EL CORREO 16/06/13
Los partidos pronostican «serias» dificultades para que el proyecto del Gobierno de Urkullu sume «importantes consensos» en el Parlamento
«Muy complicado», «difícil», «casi imposible», «no con grandes consensos» o «siempre hay que mantener la esperanza». Son las respuestas a una simple pregunta: ¿Confía en que el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno de Iñigo Urkullu desemboque en un pacto entre partidos? Es el poso que queda entre los grupos políticos del Parlamento vasco apenas unos días después de que el lehendakari y el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, presentaran el martes un texto de setenta páginas que pretende servir para «propiciar un encuentro social» tras medio siglo de violencia, según las propias palabras de sus autores. Para superar las heridas abiertas una vez que ETA ha decretado el «cese definitivo» de su actividad terrorista y asentar la convivencia futura.
El borrador está abierto ahora a las «aportaciones» de las formaciones con representación en la Cámara de Vitoria. Tienen de plazo hasta el 20 de septiembre. Una vez recogidas, el Gobierno vasco hará suyas las propuestas que considere que «enriquecen» el documento actual. Sin debate. Sin consenso. A partir de ahí, el Ejecutivo del PNV lo pondrá en práctica, probablemente en octubre.
El plan de paz ha sido ya trasladado a los partidos y agentes sociales, aunque entrará de forma oficial en el Parlamento el próximo martes 18. Ese día Jonan Fernández lo desbrozará en la comisión de Derechos Humanos del Legislativo. La sesión se prevé intensa. Sólo el PNV lo respalda al cien por cien. El resto de grupos le pone pegas. Los que más, el PP y UPyD, que entienden que este proyecto sólo persigue «diluir» la responsabilidad de ETA y la izquierda abertzale en la persistencia hasta 2011 del terrorismo.
EH Bildu reconoce que hay apartados en los que coincide «al 90%» con el texto del Gobierno, aunque echa en falta alusiones a las «causas de la violencia» o a la necesidad de un «repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado». El PSE quiere escuchar al secretario de Paz y Convivencia antes de entrar al detalle, aunque advierte de que «no cederá» para que se mantenga la «verdad» de lo sucedido en Euskadi: «Una banda terrorista intentó imponer su proyecto totalitario».
Maribel Vaquero PNV
«No podemos cerrar los ojos a las torturas o los presos»
Presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la representante jeltzale asegura que el plan de paz es «muy completo» y está «adaptado a la realidad y a este momento concreto». Defiende la necesidad de que los partidos «aborden» este debate para «no cerrar en falso» décadas de violencia y puedan cicatrizar «todas las heridas». «No podemos pasar página así porque sí», insiste.
Maribel Vaquero confía en que el documento inicial sirva «de base» para el diálogo, se pueda «mejorar» con las aportaciones de los grupos y que finalmente concite un respaldo importante. La parlamentaria nacionalista está segura de que las formaciones sabrán ponerse de acuerdo sobre el presente y el futuro de la convivencia en Euskadi y que el punto que mayores fricciones provocará será el referido a «la lectura del pasado, la valoración de lo que aquí ha ocurrido». Espera, no obstante, que los grupos sepan llegar, al menos, a un acuerdo de mínimos. «Que al final predomine la lectura de que por encima de todas las cosas debe estar la dignidad humana. Nada está por encima, ni objetivos políticos ni la razón de Estado», subraya.
La representante jeltzale niega que el plan de paz esté escorado hacia la izquierda abertzale –una creencia generalizada en el arco parlamentario– y pide al resto de fuerzas que lean el texto «de forma objetiva», «sin ideas preconcebidas». Se queda con la primera reacción de los partidos, que no han dado un portazo al plan y han reconocido estar dispuestos a hacer sus sugerencias. «Da ciertas esperanzas de que se pueda conseguir algo», subraya.
Vaquero defiende, en este sentido, dos de las acciones propuestas por Jonan Fernández –de un total de 18– y que más polémica han suscitado. El Gobierno vasco propugna abrir una investigación sobre las torturas e impulsar un programa para la reinserción de los presos de ETA, aunque el Ejecutivo carezca de competencias sobre política penitenciaria. «No podemos cerrar los ojos ante las torturas», advierte la parlamentaria, que recuerda el tirón de orejas que recientemente han pegado los relatores de la ONU al Estado español. Un argumento, el de «no cerrar los ojos», que extiende a la situación de los reclusos. «También es una realidad. Los presos saldrán algún día a la calle. El Gobierno lo único que hace es poner ese tema sobre la mesa para trabajar en el presente», subraya.
Julen Arzuaga EH Bildu
«Urkullu hace de cortafuegos ante la inacción de Madrid»
El ‘número dos’ de EH Bildu en el Parlamento reconoce que el plan de paz le suscita «un 90% de adhesión en algunos puntos y apenas un 10% en otros» por lo que cree que el borrador es «sensiblemente mejorable». Lamenta que, en su opinión, el documento parta de «una realidad desenfocada», la declaración de ETA de cese definitivo de octubre de 2011, sin tener en cuenta, asegura, las «causas» que motivaron la violencia ni especificar que en Euskadi «no están desactivadas todas las violencias», en referencia a la actuación de la Policía Nacional, Guardia Civil e, incluso, la Audiencia Nacional. «La paz –subraya– es la desactivación de todas las violencias y la convivencia debe ser la capacidad de que todas las opciones puedan ser factibles en el plano político».
La lectura que realiza Julen Arzuaga del documento del Gobierno da pistas sobre las «aportaciones» que su grupo realizará en las próximas semanas. Ve positivo el «reconocimiento» sobre «las múltiples violencias», pero lamenta que «se hable de víctimas del terrorismo y de víctimas sin amparo de la actual legislación», lo que en su opinión significa una «desconsideración» hacia estas últimas. Echa en falta que no se cuestione la persistencia de «los tribunales de excepción», término de la izquierda abertzale para aludir a la Audiencia Nacional, y que tampoco se aluda al «repliegue de las fuerzas de seguridad». Considera que, como se hace con la Ertzaintza, a la que se invita a asumir un nuevo compromiso con los derechos humanos, también se debería «haber invitado» a la Policía y Guardia Civil a tomar parte en el plan.
Ciertas dudas generan en EH Bildu las referencias que el borrador incluye sobre la investigación de las torturas y la reinserción de los presos, materias en las que, subraya el dirigente independentista, el Gobierno vasco «no tiene competencias». «Urkullu –asegura Arzuaga– se pone de cortafuegos cuando es el Ejecutivo de Madrid el que debe habilitar las formas para que se cumpla la ley». Demanda, en este sentido, que el gabinete del PNV abra «contactos» con los reclusos de ETA para «contrastar» el plan de paz con los presos.
Y sobre la posibilidad de acuerdos no le duelen prendas en reconocer que el consenso es muy complicado y que algunas cuestiones habrá que sacarlas adelante «por otros cauces» que no sean el respaldo de los cuatro grandes partidos. Arzuaga cita, en este sentido, al acuerdo que el PNV y EH Bildu suscribieron el pasado jueves en el Parlamento para que las Fuerzas de Seguridad del Estado reduzcan a la mínima expresión su presencia en Euskadi. «La realidad en la Cámara es la que es, y las mayorías son las que son», dice, en un guiño a Urkullu para que pacte los aspectos más importantes del plan de paz con la coalición independentista.
Rodolfo Ares PSE
«Hay que buscar consensos y no hacer debate político»
El PSE es el partido más cauteloso al abordar el Plan de Paz y Convivencia. Quiere esperar a que su principal valedor, Jonan Fernández, acuda el martes a la comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Portavoces socialistas se muestran críticos con el documento y creen que hace «demasiados» guiños a la izquierda abertzale, a la que busca una «pista de aterrizaje». Y que la sociedad va «muy por delante» de lo que se expresa en el texto y tiene clara la lectura que debe hacerse sobre el terrorismo de ETA.
El discurso oficial, sin embargo, es más comedido. Rodolfo Ares, secretario de Organización del partido, aboga por «buscar consensos y no hacer debates políticos» de una materia tan sensible. Deja claro que sus aportaciones al documento oficial irán encaminadas a apuntalar «dos puntos fundamentales»: que ETA «debe disolverse» y que hay que mantener «la memoria» de las víctimas.
Avanza que su partido presentará una «batería de propuestas» para subrayar la necesidad de que la banda entregue sus arsenales y ponga a sus miembros en manos de la Justicia; y también para que «la verdad» persista en el relato de lo sucedido durante las últimas décadas en Euskadi. Que esa narración deje claro que en el País Vasco «una banda terrorista intentó imponer su proyecto totalitario». «Aquello de socializar el sufrimiento», recuerda Ares.
El dirigente socialista advierte que su grupo no va a admitir que «se rebaje el suelo ético» pactado en el Parlamento o que se reduzca la exigencia de que «todo el mundo debe asumir su pasado», en referencia a los problemas de la izquierda abertzale para reconocer que estuvo mal su respaldo a los atentados, las amenazas y la extorsión de ETA. «Es verdad que estamos en un nuevo tiempo, pero el plan debe ayudar a que no haya amnesia ni olvido. No puede haber equiparaciones sino hablar de la realidad, de lo que aquí ha sucedido. En la línea de lo que hemos hecho los socialistas en el Gobierno vasco», explica antes de destacar que el documento presentado por Urkullu incluye el Instituto de la Memoria, el Memorial de las Víctimas y el programa educativo para que las víctimas tengan presencia en las aulas, tres iniciativas que abanderó el Ejecutivo de Patxi López.
Iñaki Oyarzábal Partido Popular
«Da gusto a Batasuna y cuestiona a policías y jueces»
«El documento se merece una enmienda a la totalidad». Iñaki Oyarzábal carga con dureza contra el texto elaborado por Jonan Fernández. Considera que es un documento «poco valiente», que arranca con el cese definitivo de ETA de octubre de 2011 «pero no cuenta por qué se ha llegado hasta ahí». El ‘número dos’ del PP en Euskadi echa en falta que se detaque el peso de la «reacción social, del Estado de Derecho y de la actuación policial y de los jueces» para acabar con el terrorismo. «Entra en el juego de la izquierda abertzale», resume Oyarzábal, convencido de que el plan busca «dar gusto a los planteamientos de Batasuna» mientras «pone en cuestión a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Justicia e, incluso, a la Ertzaintza». «Es increíble –subraya– que el PNV se preste a reeducar a la Ertzaintza».
En su opinión, «no plantea un relato veraz» de lo que ha significado el terrorismo porque «el relato veraz no sería aceptado por los etarras». Y reprocha a los autores del texto que no se hable de «terrorismo etarra» y que se camufle ese término bajo la fórmula «expresiones de violencia social». «Como si hubiera dos bandos. No habla del terrorismo sino de vulneraciones de derechos humanos», añade el dirigente popular, que cree que el plan «empieza a repartir culpas y trata de mezclarlo todo». «Es un batiburrillo con el que elaborar un batido y diluir así la responsabilidad de ETA y su entorno. Un reparto de culpas, una memoria a la carta», sintetiza.
Oyarzábal critica las que, en su opinión, son las «únicas novedades»: la voluntad del Gobierno vasco de investigar las torturas y de «rediseñar» la política penitenciaria y la intención de ubicar el Instituto de la Memoria en Gernika. «Pretenden una vuelta al ‘guerracivilismo’», advierte, antes de expresar su temor de que «se justifique a ETA por la Guerra Civil, cuando la mayoría de los crímenes se han llevado a cabo en la etapa democrática».
Gorka Maneiro UPyD
«Mezcla franquismo y ETA para diluir responsabilidades»
El líder de Unión, Progreso y Democracia explica de antemano que su partido tiene previsto «hacer aportaciones» al plan de paz, aunque censura al Ejecutivo porque la copia del documento no les llegó de forma oficial hasta el jueves por la tarde, dos días después de su presentación. «Será que les interesa nuestro punto de vista», ironiza Gorka Maneiro.
Su primera lectura coincide bastante con la del PP. El plan «mezcla franquismo, Guerra Civil y ETA para diluir la responsabilidad de la izquierda abertzale y los terroristas», sostiene Maneiro, quien lamenta que, frente a las alusiones a las torturas y los presos de la banda, no se diga «nada» sobre los más de 300 «crímenes sin esclarecer». «Parece que el Gobierno vasco tiene tiempo para investigar las torturas, pero no para los casos sin resolver», reprende.
Maneiro, que percibe que el texto está redactado con un «neolenguaje» poco claro, también se duele de que el Ejecutivo de Urkullu haya decidido «poner en cuestión» el compromiso de la Policía autónoma con los derechos humanos. «No es la Ertzaintza la que necesita cursos, sino los cargos públicos de Amaiur, Bildu y EH Bildu y los dirigentes de Sortu», señala. El líder de UPyD augura pocas opciones de consenso al plan de paz. «Es muy complicado llegar a acuerdos con este Gobierno y con Jonan Fernández», concluye Maneiro, que insiste en que trabajarán por «cambiar» el documento para que se ajuste a «la realidad» de Euskadi.