EL CONFIDENCIAL 10/10/15
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
El día 11 de enero está previsto el inicio de la vista oral del caso Nòos en Palma de Mallorca. Por primera vez en la historia de España una Infanta se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de dos delitos fiscales. Cristina de Borbón y Grecia, aunque desposeída por su hermano, el Rey, del título de Duquesa de Palma, acudirá a la cita judicial sin haber renunciado a los derechos sucesorios a la Jefatura del Estado de los que es titular. Es la sexta persona en el orden sucesorio, según establece el artículo 57.1 de la Constitución. Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno no ha encontrado ocasión para, mediante una ley orgánica, forzar a que las personas imputadas, y con juicio oral abierto, deban renunciar ipso facto a la sucesión. Se ha dejado, en consecuencia, que la terquedad de la Infanta conduzca a la Corona a una situación algo más que incómoda, quizás fiada la hermana de Felipe VI de que se levantará del banquillo de modo inmediato por la aplicación en cuestión previa de la denominada ‘doctrina Botín’, ya que ni la fiscalía ni la abogacía del Estado sostienen acusación alguna contra ella.
Conviene que no nos engañemos. Lo esencial de este juicio es su aspecto político. Otros acusados -aunque la Sala haya rechazado la testifical solicitada- han pedido que compareciese desde Don Juan Carlos hasta la Infanta Elena. La tesis central de la defensa de Diego Torres, socio del malhadado Urdangarin, es que el Rey emérito estaba tras de sus andanzas y las secundaba. Por eso, el desfile de testigos será impresionante: de entre los más de 360 que depondrán en el juicio, estarán dos exjefes de la Casa del Rey y hombres muy próximos a Don Juan Carlos, como el conde de Fontao. Exministros, expresidentes de comunidades autónomas y altos cargos pasarán por la sala de vistas -por cierto, y lamentablemente, la inmensa mayoría pertenecientes al PP (Ruiz-Gallardón, Ana Botella, Rodrigo Rato, Francisco Camps, Rita Barberá…)- con lo cual estaremos ante el enjuiciamiento de toda una época tanto de la derecha como de la propia Monarquía.
Pese al tiempo transcurrido, el Gobierno no ha encontrado ocasión para forzar a que las personas imputadas deban renunciar ipso facto a la sucesión
Este juicio acaece cuando el terreno está abonado en España para el revisionismo más radical. La emergencia de fuerzas políticas que reclaman la apertura de un proceso constituyente coincide con el criterio generalizado de que la Constitución requiere de reformas, a las que el Gobierno del PP se niega porque sabe que abriría una caja de Pandora, tanto en la cuestión territorial como en la forma de Estado, ya que hay que reformar el Título II de la Carta Magna que prevalece al varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona, reforma que requiere de disolución de Cortes y referéndum. El empuje político al proceso constituyente se configura como una pinza. Por una parte, determinada izquierda -más amplia de la que representa Podemos- y, por otra, los secesionismos que reclaman un Estado plurinacional con expreso reconocimiento del derecho de segregación. Y la razón clave que ofrecen estos revisionistas consiste en la falta de legitimidad en el origen de la actual Constitución que traería causa del franquismo, siendo la Monarquía constitucional el legado más obvio de la dictadura.
El profesor Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha publicado recientemente un ensayo implacable pero no novedoso sobre la ilegitimidad de la Constitución (‘La reforma constitucional inviable’, Editorial Catarata) que podría ser como el catecismo de la corriente jurídica y política que propugna un proceso constituyente. El Capítulo 4º de este libro (‘La restauración de la monarquía. Presupuesto del bloque normativo respecto del derecho de participación’) resucita todos los argumentos que durante el debate constitucional quedaron ya arrumbados y caducaron. “La restauración monárquica, dice Pérez Royo, no se produce, pues, con la proclamación de don Juan Carlos como rey tras la muerte del general Franco, sino que se había producido ya en los años cuarenta”. Y más adelante sostiene que “la transición es, pues, en su origen una operación para asegurar el éxito de la restauración de la monarquía que pone en marcha el propio rey…” El catedrático andaluz parece, además, sorprenderse de un dato que es ciertamente histórico: “La crisis de legitimidad de la institución monárquica ha acabado siempre siendo definitiva e irreversible. En España no.” De ahí que Pérez Royo haya declarado: “No hay que reformar la Constitución, hay que volarla” (‘La Vanguardia’, de 6 de octubre).
Este juicio acaece cuando el terreno está abonado en España para el revisionismo más radical
¿Qué tiene que ver todo esto con el juicio? Mucho. Demasiado. Porque ante la opinión pública aparecerá una Monarquía muchos años desregulada de la que se olvidarán sus méritos contraídos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, los servicios de Don Juan Carlos, y tomará el primer plano de la fase final de su reinado que fue ciertamente desdichado. Urdangarin quintaesencia, con su esposa la Infanta Cristina, todo lo que es indeseable en la Corona, olvidando, sin embargo, que Don Juan Carlos abdicó y que su hijo Felipe VI ha introducido la Jefatura del Estado en una dinámica que nada tiene que ver con ese pasado reciente. Un Rey al que alguna izquierda y los nacionalismos separatistas desplantan. Sea con pitadas al himno y a su persona, sea con la ausencia de sus parlamentarios en Europa cuando el monarca se dirige a la Cámara de la UE -ocurrió el miércoles en Bruselas-, sea arrasando con la simbología borbónica como está ocurriendo en Barcelona.
El juicio a Urdangarin y a la Infanta lo será a la Monarquía. Que nadie se engañe. Y lo será a la derecha -al PP- que declinó ante el yerno del Rey emérito con cortesanías anacrónicas. Se va a hacer un paquete político-judicial para enhebrar un discurso deslegitimador ante el que los partidos cuya opción constituyente fue la monarquía parlamentaria -y los ciudadanos que la han secundado reiteradamente- habrán de estar atentos porque habrá una sísmica política muy arriesgada y de posibles graves consecuencias. Lo de menos -siendo importante- es el presunto enriquecimiento injusto de los acusados. Lo que de verdad importa es que, a propósito de la bendita igualdad ante la ley, los que debieran alabar el sistema que posibilita sentar a la hermana del Rey en un banquillo utilicen la eficiencia ética y la vigencia del principio de igualdad en el sistema para erosionarlo.