EL CORREO 23/01/14
· La izquierda abertzale entregó al Gobierno una contraoferta en la que exigía el traspaso de las prisiones y el repliegue de las fuerzas de seguridad.
El exlehendakari Patxi López terció ayer en el debate sobre el final «ordenado» de ETA, que el Gobierno vasco se ha visto obligado a llevar al terreno público después de que, tras la última operación policial contra la interlocución de los presos de la banda, se filtrara el documento de dos folios que Iñigo Urkullu y su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, hicieron llegar en octubre a la dirección de Sortu con sus propuestas para asentar la paz en Euskadi. El texto, que pedía un gesto de desarme a la banda así como una declaración en la que la izquierda abertzale reconociese el «daño injusto» provocado por la organización terrorista, ha sembrado la «duda» en el PSE –y en el PP– sobre las intenciones del jefe del Ejecutivo de Vitoria.
Socialistas y populares reprochan al lehendakari que haya dado aire a la izquierda abertzale al hacerla copartícipe de su estrategia, que ningún otro partido vasco conocía pese a que Josu Erkoreka lo dio a entender así el martes. «Lo que sí conocen todos son los principios y valores que vertebran la propuesta, que siguen en vigor y por los que seguiremos trabajando», se ratificaron ayer fuentes gubernamentales, una explicación que no convence a sus rivales políticos. «Espero sinceramente que no haya una especie de concomitancia o plan conjunto para rentabilizar el abandono del terrorismo de ETA» entre el Gobierno vasco y Sortu, advirtió López, que consideró rechazable que un partido «democrático» pueda actuar «en connivencia» con «ese mundo».
«Lo que hace falta es poner a cada uno frente a sus responsabilidades», recalcó el líder del PSE en una entrevista en Onda Cero, en la que lamentó que, con iniciativas como la de Urkullu, se esté «entregando el protagonismo a quien no debería tenerlo» y enfatizó que la «gran exigencia» unánime y «permanente» a ETA no debería ser otra que la de su disolución. «El cese de la violencia de ETA es un triunfo del Estado de Derecho y de los demócratas y no podemos permitir, de ninguna manera, que ahora sean los que han estado aplaudiendo ese terrorismo los que ganen la batalla política y del relato de lo sucedido en este país», denunció.
De hecho, no solo López se pronunció ayer en el PSE sobre la polémica hoja de ruta de Urkullu, que el Gobierno vasco ha preferido reconocer para evitar precisamente que pudiera interpretarse que el plan formaba parte de un pacto secreto con la izquierda abertzale. Pero no ha logrado evitar la desconfianza de los socialistas vascos, que, aunque comparten el diagnóstico general de los jeltzales sobre los pasos aconsejables para dar carpetazo definitivo a ETA, discrepan de que sea necesario implicar directamente a la izquierda abertzale en un asunto que solo puede, dicen, engordar sus réditos políticos. Tampoco están dispuestos a regresar a la ponencia de paz del Parlamento –que el Gobierno vasco se comprometía en su hoja de ruta a poner en valor para que pudiera pactar nuevas medidas con el ‘foro social’ auspiciado por Lokarri–, mientras Sortu no reniegue de forma explícita de su pasado.
En ese contexto, y aunque el Gobierno vasco y el PNV confían en que los socialistas vuelvan a sentarse en ese foro cuando se despeje el futuro político de López en Madrid, el PSE desplegó ayer toda una ofensiva para pedir explicaciones a Urkullu, tanto por boca de su secretario general como en el Parlamento, donde Rodolfo Ares registró una pregunta al lehendakari para que aclare si ha hecho llegar a Sortu una propuesta «unilateral». También su portavoz en la Cámara, José Antonio Pastor, lamentó que el PSE se haya enterado «por los medios» de la iniciativa y exigió asimismo que el Ejecutivo se la haga llegar, para despejar las «dudas» surgidas sobre «la actitud del lehendakari» en un terreno en el que debe trabajarse «con discreción, lealtad, responsabilidad e inteligencia».
«Oxígeno a los radicales»
En una línea similar, aunque con tono más duro, el PP vasco advirtió a Urkullu de que rechazará cualquier «acuerdo o estrategia, sobre todo si son ocultas», que dé «oxígeno a los radicales» y plantee «escenarios de espaldas a los que no somos nacionalistas». El ‘número dos’ de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, se mostró dispuesto a mantener un diálogo «abierto» y constructivo con el PNV, pero no a tolerar que los jeltzales asuman las «reivindicaciones históricas» de la izquierda abertzale y le hagan de «salvavidas» en lugar de mantener elevado el listón de la exigencia.
Mientras, el Gobierno vasco, consciente de que el chaparrón persistirá mientras continúe el goteo de filtraciones, insiste en que no existe ningún «compadreo» con Sortu, sino que el texto ahora conocido solo demuestra la voluntad del lehendakari de «liderar» el camino hacia la paz definitiva, «tal y como le corresponde y tal y como le ha pedido también el PSE hace bien poco».
Esas mismas fuentes admitieron la existencia de una contraoferta de Sortu, que la formación hizo llegar a Urkullu y Fernández «el mismo día» en que ellos le hicieron entrega de su hoja de ruta. En esa propuesta se recogen algunas reivindicaciones comunes al PNV, el Gobierno vasco y la izquierda abertzale, como, sobre todo, el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado operativas en Euskadi, una exigencia que también ha hecho suya la consejería de Seguridad, eso sí, desde el inicio de su mandato.
El documento de la izquierda abertzale reclama además el traspaso de la competencia sobre las prisiones a Euskadi y la flexibilización de la actual política penitenciaria para acabar con la dispersión y facilitar la salida de los reclusos enfermos y el regreso de los huidos.
EL CORREO 23/01/14