ABC – 04/11/15
· Alerta de la imagen de debilidad que provoca denunciar la sumisión a la CUP.
La cuenta atrás para la investidura de Artur Mas ha comenzado. Y los nervios están a flor de piel. El presidente en funciones no tiene garantizado el voto de la CUP, por lo que las críticas de los consejeros de su Gobierno se producen en el peor momento. Tal como publicó ABC, varios miembros de su Ejecutivo pusieron en tela de juicio las concesiones hechas a la formación antisistema con la firma de un documento de ruptura que será aprobado la semana próxima en el Parlamento autonómico.
Artur Mas, ayer en la reunión del Gobierno autonómico en funciones.
Evitar filtraciones El Gobierno catalán adoptará medidas para evitar filtraciones, según la vicepresidenta Munté.
Depuración Los consejeros críticos con el «chantaje» de la CUP tienen pocos números para repetir en el Ejecutivo.
Esos consejeros díscolos elevaron su voz en la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada el 27 de octubre. Ayer, Mas aprovechó este encuentro semanal para regañarles. También para advertirles de que la filtración de las deliberaciones del Gobierno catalán, que teóricamente son secretas, ofrecen una imagen de debilidad que en nada favorece a la renovación de su presidencia. Según admitió la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat en funciones, Neus Munté, el líder de Convergència expresó su malestar en la reunión celebrada ayer, así como la necesidad de buscar medidas para evitar que esos enfrentamientos entre miembros del Ejecutivo salgan a la luz pública.
Espíritu conservador
Las críticas vertidas hacia lo que es calificado como «chantaje» de la CUP ha permitido visualizar el enfrentamiento entre la guardia pretoriana de Mas, a la que pertenece la propia Munté, y el espíritu conservador de veteranos convergentes, que no acaban de asimilar la entente con una formación que propone la salida de la Unión Europea, nacionalizar la banca o colectivizar la propiedad privada.
Uno de esos consejeros es el actual titular de Empresa, Felip Puig, quien curiosamente, es el primer convergente que admitió públicamente su condición independentista. Para Puig, según su entorno, ya resultaba insufrible el pacto que Mas hizo con ERC en la anterior legislatura. Puig ha pasado por el tamiz del mundo empresarial, escandalizado con las intenciones secesionistas del líder de CDC. Dentro de Convergència, nunca perteneció a la «familia» de Mas, por lo que hace tiempo que tiene asumido que será uno de los damnificados del actual proceso secesionista. La CUP pide su cabeza porque fue titular de Interior, al igual que la de Boí Ruiz, consejero de Sanidad. A diferencia de Puig, que fue uno de los miembros del Ejecutivo de Mas que expresó su rechazo al acuerdo de ruptura, Ruiz no intervino en la anterior reunión, pero en privado ha dado señales de agotamiento independentista. Ruiz ha parado los golpes por los recortes que iban dirigidos contra Mas y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, otro de los díscolos.
Fabulaciones
Mas-Colell y Ruiz han confesado públicamente que no quieren repetir como consejeros. Y, de hecho, parece que Artur Mas ya no cuenta con ellos en caso de que sea investido de nuevo presidente de la Generalitat. Algunas fuentes apuntan a que el convergente comienza ya a fabular con un nuevo Ejecutivo, en el que tampoco estaría Germà Gordó ni Irene Rigau, consejeros respectivamente de Justicia y Enseñanza, según informó la emisora RAC1.
Munté tendría garantizado un cargo en ese Gobierno, pues sus antecedentes sindicales la hacen óptima a los ojos de la CUP. Esta formación propone un Ejecutivo coral o colegiado, con varias vicepresidencias, en el que ERC también debe ocupar un lugar preeminente. Se ha hablado de que Oriol Junqueras podría ser el máximo responsable de Economía. Y también de que Josep Rull, número dos de CDC, podría tener, asimismo, un puesto en ese Gobierno.
Rull es uno de los convergentes más activistas del proceso independentista y, el pasado viernes, censuró a los consejeros críticos con el acuerdo de máximos pactado con la CUP. Recordó que este documento cuenta con el visto bueno de los órganos de dirección de Convergència. Y aunque en esa declaración de independencia hay párrafos que parecen haber sido introducidos al dictado de la formación liderada por Antonio Baños –proceso de desconexión, desacato a las instituciones del Estado, especialmente al Tribunal Constitucional…–, los negociadores del acuerdo se vanaglorian de haber «colado un gol» a la CUP: la voluntad de negociar con el Estado, la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional.
Además, los convergentes son conscientes de que ni a la CUP ni a JpS conviene un bloqueo que fuerce la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas, que es el ultimátum que utilizan los convergentes.
Ronda de contactos
El tiempo dirá si esos cálculos sobre el nuevo Gobierno catalán se llevan a la práctica o hay nuevas elecciones, pues de momento, Artur Mas no cuenta con respaldo suficiente para ser investido. Munté está convencida de que es posible que «todo avance positivamente» en el marco de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP. La CUP decidirá el sábado en una asamblea nacional que tendrá lugar en Perpiñán (Francia) si se abstiene en las primeras votaciones de la investidura, que es la hipótesis más probable, pero mantendrá abierta la negociación.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, comienza hoy la ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos previa al Pleno de la investidura con encuentros con Lluís Rabell (Sí Que Es Pot) y Antonio Baños (CUP). Cuando acabe las consultas, Forcadell deberá proponer un candidato y convocar el Pleno. El plazo para convocarlo es de diez días hábiles tras la constitución del Parlamento autonómico, por lo que expira el lunes.