El fiscal pide confirmar la condena de seis años para cinco jóvenes navarros de Segi

EL CORREO 04/07/13

El fiscal del Tribunal Supremo solicitó ayer la confirmación de las condenas a seis años de cárcel por pertenencia a ETA que impuso la Audiencia Nacional a cinco miembros de la organización juvenil Segi detenidos en la localidad navarra de Barañain. Maider Caminos, Luis Goñi Lara, Xabier Sagardoy Lana, Aritz Azcona Domínguez y Mikel Jiménez Martín, según la sentencia revisada ayer, realizaron actos de violencia callejera en todo el territorio foral entre 2007 y 2008.
La acusación pública considera que existen pruebas «abrumadoras» de la responsabilidad penal de los encausados en las acciones de ‘kale borroka’ que llevaron a cabo «siempre coordinados entre sí». En su opinión, el fallo de la Audiencia aplicó debídamente la ley tras valorar pruebas como las declaraciones inculpatorias realizadas por los condenados en sede policial tras ser detenidos en 2008.
En ellas admitieron conocer a varios de sus compañeros y la existencia de ‘zulos’ donde guardaban el material. Además, en el registro de sus domicilios se hallaron distintos manuales de la organización ilegalizada Segi, material que podría destinarse a actos de terrorismo, así como pancartas, pegatinas y folletos de tipo propagandístico relacionados con ETA, Ekin y otras organizaciones como Askatasuna.

Respaldo en Pamplona
Los miembros de Segi obtuvieron ayer el apoyo de representantes de partidos políticos como Txelui Moreno, de la izquierda abertzale; Maiorga Ramírez, de Bildu; o Patxi Zabaleta, de Aralar; quienes, junto a sindicalistas como Igor Arroyo, de LAB, y representantes del mundo de la cultura, se concentraron en Pamplona para reclamar sus absolución. En el acto estuvieron presentes tres de los condenados, arropados por un centenar de personas.
Durante la concentración un portavoz dijo que los jóvenes fueron juzgados «por su activismo político» y subrayó que este caso es «contrario al actual proceso abierto en Euskal Herria». Advirtió además de que no pretenden «dejar que el Estado español les detenga».