El PSOE valoró ayer positivamente el acuerdo alcanzado por el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y el PNV. La Gestora no tiene plena confianza en la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, tras la crisis desatada en el partido en los últimos meses. Las conversaciones previas entre el presidente de la Gestora, Javier Fernández, y Mendia, existieron, pero no disiparon la desconfianza, según fuentes socialistas.
Como dijo el portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, en Cuatro, el acuerdo es «una buena noticia para Euskadi y para España». Pero también mantuvo cierta frialdad y supeditó toda su valoración a que la que hacía en ese momento era una consideración «de partida». Fuentes próximas a la dirección socialista aseguraron que el acuerdo es «muy positivo en su conjunto», aunque mantienen «algunas dudas», como la referencia a la Seguridad Social, o la ambigüedad sobre cómo se debería llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía, ya que no cita al Congreso de los Diputados.
Las mismas fuentes destacaron que el acuerdo es muy bueno especialmente teniendo también en cuenta la deriva independentista de Cataluña. Y lo pusieron como ejemplo de cómo el PSOE –o el PSE-EE o el PSC en su caso– pueden moderar al nacionalismo y atraerlo a la senda del cumplimiento de la legalidad. «Las 70 páginas del acuerdo están salpicadas de algunos puntos inquietantes», aseguraron desde el entorno de la Gestora, «pero estas cuestiones después están condicionadas al cumplimiento de la legalidad vigente».
Los recelos han presidido los contactos de los últimos días entre Fernández y Mendia. Hablaron el viernes, el domingo y ayer lunes, ya después de que la secretaria general de los socialistas vascos enviara a Ferraz el texto que por la tarde aprobó el Comité Nacional del PSE.
Además de Jiménez se pronunció el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, y en el mismo sentido. Cornejo consideró desde Sevilla que el acuerdo es «bueno para España» porque garantizará el «cumplimiento de la legalidad» ante el debate territorial. «Es un buen acuerdo para España; el Partido Socialista vuelve a demostrar que es una formación responsable donde tiene presencia y que siempre va a trabajar por la estabilidad», dijo en conferencia de prensa, según informa Efe.
Los socialistas vascos tienen claro que el acuerdo es «impecable» y que «garantiza que Euskadi no se deslice por la peligrosa senda seguida por Cataluña». Por ello, fuentes de la dirección del PSE echaron en falta un pronunciamiento más rotundo de Ferraz para poner en valor «la capacidad de los socialistas de condicionar la política».
Su aportación fundamental, defienden, ha sido hacer que el PNV acepte ceñirse a la legalidad. Los nacionalistas vascos han conseguido que el PSE acepte debatir y abordar como ejes prioritarios de la reforma del Estatuto el reconocimiento de Euskadi como nación y el «derecho a decidir del pueblo vasco», pero siempre que su ejercicio esté «pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento».
Como aseguró Mendia ante el Comité Nacional del PSE, el acuerdo «plantea una nueva conversación con España» para «seguir viviendo juntos respetando las singularidades dentro de una España plural». Todo ello «frente al diálogo de sordos en el que está Cataluña» y «frente a los que buscan la desconexión».
Los socialistas vascos han pactado debatir el llamado derecho a decidir aunque consideran que «no existe como tal». Y, en caso de existir, se ejerce a través de los procedimientos democráticos, a través del Parlamento Vasco o el Congreso o, de manera directa, en caso de referéndum.
En cuanto al término nación, el PSE-EE dice que ni «lo sacraliza», ni «lo considera un tabú». De hecho, está dispuesto a incorporarlo al Estatuto, pero sólo «si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada».
La Gestora del PSOE no se manifestó con gran entusiasmo sobre el acuerdo, pero desde otros sectores socialistas sí se dio la bienvenida al pacto alcanzado con el PNV. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, por ejemplo, lo consideró «muy positivo» porque «garantiza la estabilidad y las políticas sociales».