El dueño de la furgoneta utilizada por ETA en el atentado de Barajas relata su secuestro. Los tres presuntos etarras, para los que el fiscal pide 900 años, se niegan a declarar en el juicio, no reconocen al tribunal y denuncian que sufrieron torturas. Un policía asegura que reconocieron a Sarasola a pesar de ir disfrazado y llevar una muleta.
El guipuzcoano víctima colateral del atentado de la T-4 de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y puso fin a la tregua de ETA, narró al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga desde ayer a los tres presuntos etarras autores de la acción, Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, el robo de su furgoneta y el dramático secuestro que sufrió.
Con frialdad, el testigo rememoró «los tres días y tres noches» que unos etarras desconocidos le hicieron pasar en el maletero de un turismo, «encapuchado y completamente aterrado», mientras otros miembros de ETA cargaban su furgoneta con más 500 kilos de explosivos. El vehículo cruzó los Pirineos en dirección Lesaka, donde se hicieron cargo del mismo los acusados, presuntos miembros del comando Elurra, que pusieron rumbo al aparcamiento de la nueva T-4 de Barajas. Todo esto sucedía mientras el secuestrado ni veía ni escuchaba, metido en un maletero, con los pies y la cabeza fuera y con tres etarras merodeando, «nerviosos», a la espera de la hora H.
Todo había comenzado a las 21.00 horas del 27 de diciembre de 2006, en el estacionamiento de la estación de esquí de Luz Ardiden, a los pies de los Alpes. El guipuzcoano había llegado allí dos horas antes. Estaba cenando dentro de su furgoneta, una Renault Traffic granate, cuando tres etarras vestidos de negro y encapuchados abrieron la puerta y lo abordaron con brusquedad. «Me apuntaron con una pistola a la cabeza, me pusieron de espaldas y me esposaron. Somos de ETA, no la cagues y no te pasará nada», aseguró al tribunal que le dijeron los terroristas. Diez minutos después le bajaron del vehículo y le introdujeron en el turismo en el que pasó las tres noches que estuvo cautivo. En ese tiempo, el único ‘gesto humano’ de los captores fue cuando preguntaron a su rehén si alguien le iba a echar de menos. Le dejaron mandar un mensaje de móvil para tranquilizar a sus familiares y le aseguraron que la noche del 31 de diciembre estaría libre. «No sabía si era de día o de noche, sólo sé que estuvimos un tiempo en una cabaña y nada más. Ellos no hablaban. Se comunicaban silbando».
El infierno acabó a las 9.40 horas del 30 de diciembre, cuando la furgoneta ya había volado la T-4. «Los secuestradores se pusieron nerviosos tras escuchar la noticia en la radio y dijeron que todo había acabado», recordó en el juicio. Los captores huyeron y a las 11:00 el rehén se quitó la capucha y siguió las indicaciones que le dieron para llegar al pueblo de Escot, a un centenar de kilómetros de Luz Ardiden, en dirección sur. Allí acudió a un cuartel de los gendarmes y llamó a la Guardia Civil. A preguntas del fiscal Daniel Campos, admitió que no intentó darse la vuelta para ver a sus captores porque «estaba aterrado». «Si había aguantado tres noches en un maletero, podía esperar un rato más», indicó.
Catorce testigos
El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, no dejó al resto de acusaciones indagar más sobre el secuestro, ya que, recordó, este asunto es objeto de un procedimiento en Francia. Poco antes, reprendió a la víctima del secuestro, por tutear al fiscal. «Que ya no se le escape más», le pidió, tras asegurar que no hubiera consentido que este tratamiento se hubiera dirigido a él.
Este relato fue uno de los catorce que se escucharon en la primera jornada del juicio que se celebra hasta el jueves en la Audiencia Nacional. Los testigos contaron su experiencia y lo que se encontraron en la T-4 tras la explosión. De sus declaraciones quedaron claros dos hechos: que tan sólo tuvieron 30 minutos para despejar el aparcamiento de seis módulos y cinco plantas por sección, y que una componente de la Policía judicial logró localizar la Renault Traffic en la plaza 311 del módulo D sólo 12 minutos antes de que hiciera explosión. Pero los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio no tuvieron tiempo de reaccionar y fallecieron por la explosión cuando se encontraban dormidos en su coche.
Por estos asesinatos y la tentativa de otros 41, además de por estragos terroristas, el fiscal reclama 900 años de cárcel para los tres acusados. Pide además indemnizaciones de 500.000 euros para las familias de los dos fallecidos.
Siguiendo la misma estrategia que suele ser habitual en presuntos etarras, en cuanto el fiscal Daniel Campos formuló la primera pregunta Mattin Sarasola respondió que no reconoce a «este juzgado fascista». El magistrado Alfonso Guevara le corrigió: «esto no es un juzgado es un tribunal». Igor Portu también rechazó «admitir a este tribunal» y participar en el juicio, asegurando que todo lo que declaró había sido bajo «torturas. Todo lo que debía decir aquí lo dije en la denuncia de torturas», proclamó. En idéntico sentido se manifestó Mikel San Sebastián: «No voy a participar y no acepto a este tribunal que admite la tortura». Esta circunstancia se investiga en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que el pasado 30 de mayo de 2009 rechazó el recurso de alzada presentado por quince guardias civiles imputados por supuestas torturas denunciadas por Portu y Sarasola. La investigación sigue abierta.
Según se relató en la vista de ayer, el escrito del fiscal recoge que a las 07.53 del 30 de diciembre de 2006, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08.35 a la central Sos-Deiak de San Sebastián desde una cabina telefónica.
A las 08.45 horas se localizó la furgoneta y se desalojó el aparcamiento, y un minuto antes de las 9.00 se produjo la explosión, en la que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños.
Identificados
En el módulo D del edificio se encontraba otra de las testigos, una policía local que en aquel momento «no sabía que estaba embarazada» y que el atentado le produjo, entre otras secuelas, un embarazo de riesgo y lesiones lumbares por las que ha tenido que ser operada.
Uno de los agentes policiales que participó en la investigación posterior a la explosión explicó cómo después de «muchas horas visionando las cintas del parking» les llamó la atención la «vestimenta» de una persona a la que luego identificaron con Mattin Sarasola. «Nos resultó llamativa» la indumentaria, «llevaba una muleta, una gorra con un anagrama y una especie de mascarilla para no ser reconocido facialmente». Era una persona «alta» y también les resultó sospechoso el hecho de que no cojeara al andar, pese a la muleta, y que no estaba haciendo un «recorrido normal» sino restringido. «El conductor de la furgoneta llevaba una gorra, no se veía la imagen facial, pero tenía también una especie de anagrama, era parecida», añadió el testigo.
Un funcionario de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid relató la confusión inicial, cuando «quien hizo la llamada» alertando sobre la colocación de la furgoneta bomba dio «una numeración errónea» de la matrícula del coche.
Antes del inicio del juicio, el tribunal admitió una prueba pericial que había sido presentada por la Fiscalía, que acredita que San Sebastián es el autor caligráfico de las anotaciones de dos números de teléfono del Parque de Bomberos de Madrid donde se recibió una de las llamadas de alerta, hallados en un post-it intervenido en un domicilio de Lesaka relacionado con este presunto etarra procesado.
DATOS
Víctimas: El atentado costó la vida a los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, de 35 y 19 años, respectivamente. Se habían quedado dormidos en sus coches en el módulo D del aparcamiento de la T-4. Además, la deflagración dejó un saldo de 41 heridos.
Pérdidas: La explosión causó daños valorados en 30 millones de euros en el aparcamiento y de 4,5 millones en la terminal. Quedaron destrozados 300 coches.
Petición fiscal: Pide 900 años de cárcel por dos delitos consumados de asesinato terrorista, uno de estragos terroristas y 41 de intento de asesinato. Además, reclama unas indemnizaciones de 500.000 euros a cada una de las familias de los dos fallecidos.
EL DIARIO VASCO, 4/5/2010