EL MUNDO – 26/07/15
· El TC retrasa sus vacaciones a la espera de la convocatoria del 27-S
· Moncloa aborda ya la posibilidad de suspender la autonomía
· Junqueras insiste: «Nos lo jugamos todo»
El frente independentista ha acelerado el paso. Gestos, proclamas y actos se suceden al tiempo que desde la Generalitat se cortocircuitan los últimos cables con el Gobierno central. En Madrid, Mariano Rajoy hace tiempo que dio por perdida cualquier posibilidad de diálogo. Ahora la estrategia pasa por cortar de raíz cualquier medida con soporte jurídico que tenga como finalidad avanzar hacia la «desconexión».
En el curso de los últimos dos meses, el Ejecutivo ha dinamitado a golpe de Tribunal Constitucional la hoja de ruta diseñada por Artur Mas y Oriol Junqueras para empezar a construir los pilares del futuro Estado catalán. Ahora el foco está puesto en el decreto de convocatoria electoral que el presidente de la Generalitat debe firmar el 3 de agosto y que será publicado oficialmente al día siguiente.
La convocatoria de las elecciones del 27-S coincidirá con el primer despacho veraniego de Rajoy con Felipe VI en Palma de Mallorca y con la remisión a las Cortes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado; unas cuentas con las que el Gobierno pretende dar oxígeno a las autonomías con 7.000 millones adicionales. La primera semana de agosto será de ebullición política y quizás también judicial.
El Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Abogacía del Estado han recibido ya la señal de alerta. En las tres instancias habrá equipos dispuestos a actuar con celeridad si en el decreto de convocatoria se aprecia la más mínima señal que pervierta su objetivo natural: la celebración de unas elecciones autonómicas más para elegir un nuevo Parlament.
De hecho, ante esa posibilidad, los magistrados y letrados del Alto Tribunal han visto alteradas, al menos por unos días, las vacaciones que acostumbran a tener en agosto, al ser inhábil para la tramitación de los recursos de amparo.
Este año, además de los tres magistrados que la primera quincena compondrán la llamada sección de vacaciones –la vicepresidenta, Adela Asúa, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez–, todos, con el presidente Francisco Pérez de los Cobos a la cabeza, estarán localizables, informa Ángeles Vázquez.
Así se les podrá telefonear para que se desplacen a Madrid, si fuera necesario realizar un Pleno para abordar el recurso de inconstitucionalidad que interpondría la Abogacía del Estado. Pese a lo poco habitual de la medida, en el Constitucional la han asumido con resignación ante la «envergadura» del «desafío» actual, en palabras del propio Pérez de los Cobos, y al ser todos conscientes de la dificultad que tendría explicar a la opinión pública que no abordaran hasta su primera sesión plenaria de septiembre un recurso del Gobierno.
En Moncloa consideran muy improbable que Mas se arriesgue con un decreto que manifieste el color plebiscitario que pretende dar a los comicios. Si así fuera, sería recurrido de inmediato y el Constitucional procedería a la suspensión de la cita con las urnas. Todo se haría con la máxima celeridad, con el objetivo de evitar caer en los tiempos muertos que tan poco rentables políticamente resultaron en el proceso previo al simulacro de referéndum celebrado el pasado 9 de noviembre.
En esta ocasión, Rajoy no quiere vacíos legales. La hoja de ruta planeada por Mas y Junqueras se ha ido desmantelando, pero la prueba de fuego se saldará en los comicios del 27 de septiembre.
Desde el Gobierno advierten de que «cualquier paso en falso que supere los límites legales» será cortado de raíz. Esto y lo que podría llegar tras las elecciones si la lista independentista triunfa y activa un plan de secesión es, avisan desde Moncloa, a lo que el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, se refiere cuando habla de que el Estado «triturará» la aspiración rupturista.
El Gobierno cuenta con informes jurídicos que analizan el problema y sus consecuencias desde todas las vertientes: económica, internacional, política y social. El análisis es tan detallado que incluso, por el momento, se ha frenado hasta la decisión de confirmar a Alicia Sánchez-Camacho como cabeza de lista del PP catalán. Rajoy quiere estudiar los pros y los contras sabiendo que las perspectivas electorales de la presidenta del PP catalán son pésimas, pero contando también con el hecho de que un nuevo candidato no tendría tiempo para garantizar una mejoría de los resultados.
En todo caso, el presidente del Gobierno no quiere dejar cabos sueltos. Es por eso por lo que repite que el Estado está «absolutamente preparado» para hacer frente al problema y garantiza que no habrá independencia.
Abiertamente, en el Ejecutivo y en el Partido Popular siguen resistiéndose a poner sobre la mesa la baza del artículo 155 de la Constitución que, según los expertos, está previsto para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España».
Pero «también se ha abordado la posibilidad de tener que activarlo», reconocen las fuentes consultadas, si finalmente, tras las elecciones y tras la emisión de una declaración unilateral de independencia –que sería recurrida y anulada por el TC–, el bloque secesionista insiste en avanzar mediante actos consumados hacia la ruptura.
La Generalitat lo sabe y en Moncloa esperan que la advertencia tácita sirva para disuadir a Mas y sus aliados de intentar pasos sin vuelta atrás.
EL MUNDO – 26/07/15