ABC 25/06/14
EDITORIAL
· En Cataluña, donde no se cumplen las sentencias del Supremo y cuya Administración autonómica se declara insumisa a la Constitución, lo lógico es que una niña con bandera española resulte ser una provocadora
Cuando una niña española tiene que cambiar de colegio porque recibía insultos y amenazas por hablar en castellano y llevar en sus carpetas las banderas española y catalana, solo significa que la degradación progresiva de la convivencia en Cataluña no es un tópico de los partidos no nacionalistas. El extremismo –más o menos difuso, más o menos explícito– se está extendiendo con formas intolerantes y agresivas. No hace falta que se tornen violentas para que el ambiente se cargue de hostilidad hacia quienes no comulgan con el discurso nacionalista. Los partidos que dirigen el proceso separatista suelen tildar como anecdóticos episodios a los que tratan de restar gravedad, pero que no son otra cosa que actos ilegales, cuando no delictivos. Esa niña, insultada y amenazada por sus propios compañeros, acabó con un ojo morado, y toda la respuesta que recibieron sus padres por parte del centro fue que la situación era «un reflejo de la sociedad».
En efecto, tenía razón el director del centro. El acoso a la menor retrata la actitud agresiva de una parte de la sociedad catalana y la indiferencia de otra, de la mano de un nacionalismo radical, convertido por Convergencia i Unió en el director de orquesta de una crispación colectiva que no cesa. En una comunidad autónoma donde no se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo, donde el líder socialista es agredido por una acomodada ciudadana y donde la Administración autonómica se declara insumisa a la Constitución, lo lógico es que una niña castellanohablante y con bandera española resulte ser una provocadora. A todo esto contribuye decisivamente la falta de consecuencias en todos los órdenes. Esta normalidad es engañosa y hace que el estado de ilegalidad en el que se mueve la Generalitat de Cataluña resulte impune, como lo son la imposición monolingüista en el sistema educativo catalán o la permanente malversación de los fondos públicos que se aplican a los planes separatistas de la Asamblea Nacional Catalana. Bien está que la respuesta desde las instituciones centrales del Estado sea moderada y prudente, pero ha de serlo en las formas, no en un contenido cada día más necesario y apremiante, en el que se echa de menos un plan de protección de la Constitución y del ordenamiento jurídico a cargo de la Fiscalía General del Estado o del Servicio Jurídico del Estado. Entretanto, la niña amenazada, insultada y agredida ha tenido que cambiarse de colegio. La víctima se tiene que ir, algo habitual cuando es el nacionalismo el que domina la situación y el que, al margen de las normas más básicas de la convivencia democrática, impone su ley.