ABC – 19/08/16
· El candidato del PP acepta la condición de Ciudadanos de fijar la fecha del debate, pese a no tener garantizados los votos de la elección.
Pasaban apenas cinco minutos de las seis de la tarde cuando Ana Pastor, presidenta del Congreso, desvelaba la fecha más esperada de las últimas semanas: la convocatoria del pleno de investidura, el 30 de agosto. Su anuncio pone en marcha todo un proceso que llevará a Rajoy a enfrentarse a dos votaciones en el Hemiciclo –los días 31 de agosto y 2 de septiembre– sin tener totalmente amarrados los apoyos que necesita para salir airoso. Si la investidura es fallida, los plazos llevarían a unas terceras elecciones que insólitamente se celebrarían el 25 de diciembre.
No obstante, no hay que olvidar que la Constitución, en su artículo 99, fija que pueden darse varias investiduras desde la primera. Esto significa que si Rajoy fracasa en su intento de ser investido presidente en la semana del 30 de agosto al 2 de septiembre, se podrán tramitar «sucesivas propuestas» hasta que se cumplan los dos meses fijados desde la convocatoria del pleno. Eso le da un margen al líder popular para continuar negociando hasta finales de octubre, e intentando convencer al PSOE de que se abstenga, la única posibilidad aritmética para que Rajoy sea presidente. De hecho, en la dirección del PP apuntan con fuerza a una nueva investidura que se produciría después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.
Sin certeza absoluta
El presidente aseguró ayer que estaba «en disposición para acudir» ante el pleno como candidato, y lo explicó: «A una sesión de investidura no se puede ir cuando uno tiene la certeza absoluta de que no va a ser investido». Lo que traducido significa que ahora ya no está seguro de que le vayan a rechazar.
La «amenaza» de esas elecciones el 25 de diciembre puede ser demasiado fuerte para que los socialistas lo soporten: tras escuchar a referentes históricos como Felipe González sugiriendo el cambio del «no» a la abstención, o al también expresidente Zapatero –«padre» político de Pedro Sánchez– proponiendo abrir el debate interno en el PSOE sobre ese asunto, ahora el PP intentará hacerles «cargar» con la culpa de llevar a «36 millones de españoles a las urnas el día de Navidad», como le recriminaba ya ayer en Twitter el popular Xavier García-Albiol.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor –que comunicó al Rey la fecha–, no quiso entrar en la inconveniencia de la fecha –que eligen entre ella y el presidente Rajoy–, y se limitó a señalar que «he tenido en cuenta algo que comparten la inmensa mayoría de los españoles: que España tenga Gobierno lo antes posible».
Hablar con Sánchez
Rajoy cuenta, de momento, y si la negociación prospera, con sus 137 diputados, los 32 de Ciudadanos y el escaño de Coalición Canaria, grupo con el que también ha hablado el líder popular. Total, 170. Y enfrente, tiene a 180. Lo que significa que los números no le dan a Rajoy para ser presidente, salvo que pese en el ánimo de algunos diputados –con once abstenciones le bastan–, lo que dijo el presidente socialista de Extremadura Guillermo
Fernández-Vara: «Con 170 votos, a ver quién es el guapo que dice que no».
De momento, Rajoy tiene intención de intentar de nuevo hablar con Pedro Sánchez, al que «pedirá su colaboración o que plantee la alternativa oportuna». Hasta ahora no ha tenido mucho éxito en sus contactos con el líder socialista: Rajoy intentó ponerse en contacto con él el martes por la noche a través de su gabinete, y la respuesta (que llegó el miércoles a las 10.06 horas) fue un sonoro «no».
No obstante, ayer aseguró que insistiría porque Pedro Sánchez «debe colaborar para que haya Gobierno; lo contrario sería un fracaso sin paliativos». Al cierre de esta edición, aún no se había producido otro contacto entre La Moncloa y el PSOE, aseguraron fuentes gubernamentales.
Respecto a la fecha elegida, era la preferida por Ciudadanos, interesados en desbloquear la situación e intentar la formación de un gobierno lo antes posible. Si las negociaciones empiezan hoy, calculaban un mínimo de siete a diez días para que cuajaran en un acuerdo razonable. Eso hacía de la última semana de agosto la primera fecha disponible para convocar el pleno de investidura y poner en marcha los plazos.
ABC – 19/08/16