‘El Romano’ ya no está reclamado

EL MUNDO 02/09/13

La orden de búsqueda del confidente de ETA testigo en el chivatazo caducó en mayo

Casualmente, poco antes de que fuera citado a declarar como testigo clave del chivatazo del bar Faisán en la vista oral del 16 al 18 de septiembre, el confidente que el jefe superior de Policía acusado de dar el soplo tenía en ETA vio cómo su situación judicial quedaba despejada: todo prescrito desde mayo de 2013. El confidente, El Romano, es la última bala en la recámara del principal procesado por informar a Joseba Elosúa, uno de los responsables de la red de extorsión de ETA, de la operación policial contra los recaudadores de la banda terrorista.
El que fuera jefe de la Policía en el País Vasco en el momento del chivatazo, Enrique Pamies, ha sostenido en la instrucción que él estaba haciendo gestiones para verse con su confidente aquel día y que, por ese motivo, había llamadas a su teléfono móvil desde la zona de Irún, donde se encuentra el bar Faisán, ya que había enviado a ese lugar a preparar el encuentro al otro procesado en la causa, el inspector Ballesteros.
La declaración del confidente confirmando este hecho es una de las dos bazas fundamentales de Enrique Pamies. Lo fía todo a su testimonio. La comparecencia del conocido para la Policía como El Romano, informador de ETA que colaboraba con las Fuerzas de Seguridad del Estado, será uno de los platos fuertes del juicio sobre el chivatazo policial a la banda terrorista en el bar Faisán.
Este etarra, cuya identidad y apodo real obra en poder de este periódico, se ha convertido en el último salvavidas para el comisario que se sentará en el banquillo de los acusados en dos semanas.
Enrique Pamies, jefe superior de Policía en el País Vasco durante el mandato del actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Ministerio del Interior, siempre aseguró que él estaba haciendo gestiones telefónicas con la zona de influencia del bar Faisán de Irún para preparar una cita con su informador en ETA. Y para ello, aseguró, contó con la colaboración de otro de los imputados, el inspector José María Ballesteros, que iba a darle cobertura de seguridad para ese encuentro.
Ballesteros fue filmado entrando y saliendo del bar Faisán cuando se presume que su propietario, Joseba Elosúa, recibió el chivatazo de que iba a producirse una actuación policial contra todo el entramado de extorsión de ETA. El denominado El Romano, que prestará declaración como testigo protegido, tenía pendiente de cumplimiento una condena de cinco años por colaboración con banda armada, según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas a la Audiencia Nacional.
En el año 2002, la Audiencia Nacional redactó una requisitoria internacional de busca y captura por haber sido condenado en España. A finales de ese año 2002, se había dictado sentencia firme ya contra este colaborador de ETA, según la documentación que obra en poder de este periódico. Y esa requisitoria venció a principios de mayo, según consta en el auto judicial. Fue el Ministerio Fiscal el que informó de que procedía «acordar la prescripción». Este colaborador de ETA estaba condenado a cinco años de prisión y multa de 18 meses a razón de seis euros por día, con suspensión de empleo o cargo público por dicho tiempo y pago proporcional de las costas procesales. En el auto se declara prescrita tanto la pena de cinco años como la multa. Asimismo, se ordena dejar sin efecto «las órdenes de busca, captura e ingreso en prisión dictadas» contra este etarra.
Durante la instrucción del caso, la defensa de Enrique Pamies nunca propuso la declaración del llamado El Romano como testigo ya que sobre él aún estaba vigente la orden de busca y captura. Desde el mes de mayo, este integrante de la organización terrorista ha quedado en situación de absoluta impunidad. Nada tiene pendiente y por eso puede ir a declarar como testigo a la Audiencia Nacional sin que pueda ser detenido. Todo perfectamente medido. Después de ser debidamente asesorado, el informador de ETA y principal testigo del acusado de perpetrar el chivatazo acudió al consulado de España en Roma. Esta visita, según las mismas fuentes, se produjo el pasado mes de junio, pocas semanas después de que, una vez que su orden no fuera renovada, su búsqueda hubiera quedado prescrita.
Y en el consulado, el funcionario policial de turno le confirmó, después de las gestiones oportunas, que sobre él no pesaba ya ninguna orden de detención por lo que podía acudir a España cuando quisiera y le regularizaron el pasaporte y otros documentos de identidad.
No deja de ser llamativo que durante toda la fase de instrucción del sumario, la defensa del acusado no hubiera solicitado en ningún momento la comparecencia de este testigo. Hubiera podido ser importante su testimonio para defender la cuando menos pintoresca tesis de que estaba haciendo gestiones en la zona del bar Faisán para reunirse con su informador. ¿Por qué no se ha llamado a este confidente durante los años y años que llevamos de instrucción?, se preguntan no sin razón algunas de las acusaciones.
Lo cierto es que hasta que no se ha producido la prescripción de los delitos por los que estaba condenado no se le ha llamado a prestar declaración. Pese a la maniobra y lo llamativo de citar a declarar a un confidente de ETA, las acusaciones tienen serias dudas de que pueda aportar algo. Deducen que el testimonio de El Romano avalará la tesis de que estaba preparando un encuentro con el jefe superior. Pero el resto de indicios no avalan este hecho.
Los movimientos telefónicos de Pamies, hombre de confianza del entonces director de la Policía, el socialista Víctor García Hidalgo, no avalan que el informador estuviera a punto de llegar al lugar de encuentro. Los expertos policiales también constatan lo inusual que hubiera sido que un jefe superior de Policía tan conocido como Pamies acudiera casualmente a una zona tan estratégica como en la que se encuentra el bar Faisán, punto clave en la frontera franco española, para entrevistarse con un etarra en activo. «No se sostiene», insisten estos expertos.
Estas fuentes sospechan que el confidente ha podido recibir información precisa y oficial de su situación policial y judicial antes de dar el paso, lo que hace temer a las acusaciones que se haya producido algún tipo de maniobra orquestada para arropar la defensa del ex jefe superior de Policía del País Vasco.
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