ABC 25/06/13
«Involución democrática» Las tres comunidades coinciden en hablar de «involución democrática» y «recentralización»
El rechazo de Artur Mas a toda iniciativa sugerida por el Gobierno de la Nación es tan visceral que incluso se niega a aplicar medidas previstas en su propio plan de gobierno. «Que recorten ellos», afirma el Ejecutivo autonómico. El mismo que hace dos semanas anunció un Plan de Gobierno 2013-2016 en el que se incluye «racionalizar el sector público instrumental de la Generalitat» con la finalidad de «garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Otra cosa es que se trate de un objetivo que Mas lleva prometiendo desde 2010 y que incluso figura en los acuerdos presupuestarios firmados con el PP en el anterior mandato. La comunidad catalana tiene actualmente más de 200 entes públicos, entre consorcios, empresas y fundaciones, que cuestan al año unos 2.400 millones de euros. Asimismo, es la comunidad autónoma con más contratos a dedo de España: un total de 201 puestos eventuales que supone un gasto de 13,31 millones de euros.
Pese a ello, los nacionalistas han respondido a la reforma de la administración anunciada por el Gobierno, en la que se dan recomendaciones a las autonomías, con el anuncio de la presentación en el Congreso de un centenar de organismos estatales que, a su juicio, pueden suprimirse, por ejemplo los Ministerios de Sanidad y Cultura.
CiU habla de «recentralización» competencial, un mensaje utilizado en varias ocasiones por CiU y que ahora se intensifica con motivo del proyecto soberanista que impulsa Artur Mas.
Igual rechazo merece el plan nacional por parte de la Junta de Andalucía, que cuestiona el hecho de que esos citados ministerios mantengan su actual estructura, a pesar de que las competencias están transferidas. Al igual que Cataluña, Andalucía –donde gobierna el PSOE– equipara el proyecto de Mariano Rajoy con una «involución democrática». El consejero catalán de Empresa, Felip Puig, fue más allá y habló de «las 15 autonomías ficticias que no necesitaban un parlamento propio», frente a una Cataluña, según dijo, con vocación de autogobierno.
«Imposiciones»
Por su parte, el consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, insistió este fin de semana en que «no aceptará imposiciones ni injerencias» en su capacidad de organización. Martínez, miembro de un ejecutivo gobernado también por los socialistas, teme que el Gobierno trate de «imponer una nueva vuelta de tuerca a las comunidades autónomas en el marco de la política recentralizadora de Mariano Rajoy».
ABC 25/06/13