Francisco Sosa Wagner regresó a su vida de pensador de provincias tras una incursión en la política que acabó de forma abrupta. Meses después de abandonar UPyD por un desencuentro con la dirección, desapareció incluso el propio partido. El ex eurodiputado y catedrático de Derecho Administrativo incluye algunas propuestas controvertidas para reformar la Justicia en su último libro. Cómo evitar la politización del Poder Judicial. He aquí la cuestión.
Pregunta.–Su último libro disecciona los problemas de la Justicia con un título que no sé si es retórico: Independencia del juez: ¿una fábula?
Respuesta.–La motivación que me llevó a escribir el libro es esta obsesión que existe en el debate público en España sobre si al CGPJ lo van a elegir las asociaciones de jueces o los partidos políticos. Ése no es el problema central del Poder Judicial ni de la independencia de la Justicia.
P.– ¿Cuál es el problema entonces?
R.– La independencia de la Justicia ganaría mucho con tres reformas sencillas que no obligan a cambiar la Constitución. Una, suprimir los nombramientos discrecionales de la élite judicial, tribunales de Justicia, sustituirla por un sistema reglado de concursos, que desaparezca el enredo asociativo. Dos, la supresión de las puertas giratorias entre la Justicia y la política. Tres, eliminar los nombramientos de las asambleas de las comunidades autónomas de un magistrado que va a una Sala que, casualmente, se encarga de los aforados.
P.– Los informes europeos subrayan la politización de la Justicia.
R.– Tratan a España como si fuera una república bananera. Y no es cierto lo que se dice. El magistrado español, en general, trabaja mucho. Los despachos están llenos de sumarios. La administración de Justicia funciona bastante bien, tiene mala imagen, pero es injusta. Por eso el libro lo dedico a los miles de jueces que están en su puesto de trabajo, a un juez nadie lo llama por teléfono para pedirle que le trate bien en tal o cual causa. Ni por asomo. Lo que sucede es que estas personas que hacen los informes en Europa ven el CGPJ, los nombramientos del Supremo y dicen: «Esto no puede ser». Pero el CGPJ no es una pieza indispensable en un Estado de Derecho.
P.– ¿Podría desaparecer y no pasaría nada?
R.– Podría desaparecer. Yo no digo que desaparezca, sí que debería reducirse a la mínima expresión. Su desaparición no sería una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Judicial lo ostentan los jueces individualmente considerados. Cuando un juez pone una sentencia en el último pueblo, eso es el Poder Judicial.
P.–¿Por qué se creó el CGPJ?
R.–El CGPJ es un deseo de autogobierno corporativo de los jueces, que no tiene nada que ver con la independencia judicial. Alemania, por ejemplo, carece de este gobierno corporativo, lo tienen Francia e Italia. Nosotros lo copiamos de los italianos, aunque el origen de ese autogobierno está en la dictadura de Primo de Rivera. Los legisladores creen de buena fe que eso es lo que va a garantizar la independencia judicial. Pero ese principio sólo lo garantiza la vida reglada de los jueces, que ingresen por unas pruebas públicas, que asciendan por un mecanismo objetivo, que se puedan jubilar por criterios objetivos y no políticos.
P.– ¿No se fía tampoco de las asociaciones?
R.–La mitad de los jueces no están asociados y son dos las asociaciones –o dos y media– las que parten el bacalao. El magistrado que quiere dar el paso de prosperar y llegar al Supremo, no lo puede dar sin meterse en una asociación. El peso lo tienen las asociaciones, que se hacen con su parcela de poder.
P.–¿Qué opina de las propuestas que PP y Ciudadanos incorporaron a su acuerdo de investidura sobre la reforma de la Justicia?
R.–Que no son suficientes, que es el camino equivocado. Se vuelve a insistir en los nombramientos de los miembros del CGPJ. Los jueces podrían elegir a una serie de personas, y después los grupos parlamentarios no tendrían por qué enredar. Si todos los candidatos son iguales, tienen los mismos méritos y han sido propuestos por las asociaciones de jueces al Parlamento, se meten en el bombo y lo que salga. Por sorteo. El sorteo es una herramienta que enriquece los procesos de elección.
P.–¿También los magistrados del Tribunal Constitucional se elegirían por sorteo?
R.– En todos los países en los que existe TC la politización es extrema. En el caso del Supremo de EEUU, acabamos de ver que a Obama no le han dejado elegir una plaza que estaba vacante. En el caso alemán, también lo eligen los partidos. Pero luego, en el ejercicio de la función, se olvida de su origen. En España, se podría resolver poniendo unos requisitos para formar parte del TC. Sólo se necesita convocar un concurso, que se presenten los que quieran. A esas personas el Parlamento las recibe y las somete a una audiencia seria. Que pasen los controles parlamentarios, técnicos o incluso políticos. Sobre esa base se elige. Y los que queden, al bombo.
P.– Propone trasladar el TC a una ciudad pequeña. ¿Para qué?
R.–Creo que sería bueno que se vaya de Madrid a una ciudad más pequeña, suelo decir sin AVE y sin obispo. El ejemplo alemán es muy claro, el TC no está en Berlín, está en Karlsruhe. Para evitar la cercanía con el poder, no sería malo que estuviera en una ciudad, pero no digo Barcelona, digo, por ejemplo, Soria.