EL MUNDO 29/09/13
· Nueva estrategia de la organización ante Interior para excarcelarlos o acercarlos.
Los presos de ETA tienen un plan y han diseñado una estrategia (estratagema) con novedades, muy limitadas, pero que no tienen precedentes: han acordado que a partir de diciembre, enviarán peticiones individuales a la dirección de Instituciones Penitenciarias en las que reconocerán que sus «actividades políticas han generado daños» y que asumen esa «responsabilidad».
Los presos etarras dicen que el suyo es un «compromiso con el nuevo escenario».
La estrategia general viene contenida en un documento interno al que ha tenido acceso EL MUNDO, fechado en junio, que fue acordado por un grupo de 20 reclusos, a quienes el llamado EPPK (colectivo de presos), ha confiado la responsabilidad de tomar decisiones. El documento es la respuesta a las 12 recomendaciones propuestas en mayo por el Foro Social para impulsar el proceso de Paz, tras el cual están los acuerdos de mínimos entre la izquierda abertzale y el PNV.
Así, reconocen su «responsabilidad política en el conflicto», pero luego precisan: «Nos comprometemos a renunciar a las vías del pasado, pero eso no es renunciar a nuestro pasado sino que, en adelante, renunciamos a los medios empleados en el pasado dentro de la dirección lógica de la Izquierda Abertzale». Siguen así la línea de Sortu cuando, para ser legalizado, se opuso a la violencia futura sin condenar ni a ETA ni los atentados perpetrados.
Los presos vuelven a precisar: «Reconocemos la responsabilidad que nuestra actividad política (sic) ha tenido, también en los casos en los que ha generado daños porque es evidente que el conflicto ha generado daños, pero no sólo daños, por eso aceptamos nuestra responsabilidad en su totalidad».
El objetivo de esta estrategia es salir antes de la cárcel o que la dirección de Prisiones les acerque al País Vasco e intentar desbloquear de ese modo uno de los grandes problemas que tiene ahora ETA y la izquierda abertzale, que es la desesperación de un colectivo de más 700 personas y sus familiares que se han convertido en una olla a presión. Porque pensaban que después del anuncio del cese definitivo y una vez Bildu o Sortu estuviesen en las instituciones (así lo dedujeron fundamentadamente de sus contactos con el anterior Gobierno), ellos iban a poder salir de forma escalonada de inmediato.
De hecho su propuesta, fechada en el mes de junio, es escalonada. Estas son las condiciones: «Cada cual lo pedirá a la cárcel de su territorio»; «los compañeros secuestrados (sic) en el Estado Francés pedirán el acercamiento a Euskal Herria pero manteniendo la puerta abierta a que se les unifique en alguna otra prisión»; «siendo una petición colectiva, serían peticiones individuales»; «las peticiones se organizarán en grupos y en plazos teniendo en cuenta los años, condiciones y situación»; «serán peticiones formales, ajustadas a la legalidad»; «se utilizarán los caminos que exige la ley para los cambios de destino ante la secretaría general de Instituciones Penitenciarias».
«En la petición constará el recorrido carcelario de cada cual y una declaración general en el que se muestre la apuesta clara por las vías políticas, que (el recluso) está decidido a impulsar el proceso de paz, y la necesidad de estar en Euskal Herria para dar cumplimiento positivo a las recomendaciones concretas», llegan a precisar los 20 redactores del texto.
Los expertos de la lucha antiterrorista admiten que, dado el inmovilismo del grupo de los presos, que hasta ahora se negaban a efectuar ningún movimiento –habían señalado que iban a salir todos juntos en unos términos durísimos–, hay datos novedosos, pero que, en principio, en los términos formulados, todavía resultan insuficientes.
En primer lugar porque la Ley señala que las medidas han de ser individualizadas y, en este caso, las peticiones que se van a remitir son individuales pero adoptadas colectivamente y con permiso de la organización, como ellos mismos admiten. Este quizás pudiera ser el escollo más superable, pero hay otros que lo son menos o no lo son. Es cierto que los acercamientos forman parte de la política penitenciaria y es prerrogativa del Gobie no realizarlos o no. Pero, respecto a la obtención de terceros grados o la libertad condicional, no basta con haber cumplido las tres cuartas partes de la condena –según la izquierda abertzale hay unos 105 presos que ya lo han hecho y podrían verse beneficiados de forma inmediata– sino que la Ley Penitenciaria impone otros requisitos.
Por ejemplo, que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades; que pague lo que debe a sus víctimas; que realice una «declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a sus víctimas», así como informes técnicos que demuestren que se ha desvinculado de la banda y su entorno.
En el documento, los reclusos no sólo evitan realizar una petición de perdón sino que ni siquiera hablan de dolor causado y, como se ha visto, no tienen la pretensión de repudiar sus actividades, pero aseguran que «reconocemos nuestra responsabilidad política (sic) integral» y añaden: «la que ya ha asumido la Izquierda Abertzale».
Según las fuentes abertzales consultadas, los presos etarras se refieren con este último añadido al documento que la izquierda abertzale aprobó el 27 de febrero de 2012 en el Kursaal. Los abertzales aspiran a que esta alusión indirecta sea suficiente. El documento del Kursaal, cuya pretensión era que fuese legalizado Sortu «imperiosamente», pedía una nueva «justicia transicional», equiparaba la violencia de ETA con la que atribuían al Estado, y reclamaba por igual que la banda «deshaga sus estructuras militares» y que el Estado «deshaga o readecue los operativos represivos creados para el conflicto».
Dicho esto, el brazo político de ETA se situaba, con cinismo, como si nunca hubiese formado parte de su estrategia: «La izquierda abertzale reconoce el dolor que las diversas manifestaciones de violencia han producido en Euskal Herria»; «acepta que mediante sus declaraciones o actos, ha podido proyectar una imagen de insensibilidad frente al dolor causado por las acciones de ETA y lamenta el daño que, de manera no deseada, haya podido añadir con su posición política». «Reconocemos que, en la crudeza del conflicto, nos ha faltado hacia unas víctimas, la sensibilidad mostrada con otras».
Finalmente repartía culpas: «Recalcar que ninguna fuerza política puede eludir su responsabilidad en este largo conflicto; que nadie trate de mostrarse como mero espectador o evaluador de un conflicto en el que ha tomado o toma parte».
Falta comprobar incluso que los etarras incluyan expresamente estos términos en las peticiones y, aunque lo hicieran, siguen incumpliendo buena parte de los requisitos. Pero lo van a intentar.
Según el documento, el grupo de 20 presos ha recogido aportaciones del resto de los reclusos durante julio y agosto. En septiembre iba a redactar la propuesta definitiva. En octubre o en noviembre, hacer pública su posición respecto a las recomendaciones del Foro y en diciembre, iniciar la campaña.
EL MUNDO 29/09/13