EL CORREO 02/07/13
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Los presos debaten, las conclusiones se adoptan fuera y ellos acatan.
En noviembre de 2011, casi todos los presos vinculados con ETA presentaron escritos en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ante los directores de las cárceles solicitando en unos casos la puesta en libertad y en todos el traslado al País Vasco. Era la tercera vez que presentaban una petición masiva y como las anteriores fue rechazada por carecer de respaldo legal.
La petición obedeció a instrucciones recibidas de la dirección de ETA a través del ‘aparato de makos’. Un año más tarde se volvió a impartir una nueva consigna: a finales de enero de 2013 todos los presos tenían que volver presentar solicitudes similares. A última hora, sin embargo, llegó a las cárceles una contraorden que paralizó la presentación de los escritos sin que se diera a los reclusos una explicación clara. Sólo unos pocos presos a los que el aviso no llegó a tiempo presentaron los papeles de traslado. Los demás siguen esperando a recibir nuevas instrucciones para poder pedir otra vez el acercamiento.
Lo significativo de estas iniciativas es que obedecen a órdenes de las estructuras de control de los presos de ETA, no a comportamientos individuales de los reclusos que es lo que se estudia para conceder los beneficios penitenciarios. Son comportamientos colectivos que ni siquiera son decididos por los reclusos, sino en el exterior de la cárcel, y que son impulsados o paralizados por cuestiones de oportunidad política.
Con esa actitud de fondo, la propuesta contenida en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno de Iñigo Urkullu de poner en marcha un «programa vasco de reinserción social» de presos es una muestra concreta del voluntarismo que impregna buena parte del plan. Y lo es por doble motivo. En primer lugar porque el Ejecutivo de Vitoria no tiene competencias legales en materia penitenciaria. Todo lo que haga sobre la cuestión es un brindis al sol, como lo fue el plan de acercamiento de presos de ETA elaborado en 1996 por el Parlamento vasco. Todo el trabajo realizado entonces para preparar el traslado de etarras presos a cárceles vascas fue una gran pérdida de tiempo.
En segundo lugar, no hay mayor muestra de voluntarismo que aquel que intenta reinsertar al que no quiere ser reinsertado. La mayoría de los presos de ETA han dado muestras sobradas de su rechazo a acogerse a medidas de reinserción, por lo que les toca hacer frente a las consecuencias de esa actitud. Ahora mismo los presos están en medio de un supuesto debate sobre cuál debe ser su postura ante los requerimientos penitenciarios y los formulados por el Foro Social. Sobre esos asuntos han debatido varias veces en los últimos años. Los presos debaten, las conclusiones se adoptan fuera y ellos acatan.