañana, cuando el exdirector de Baketik explicará el borrador a varias organizaciones y entidades sociales que trabajan en el ámbito de la paz y los derechos humanos. Los colectivos, así como las diferentes formaciones políticas, tendrán tres meses de plazo para realizar aportaciones al texto, antes de su aprobación definitiva.
Donde menos problemas encontrará el Ejecutivo de Vitoria será en las filas del PSE, pese a que los jeltzales fueron especialmente duros con el plan abanderado hace apenas tres años por el Ejecutivo de Patxi López. En lo que va de legislatura, PNV y PSE han ido de la mano en las principales iniciativas que desde el Parlamento se han impulsado en materia de pacificación y convivencia. Es el caso, por ejemplo, de la puesta en marcha de la ponencia de paz o del reciente preacuerdo suscrito por ambos para reactivar el proyecto del Instituto de la Memoria, cuya creación se enmarca dentro del propio plan.
El partido más crítico en los dos casos ha sido el PP, que ayer tampoco dudó en mostrar sus recelos hacia el borrador que dará a conocer hoy Urkullu. Su presidenta, Arantza Quiroga, reclamó al lehendakari –con el que se reunió en la sede de Presidencia– que, en materia de paz y convivencia, no se ponga «el foco» en los presos de ETA y en las «urgencias de su entorno». «No puede haber renuncias para que otros den pasos», advirtió, en alusión a la izquierda abertzale. Tras su reciente designación como líder de los populares de Euskadi en sustitución de Antonio Basagoiti, Quiroga abrirá una ronda de contactos con todos los partidos, salvo con la coalición EH Bildu, lo que hace presagiar que un acercamiento, aunque solo sea de posturas, entre ambas fuerzas requerirá de fuertes dosis de voluntad política.
Ejes temporales
En el Gobierno vasco son realistas. No esperan lograr de primeras un gran consenso sobre el conjunto del plan, que incluirá una veintena de iniciativas. Sí confían, ahora bien, en alcanzar pequeños acuerdos, aunque sólidos, que permitan avanzar de la mano a la hora de abordar las políticas públicas de memoria. Si algo tienen claro es que, tras décadas de terrorismo, la construcción de la convivencia debe ser una carrera de fondo, en la que todos compartan unos principios éticos básicos.
La principal novedad de este plan con respecto al que el Gobierno del PSE aprobó en la pasada legislatura es, precisamente, que la realidad ha cambiado. Tras el cese de ETA, el proyecto abanderado por el equipo de Jonan Fernández –al que en breve se sumará la exparlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro– buscará crear «un marco compartido en el que quepan las inquietudes democráticas de todos». A la espera de que se haga público su esqueleto concreto, el plan se dividirá en tres ejes temporales: El pasado, que hace alusión a la necesidad de hacer una lectura crítica de lo ocurrido en este país; el presente, más centrado en la convivencia y en los pasos que deberían darse en la actualidad –como la apuesta por modificar la política penitenciaria– y, para terminar, el futuro. Este último recogerá iniciativas orientadas, sobre todo, al ámbito educativo. Destacan, entre otros programas, el de ‘víctimas educadoras’. Esta iniciativa consiste en llevar de modo presencial el testimonio de los damnificados por el terrorismo a las aulas. No se descarta, ahora bien, que se amplíe a otro tipo de experiencias, como podría ser la de expresos de ETA que rechazaron el uso de la violencia.
El reto del proyecto, que recogerá las políticas de memoria, será alumbrar una lectura crítica del pasado compartida.
El plan recogerá, asimismo, la puesta en marcha del Instituto de la Memoria y el centro por los damnificados por el terrorismo –este último en colaboración con el Gobierno central–, como también la aprobación del segundo decreto sobre víctimas de abusos policiales, que comprende la etapa democrática. Esta normativa, llevará, previsiblemente, al Gobierno encargar un estudio independiente sobre la tortura, ya que se trata de una vulneración de derechos humanos que hasta ahora no se ha abordado desde las instituciones vascas.