Merkel, la amiga de Rajoy, lo ha explicado así: «Hay que gastar menos. No se puede derrochar indefinidamente por encima de lo que se ingresa». Que se lo digan a Grecia. En la Europa anterior al euro, la desmesura en el gasto se solucionaba con la devaluación de la moneda. En la América populista esa fórmula terminó enchironando a la economía de algunos países en atroces corralitos. Para el equilibrio presupuestario es necesario producir más y mejor pero, sobre todo, gastar menos. El despilfarro sin tino, el permanente derroche, el nepotismo desbordado, el amiguismo tenaz se encuentran en la raíz del déficit. Hemos creado 17 Estados de pitiminí y casi todos se dedican a dilapidar en una burocracia creciente, en palacios suntuosos, en incontables edificios, en la orgía de los automóviles, en los viajes gratis total, en las prebendas que se multiplican año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día.
Dos ejemplos: el Tribunal de Cuentas, que nos fiscaliza a todos, podría funcionar, según los expertos, con 260 empleados. Pagamos a 700, más de un centenar de los cuales, según informó el diario El País, son parientes entre ellos. El sindicalista de UGT, Julio Ronda, expresidente del comité de empresa, enchufó a su primera mujer y a sus dos hijos; a su segunda mujer, a su nuera, a su cuñado y a dos sobrinos. Otro ugetista, Alberto Otero, fue más comedido y solo colocó en el Tribunal de Cuentas a su hijo, a su hermana, a su hermano, a dos cuñados y a un primo. El segundo ejemplo al que voy a referirme es la televisión valenciana, un pequeño canal de provincias, cuya nómina de 1.800 empleados superó a la suma de Antena 3, Telecinco, la Cuatro y la Sexta. Y no olvidemos el renglón de las empresas públicas que, entre las cuatro administraciones, se mueven en el entorno de 4.000, la inmensa mayoría deficitarias e innecesarias. Bueno, innecesarias, no. Necesarias para colocar en ellas a parientes, amiguetes y paniaguados. Otro escándalo superlativo instrumentado por los partidos políticos en un alarde de cinismo.
En 1977 pagábamos en España a 700.000 funcionarios y empleados públicos. El año pasado, a más de 3.000.000. Pero Montoro hace sus cuentas y, con el mayor simplismo, soluciona las exigencias de la Europa unida subiendo los impuestos, en lugar de reducir el gasto, empezando por los partidos políticos y las centrales sindicales. Cada vez se hace más necesaria una ley que diga: «Ningún partido político, ninguna central sindical podrá gastar un euro más de lo que ingrese a través de las cuotas de los afiliados».
Reducción del gasto, en fin, eso es lo que exige la salud económica de España y, sobre todo, la decencia de una clase política zarandeada hoy hasta la náusea por la incontenible corrupción.