El documento presentado por el PNV omite la legalidad actual y sitúa como última ratio el derecho a decidir de los vascos, como si estos vivieran en el vacío jurídico, fuera del tiempo y de la historia, como si tuvieran que inventarse un país partiendo de cero.
Dos son los procesos políticos destacables que están teniendo lugar en el País Vasco. El primero, del que desconocemos casi todo, son las conversaciones, contactos, guiños o lo que sea que se producen entre el Gobierno socialista y ETA-Batasuna. El otro es un proceso de cohesión nacionalista que se da en el seno del Foro de Debate Nacional. De ambos escenarios está ausente el PNV. El documento presentado el sábado bajo el título ‘EAJ-PNVren ekimena’ (la iniciativa del PNV), aparte de copiar el título de una publicación etarra (‘ETAren ekimena’) del año 2000, parece un intento del partido de Imaz de no quedarse descolgado en la etapa que se avecina.
El texto arranca con la relación de factores propiciadores de la paz. Hay en la lista elementos acertados, otros opinables e, incluso, algunos peregrinos, como la influencia que se atribuye al discurso del Kursaal. No aparece, sin embargo, mención al Pacto de Lizarra que en su momento se nos vendió como el camino obligado hacia la paz. Pasado el tiempo se reconoce, por omisión, que no era tal. Tampoco se menciona la persecución legal del terrorismo que ha contribuido a acorralar a ETA. Al contrario, se hace una crítica global de la etapa de Aznar, obviando que si la izquierda abertzale ha evolucionado algo ha sido a causa de medidas como la ilegalización de Batasuna.
El documento incluye también una deslegitimación del terrorismo, sin caer en la tentación de ofrecerle una justificación histórica. Plantea incluso propuestas para evitar que la persistencia de ETA condicione el espacio político. Esto, hay que reconocerlo, supone un cambio con respecto a la postura tradicional del nacionalismo.
En la parte referida a normalización se aprecia con más claridad la superposición, que no la síntesis, de las dos posturas existentes dentro del PNV. Se adivina la mano del presidente de este partido al incorporar conceptos como ciudadanía, pluralismo o pacto, tan caros a Josu Jon Imaz, pero también se aprecia la huella del esencialismo soberanista. El documento reclama la tradición de pacto del PNV en 1936 y 1978, fechas en las que se actuó desde el posibilismo, respetando los marcos constitucionales vigentes. Pero ahora se omite la legalidad actual -la misma que en 1978, por cierto- y se sitúa como última ratio el derecho a decidir de los vascos, como si estos vivieran en el vacío jurídico, fuera del tiempo y de la historia, como si tuvieran que inventarse un país partiendo de cero.
Destaca el documento el afán loable de conseguir un consenso superior al del Estatuto de Gernika, pero a la vez pone encima de la mesa el plan Ibarretxe cuya incapacidad para conseguir el acuerdo plural está acreditada. Es el problema de tener dos almas tan contradictorias en un solo cuerpo.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 24/10/2005