El juicio del ‘caso Faisán’ pone de relieve una guerra de bandos policiales

Sus palabras ilustraban a la perfección lo que se vivió en la tercera jornada de la vista oral por uno de los episodios más extraños de la lucha antiterrorista, el ‘caso Faisán’, en el que el comisario Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros están acusados de un soplo a miembros de ETA para reventar una «importante» operación contra su red de extorsión.
Desde aquella filtración del 4 de mayo de 2006 nada fue igual para algunos de los implicados, directa o indirectamente, en los hechos que ahora se juzgan. Policías que quedaron marcados por estar en uno u otro bando. En la ‘camarilla’ de Pamiés o en el grupo de Carlos Germán, el entonces inspector que dirigía el operativo y que después se encargó de investigar el chivatazo por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska.
Esta ‘guerra de bandos’ está quedando patente a lo largo del juicio. Una realidad que nadie disimula, ni acusados ni testigos, fuera y dentro de la sala de vistas. Pamiés declaró que el día de la delación preparaba una reunión en Francia con un confidente de ETA que «estaba en la salsa de todo». De ahí que mandara a su subordinado Ballesteros al bar Faisán de Irún el día del soplo para «limpiar la zona». Sin embargo, su archienemigo Germán se afanó en desvestir su tesis en las casi cinco horas de declaración entre el lunes y el martes. «Allí solo hubo un soplo policial con motivaciones políticas», vino a resumir el inspector.
Tras estas andanas, ayer comparecieron varios policías propuestos por la Fiscalía y las defensas que respaldaron la coartada de Pamiés y Ballesteros. También un grupo de peritos policiales que no dejaron en buen lugar a los dos acusados.
El comisario Manuel R. cargó contra Germán al asegurar que el operativo que coordinaba formaba parte «de la simulación de un servicio que no tenía sentido» y criticó al investigador del chivatazo por tratar de ocultar a sus superiores, entre ellos Pamiés, los preparativos del mismo. «No sabemos por qué nos tienen de alguna manera engañados», dijo.

La grabación
Antes declararon otros mandos que respaldaron que Pamiés se reunía a menudo con un confidente en Francia. Uno de ellos, el entonces jefe de la brigada en Francia de la Comisaría General de Información, Alberto L., señaló que, «por supuesto», el día del soplo se iba a citar con el confidente y que el encuentro iba a tener lugar al sur del país vecino.
Más didáctica fue la inspectora jefe de San Sebastián, Teresa H., quien supuestamente alertó a Pamies de la conversación pinchada con el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, en la que se descubrió el chivatazo. La agente negó que supiera esa información y consideró normal que el 3 y 4 de mayo de 2006 mantuviera quince llamadas y mensajes con Pamiés. La testigo compareció con una peluca rubia y gafas para ocultar su identidad y también corroboró la coartada del confidente.
Más duro con Germán fue el comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, que acusó al inspector, entonces su subordinado, de tratar de ocultar la prueba central del soplo: la cinta de la grabación en la que Elosua admitía la filtración policial. Para ello, ratificó al tribunal la declaración judicial que hizo en febrero de 2011. Aquella mañana acudió de forma voluntaria al juzgado para revelar que Germán le reclamó hasta «tres veces» destruir la cinta.
Posteriormente, varios peritos policiales ajenos al círculo de los acusados declararon que, en virtud de los análisis de esa grabación, el interlocutor de Elosua, supuestamente Pamiés, «tenía intenciones políticas y su credibilidad sobre el confidente es baja».