Que la sentencia del TC me parezca justa no quiere decir que me satisfaga. Es muy triste que un antiguo partido de Gobierno, como fue la EA fundada por Garaicoechea, se preste hoy por puro electoralismo a ser la lanzadera política de los antiguos cómplices del terrorismo, que ahora se aprestan maquiavélicamente a blanquear su negra imagen.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que acaba de legalizar a la coalición independentista Bildu (formada por EA, el partido del exlehendakari Garaicoechea, una escisión de la Izquierda Unida vasca y candidatos independientes nombrados por la nueva izquierda abertzale que ha optado por abandonar definitivamente el terrorismo) es, quizá, la noticia política más decisiva del momento presente, pues determinará el sentido del voto en las inmediatas elecciones territoriales. E incluso de la historia reciente, por cuanto implica superar quizás definitivamente la Ley de Partidos: un auténtico estado de excepción jurisdiccional que ha devaluado la calidad de la democracia española.
Aunque el veredicto haya resultado de una extraña carambola de distintas razones políticas, lo cierto es que el TC ha hecho justicia. Y ha hecho justicia no en el sentido justiciero de Barack Obama (pésimo ejemplo de venganza por ajusticiamiento extrajudicial), como reclamaban las víctimas de ETA y sus patrocinadores políticos, sino en el sentido garantista que exige el Estado de Derecho. En efecto, toda sentencia debe dirimir un conflicto de derechos. Y en el caso Bildu, la sentencia del TC ha supuesto reconocer la primacía del derecho fundamental a la participación política (que actualmente ampara de modo inalienable a EA) sobre el derecho de protección judicial de las posibles víctimas futuras de ETA (potencialmente amenazadas por los candidatos abertzales incrustados en Bildu en el hipotético caso de que volvieran a las andadas de complicidad terrorista).
Pero que la sentencia del TC me parezca justa no quiere decir que me satisfaga. Es muy triste que un antiguo partido de Gobierno, como fue la EA fundada por Garaicoechea, se preste hoy por puro electoralismo a ser la lanzadera política de los antiguos cómplices del terrorismo, que ahora se aprestan maquiavélicamente a blanquear su negra imagen sin ninguna garantía de sinceridad democrática.
Por eso resulta tan fuerte el paradójico impacto causado por la foto del etarra exconvicto que sale de la cárcel al grito de «ETA vota Bildu». Bienvenida sea la conversión de ETA al electoralismo, ya que no puede continuar con su anterior terrorismo. Pero para juzgar la veracidad de su cacareado «proceso democrático», habrá que esperar a ver como se desarrolla la esfera pública en los municipios gobernados por Bildu: ¿proseguirá la intimidación totalitaria de la sociedad civil?
No obstante, las paradojas no acaban aquí, pues si bien se mira, el otro gran beneficiado de la sentencia del TC, además de Bildu, es la derecha político mediática representada por el PP, lo que ya resulta menos obvio dado que actuaba como parte acusadora y, al perder el juicio, se ha indignado por la supuesta injusticia de la resolución. Pero la misma sobreactuación de su airada protesta revela su íntima satisfacción, dado que objetivamente la sentencia del TC ha puesto en sus manos un arma de potencia retórica inigualable, que les permitirá llevarse de calle tanto estas elecciones locales como las próximas generales. De ahí la doblez farisaica del PP y su armada mediática, que fingen en público rasgarse hipócritamente sus vestiduras victimistas mientras en privado se frotan las manos porque la sentencia les ha dado hecha la campaña electoral. Y no sólo eso, pues su derrota en el TC les facilita seguir propalando la calumniosa fábula de su falaz ecuación: «ZP-Rubalcaba-TC = ETA-Batasuna-Bildu». Una estrategia conspiranoica que les permitirá apropiarse de la victoria final sobre el terrorismo, desvirtuando así su autoría socialista.
En cualquier caso, y aunque siguiendo su doble juego Rajoy hable sólo de la crisis, los actuales comicios ya han quedado sobredeterminados por los sucesivos avatares del caso Bildu. Y esto es de lamentar, pues dada la generalizada desinformación de la ciudadanía española, esta campaña electoral hubiera sido una magnífica ocasión para hacer pedagogía política, centrando la atención pública sobre los asuntos cruciales que se ventilan en estas elecciones, que son fundamentalmente dos. Uno, la impune continuidad de las redes clientelares que controlan la corrupción política en complicidad con las autoridades autonómicas y municipales. Y dos, la necesidad de proceder al saneamiento del ingente déficit presupuestario que está estrangulando las haciendas territoriales: ¿cómo se irá a ajustar, tras el 22 de mayo, el gasto local que financia los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales) provistos por comunidades y ayuntamientos? Ése debería ser el verdadero debate. Pero todo eso quedará sepultado bajo los escombros mediáticos dejados por la onda expansiva de la descomunal bronca montada con el caso Bildu.
Enrique Gil Calvo, EL PAÍS, 16/5/2011