EL MUNDO 06/08/14
· Ve malversación en abonar 90.000 euros a cambio de noticias que le beneficiaban
La Justicia investigará al Gobierno vasco por posible «malversación, fraude y prevaricación» al apreciar indicios de que ha podido cometer un delito por pagar al Grupo Noticias para que publicase informaciones favorables a su gestión, como desveló EL MUNDO. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD contra el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
La magistrada Beatriz Eva Román ha acordado incoar las correspondientes diligencias al entender que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de fraude, malversación y prevaricación en un auto fechado el 29 de julio que fue dado a conocer ayer por el parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, y el secretario general de este grupo en el Congreso, Andrés Herzog, que es el jurista que ha redactado la demanda.
UPyD celebró que la postura de la Justicia supone la «confirmación» de que existe «corrupción soterrada» en la actitud del Gobierno vasco, que ha «venido financiando a medios de comunicación afines al PNV mediante el desvío de fondos públicos sin causa que lo justifique» y «al margen de la legalidad vigente».
La formación de Rosa Díez cifra en 90.000 euros la cantidad que el Ejecutivo vasco ha pagado por la inserción de «publicidad irregular» disfrazada de noticias en media docena de casos que afectan a varios departamentos. Así, por ejemplo, Educación pagó por la publicación de noticias en contra de la Lomce sin que se aclarara que se trataba de contenidos publicitarios sufragados por el Ejecutivo, una acción que también llevó a cabo Salud con informaciones relativas a las urgencias de Guernica o la campaña de vacunación de la gripe.
A este respecto, la magistrada solicita al Departamento de Educación información sobre cuatro acuerdos suscritos con medios de este grupo de comunicación para la publicación de noticias en noviembre y diciembre de 2013, y pide al área de Salud copia de la resolución administrativa y facturas relativas al contrato suscrito para emitir «diversos reportajes entre junio y septiembre» del pasado año. Igualmente, reclama datos a Presidencia sobre el contrato para la «realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo» durante el primer semestre de este año.
En todo caso, UPyD sostiene que no son los únicos casos de compra de noticias por parte del Gobierno vasco. De hecho, ha solicitado en el Parlamento información al gabinete de Urkullu sobre otros 23 casos similares que son «sospechosos» de compra de informaciones y ahora está a la espera de conocer la respuesta que da el Ejecutivo de Vitoria antes de decidir si incorpora nuevas «pruebas» de «incumplimiento flagrante» de la Ley de Publicidad y Comunicación a la demanda. En este sentido, Maneiro advirtió de que exigirá en los tribunales la depuración de las correspondientes responsabilidades penales, inclusive las del propio lehendakari en caso de «confirmarse que tuvo conocimiento o intervención, activa o pasiva, en este nuevo escándalo de corrupción política».
De momento, la denuncia, presentada el 14 de julio, está dirigida contra altos cargos del Ejecutivo vasco y señala específicamente al director de Comunicación de Urkullu y presidente de la comisión gubernamental de Publicidad Institucional, Iñaki Bernardo. También apunta a la directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan), Izaskun Urien.