EL MUNDO – 01/04/15
· El presidente argumenta que es «ilegal» y que «va contra el sino de la Historia» Junqueras afirma que la independencia se ejercerá «desde el primer día» si el 27-S ganan los que la defienden.
El Gobierno está dispuesto en esta ocasión a frenar la nueva acometida independentista catalana en cuanto adquiera tintes de institucionalidad. Ayer mismo, el Ejecutivo reclamó a la Abogacía del Estado un estudio de los documentos suscritos y los actos llevados a cabo por los dirigentes de Convergència –especialmente por el presidente de la Generalitat, Artur Mas– y ERC, con el apoyo de los entes soberanistas ANC y Òmnium Cultural. El objetivo es declarar la independencia antes de abril de 2017, es decir, 18 meses después de las elecciones que pretenden convocar para el 27 de septiembre y a las que ya otorgan carácter plebiscitario.
Mariano Rajoy, en esta ocasión, no parece dispuesto a dejar pasar el tiempo sin actuar, mientras desde Cataluña las fuerzas soberanistas ganan terreno por la vía de los hechos consumados. La estrategia del Ejecutivo no será la misma que la empleada ante el desafío del referéndum del 9-N, cuando se aguardó hasta el final para dar pasos ante los tribunales.
Ayer, en una comparecencia ante la prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Rajoy dio por hecho que la nueva hoja de ruta del proceso soberanista cae de lleno en la ilegalidad.
«Es mala para el conjunto de los catalanes y para el resto de los españoles. Es mala para el conjunto de España y lo es en el fondo y en la forma. En el fondo, porque va contra el sino de la Historia, rompe con más de 500 años de historia de vida juntos, rompe todos los lazos que nos unen desde hace tiempo y porque obliga a los catalanes a dejar de ser españoles y europeos. Y es mala en las formas, porque supone saltarse lo que dice la legislación vigente, la Constitución, y en España la ley está por encima de cualquier otra consideración y afecta a todos». Con estas palabras, el presidente descalificó la estrategia de Mas y Junqueras y vino a anticipar su intención de frenarla en cuanto irrumpa en el terreno de las instituciones.
Por el momento, el informe encargado a la Abogacía del Estado analizará dos posibilidades: incorporar una nueva denuncia al procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el 9-N y que afecta al president Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau, o en su defecto, elaborar un nuevo recurso.
Los servicios jurídicos de Presidencia avanzan, no obstante, las dificultades de actuar de manera inminente ante los tribunales, ya que por el momento la hoja de rutano es más que una declaración programática suscrita por partidos.
El hecho de que el Gobierno de la Generalitat como tal no se haya adherido oficialmente a la misma –aunque Artur Mas, en su calidad de líder de Convergència, sí lo haya hecho– dificulta la interposición de demanda alguna. No habrá por el contrario impedimentos si el plan es asumido por la Generalitat. Por ello, los servicios jurídicos del Estado estarán a partir de ahora pendientes de cuantos pasos y pronunciamientos sigan a la firma de la nueva hoja de ruta.
Pero como ya hizo con la votación del pasado 9-N, en la que hasta el último minuto jugó al despiste sobre quién estaba formalmente detrás de la iniciativa, el Govern se sacudió ayer la responsabilidad sobre el nuevo proyecto.
El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, hizo los oportunos equilibrios y se limitó a mostrar su «respeto» por el documento, aunque sí dijo que «tiene una entidad muy importante» y que está pensado para «ser compartido» por más partidos que Convergència y Esquerra. Los nacionalistas insisten en que se reincorporen al acuerdo formaciones que o bien ya han expresado su rechazo –como es el caso de ICV y EUiA–, o bien mantienen un silencio incómodo, como sucede con Unió.
Homs recordó que el Govern surgido de las elecciones de 2012 «está comprometido con el derecho a decidir y con la construcción de estructuras de Estado»; pero a partir de ahí, no quiso comentar ninguna de las incógnitas que el plan de Mas y Junqueras deja en el aire: ni si se contempla que una Cataluña independiente quede fuera de la UE, ni si para iniciar el camino hacia la secesión les bastará una mayoría de los diputados surgidos del 27-S o será también necesaria la mayoría de los votos emitidos.
A la Generalitat le interesa más subrayar ahora el carácter «plebiscitario» que quiere dar a los comicios, y por eso Homs insistió ayer en que «lo esencial es que se pueda acabar votando y que todo el mundo admita el resultado».
De hecho, y en opinión del portavoz del Govern, Rajoy está contribuyendo a convertir las elecciones catalanas de septiembre en un plebiscito, figura que no está recogida en el sistema democrático español y que el propio presidente del Gobierno se encargó de descalificar, cuando señaló que las elecciones previstas –aunque no convocadas aún– en Cataluña para el 27 de septiembre serán unas autonómicas más y su objetivo será exclusivamente elegir un Parlamento y, de resultas, nombrar un Ejecutivo.
Homs conoce bien estos límites y por eso, tras constatar que Artur Mas convocará formalmente las elecciones como unas autonómicas al uso, añadió: «¿Qué provocará que tengan carácter plebiscitario? El debate que se articule en torno a ellas. Y hoy [por ayer] Rajoy ha contribuido, defendiendo un no [a la independencia] como una catedral».
«No le reprochamos que esté en contra de la independencia, lo que no comprendemos es que no se avenga a admitir el resultado de las urnas», añadió, dejando claro que el Govern ha decidido recuperar como idea fuerza la «baja calidad de la democracia española», porque no permite un referéndum de autodeterminación a la manera del que se celebró en Escocia el año pasado.
En cuanto al hecho de que Convergència y ERC hayan perdido por el camino el apoyo del resto de partidos políticos, Francesc Homs advirtió de que no hay una mayoría que pueda oponérsele. Cuando se le recordó que esos dos partidos –porque no puede contarse a los diputados de Unió– suman hoy sólo un tercio de los representantes en el Parlament, respondió: «Este acuerdo es el que agrupa a más gente; no hay un pacto alternativo de dimensión mayor».