EL MUNDO 29/10/14
Convergència no va a modificar su campaña para el 9-N pese a la intención del Gobierno de impugnarla. Serán el alcalde Xavier Trias –investigado por la Policía por poseer fondos en el extranjero– y el parlamentario Josep Rull los dirigentes que protagonizarán esta noche la primera pegada de carteles en Barcelona.
Esa pegada de carteles, con el lema Un día para vivirlo, demuestra que la Generalitat no renuncia por ahora al «proceso participativo» del 9 de noviembre, pese a que da por hecho que el Gobierno impugnará la convocatoria ante el Tribunal Constitucional (TC). El Ejecutivo catalán prefirió ayer cargar contra Mariano Rajoy –al que acusó de situarse «al margen de la ley» tras pedir un informe sobre el 9-N al Consejo de Estado– que aclarar si sacará las urnas a la calle aunque se lo prohíban.
Como ya ocurrió con la primera convocatoria del 9-N, el Govern se encuentra atrapado entre sus promesas de respetar la legalidad en todo momento y la presión de sus socios soberanistas. Por ello, aún no se expresa con claridad acerca de si sacará las urnas pese a una potencial prohibición, aunque fuentes de la dirección de CiU asumían en los últimos días que si el TC suspendía también el «proceso participativo» Artur Mas se vería abocado a convocar elecciones de manera inminente.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, fue ayer voluntariamente ambiguo. Afirmó que harán todo lo que esté a su alcance para que haya urnas el 9-N, pero a la vez se negó a contemplar el escenario más plausible: que el TC acabe suspendiendo la cita. «¿Qué prohibirá? ¿Dirá que los funcionarios, por la razón de ser funcionarios, no pueden ser voluntarios? No se puede prohibir lo que no se hace», dijo en referencia a que Mas no ha firmado esta vez ningún decreto de convocatoria.
Sin embargo, sí hay por ejemplo campaña institucional, y aunque el «proceso participativo» no tiene ni censo ni garantías legales, y lo están organizando voluntarios, tanto ERC como ICV y la CUP pidieron al Govern que no dé marcha atrás y saque las urnas el 9-N.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, alentó a los ciudadanos a «salir de casa el 9-N y hacer una demostración de fuerza» diga lo que diga el TC. Dolors Camats (ICV) pidió «una movilización tanto o más espectacular que las últimas vividas en Cataluña». Y desde la CUP, su diputado en el Parlament Quim Arrufat abogó simplemente por «desobedecer la prohibición del Estado».
Las entidades contrarias al proceso participativo del 9-N también preparan actos, pero para rechazar la convocatoria. La asociación Libres e Iguales ha lanzado una convocatoria en diversas localidades españolas el próximo 8 de noviembre ante los ayuntamientos «o en lugares emblemáticos de cada ciudad» bajo el lema Sí me importa el 9-N. La entidad exige del Gobierno «que defienda con firmeza la ciudadanía común ante el intento secesionista», por lo que en cada capital se leerá «un texto en defensa de la soberanía común».
Por su parte, la asociación Movimiento Cívico 12-O ha instado a convocar una movilización ciudadana en Barcelona el mismo 9 de noviembre ante «el desafío u órdago del separatismo civil e institucional que supone el intento de toma de la calle por los separatistas».
Esta entidad está dispuesta a acudir a ese acto junto a «asociaciones de defensa de la libertad y la democracia», ya que consideran que peligra «el pacto constitucional de 1978», un acuerdo que «es garantía de convivencia entre personas libres, que garantiza un espacio común para el ejercicio de la libertad y que pone límite a los poderes y evita que los fuertes abusen de los ciudadanos».