EL CORREO 17/12/13
· La clase política redobla la exigencia sobre la banda ante los rumores de un gesto de desarme antes de fin de año
Euskadi vive estos días, en la trastienda del escaparate político, una agitación inusual ante las crecientes expectativas sobre un posible gesto de desarme inminente por parte de ETA, que, según la hipótesis que se maneja en círculos políticos e institucionales vascos y en altas instancias de la lucha antiterrorista, podría dar un paso al frente en ese sentido antes de final de año. No obstante, en el entorno más próximo a la izquierda abertzale el escepticismo es mucho mayor e, incluso, se niega abiertamente que la banda vaya a hacer un anuncio de ese tipo en las próximas semanas.
La situación de los reclusos Pese al respiro de las excarcelaciones, la situación de los presos dificulta nuevos pasos
Ese posible nuevo comunicado de la banda, en el que avanzaría su intención de proceder a una entrega de armas en breve plazo o en el que incluso podría facilitar la ubicación de parte de sus arsenales, llegaría en vísperas de la cita que el mundo aglutinado en torno a Bildu y Sortu tiene señalada en rojo en su particular calendario, la gran concentración en favor de «los derechos» de los presos etarras que se celebrará el 11 de enero en Bilbao. En esa lógica, el gesto de ETA serviría para ejercer presión sobre el Gobierno central, que ya ha dejado claro, en público y en privado, que no tiene la más mínima intención de flexibilizar la política penitenciaria mientras la organización terrorista no proceda a su disolución total y mucho menos contempla entablar una negociación, ni siquiera de forma indirecta, para pactar con la banda las condiciones del definitivo desmantelamiento de sus estructuras. Ya en marzo pasado, las autoridades noruegas decidieron expulsar de Oslo a los dirigentes etarras que se habían desplazado a la capital nórdica para tratar de entablar contacto con emisarios que el Ejecutivo de Mariano Rajoy jamás envió.
En ese contexto, el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, mediador entre la banda y el Gobierno central en la tregua de 1996, sugirió la semana pasada la necesidad de que el Ejecutivo entable una intermediación «discreta» con la cúpula etarra para desbloquear un proceso que, según reiteró ayer, ve «estancado y deteriorado». No obstante, entrevistado en Catalunya Radio, el prelado descartó cualquier posibilidad de que la banda vuelva a empuñar las armas aunque tampoco, en su opinión, es demasiado probable que las entregue antes de Navidad. En una línea similar, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, colocó también ayer la pelota el tejado de Rajoy en caso de que ETA se decida a anunciar su desarme porque, según dijo el diputado jeltzale, si así lo hiciera o incluso si se disolviese «dejaría sin argumentos» al ministerio del Interior para seguir «enrocado».
En cualquier caso, el abanico de fechas que se manejan para un eventual anuncio de ETA abarca todo el periodo navideño y hay quien incluso lo alarga hasta la fecha del gran mosaico en defensa de los presos. Ya después del verano, los rumores sobre un posible gesto de desarme fueron fortísimos, aunque quedaron en agua de borrajas. Por eso, ante la nueva oleada de especulaciones sobre un gesto inminente, la clase política vasca, con el lehendakari Urkullu a la cabeza, redobla la exigencia sobre la banda para que dé ya un paso «que debería haber dado hace meses». El propio jefe del Ejecutivo de Vitoria exigió el viernes a ETA un desarme «urgente, absoluto y contrastable», consciente de que la gestión de los tiempos por parte de la banda puede dar al traste con las expectativas generadas y mantener empantanado como hasta ahora el camino de consolidación de la paz y la convivencia. Ayer, en un encuentro con embajadores de la Liga Árabe, el lehendakari volvió a hacer hincapié en su exigencia a ETA para que «desaparezca definitivamente» y subrayó el «papel proactivo» de su Gabinete en las conversaciones discretas para asentar la nueva Euskadi sin violencia.
Teatralización
De hecho, las fuentes consultadas por este periódico desvelan una agenda intensa de contactos por vía telefónica o por escrito durante estos días entre partidos e instituciones vascas y los verificadores del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que deberían autentificar el desmantelamiento de los arsenales y contemplan varias posibilidades en caso de que el comunicado vea la luz: que ETA se limite a anunciar una próxima entrega de las armas, que facilite las coordenadas de ubicación de parte de sus zulos con armamento en suelo francés o que decida entregar todos sus arsenales. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha avisado a la banda de que no será suficiente con una «teatralización» del desarme –que no ofrecería ninguna garantía de que sea total e irreversible– y de que el Gobierno solo contempla su desaparición «por las buenas o por las malas».
Solo en ese escenario, el de la disolución incondicional de la banda, cabe pensar en una aplicación diferente de la actual ley penitenciaria. La situación del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) planea, de hecho, sobre cualquier paso que la banda decida dar, siempre condicionada por la situación de sus reclusos. No en vano, las excarcelaciones masivas derivadas de la derogación de la ‘doctrina Parot’ han supuesto un balón de oxígeno para la banda, consciente de que el Gobierno no dará más pasos mientras ellos no se muevan, pero también de que al centenar de reclusos condenados con el nuevo Código Penal les espera un panorama más negro si no optan por la reinserción individual, que exige reconocer el daño causado. Ese colectivo sigue actuando como freno para ver pasos más decididos de la cúpula etarra, que estaría a la espera de arañar alguna concesión que le permita ‘vender’ una «solución global» para sus presos aunque en realidad se acojan –como se asume que tendrán que acabar haciendo– a las vías legales e individuales previstas en la ley.