El Gobierno busca cómo superar el muro independentista. El primer paso ha sido comisionar a la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales para que mantenga contacto constante con los representantes de las fuerzas políticas, de la sociedad civil y del empresariado catalán. Se trata de ir tejiendo una red que sostenga la acción del Estado en la búsqueda de soluciones para los problemas de los ciudadanos. El segundo paso es consolidar el frente constitucionalista en Madrid y en Barcelona. Ayer, Santamaría instó al PSOE a ir de la mano en este empeño y encontró una disposición muy favorable en el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
No es la primera vez que desde el Gobierno se llama a la puerta del PSOE para hacer frente común ante el reto soberanista, pero ayer la vicepresidenta lo hizo públicamente en los micrófonos de la Cope después de reconocer el «error» cometido por el PP al impulsar, en 2006, una campaña de recogida de firmas en contra del Estatut, una acción que fue considerada todo un agravio y una declaración de hostilidades por buena parte de los catalanes.
Santamaría admitió que la equivocación estuvo en «no haber trabajado previamente, PP y PSOE, para llegar a un acuerdo» y en su lugar «proceder unilateralmente unos y otros». Por parte de los socialistas, la falta, en su opinión, fue preferir pactar con los nacionalistas antes que con los populares.
El reconocimiento de culpa es algo que desde las filas del PSC se ha reclamado en muchas ocasiones. Ayer, a la misma hora que hablaba la vicepresidenta, Iceta explicaba en RNE la conveniencia de que el Partido Popular diga que «no estuvo acertado» y quizá así, argumentó, muchos catalanes creerán que ahora la disposición del Gobierno es distinta.
Lo cierto es que ahora, el Ejecutivo cree que es el momento de imprimir un cambio en las actitudes. En el «diseño institucional», afirmó Santamaría, deben ir juntos los dos grandes partidos. Más aún, «no se debería cambiar una sola baldosa del edificio sin estar ambos de acuerdo», recalcó.
La vicepresidenta ya dio la semana pasada el primer paso para trabar complicidades con el encuentro que mantuvo en Barcelona con el primer secretario del PSC y con la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Reuniones que no fueron bien acogidas por la Generalitat que, apenas un día más tarde, respondía con la convocatoria, para el próximo día 23, de una cumbre de fuerzas pro independentistas para ratificar la hoja de ruta hacia el referéndum de secesión. Una decisión del president Carles Puigdemont que ayer mismo fue calificada de «profundísimo error» por el líder del PSC.
Iceta, que no ha dudado en elogiar la nueva «predisposición» del Gobierno hacia el diálogo con Cataluña, lamenta que la Generalitat se niegue a estrechar la mano que se le tiende desde Madrid. El líder de los socialistas catalanes incluso se ha ofrecido a actuar como eslabón que facilite el encuentro entre las dos partes. En su opinión «vale la pena explorar la nueva posibilidad» aunque, a estas alturas con los problemas tan enconados, no sea una tarea fácil.
De partida, en lo que coinciden plenamente la vicepresidenta y el primer secretario del PSC es en reclamar a Puigdemont un ejercicio de reflexión sobre la conveniencia de insistir en una vía, la del referéndum ilegal, que está condenada una vez más al fracaso.
«No habrá referéndum, ni negociado ni a las bravas», advirtió Iceta, para quien lo apropiado sería buscar un camino «más razonable», tal y como preconiza la número dos del Gobierno, que posibilite una mejora de la financiación, más inversiones e incluso un mayor autogobierno.
Santamaría, de hecho, añade a esta lista muy genérica la disposición a estudiar todos los puntos del informe entregado por Puigdemont a Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Todos…, menos uno: el que reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Esa exigencia sigue incurriendo en el terreno vetado de la inconstitucionalidad, que no puede ser transitado por ningún Gobierno. La vicepresidenta siempre se refiere a ese documento como el de «45 puntos más uno», para recalcar la diferencia que existe entre peticiones que, de una u otra forma, pueden ser discutidas y acordadas y una exigencia imposible de satisfacer.
Ella asegura, en cualquier caso, que existen «instrumentos de todo tipo» para impedir la celebración del referéndum si, pese a todo, la Generalitat, en su opinión obligada por la CUP, se empeña en su deriva radical. El Gobierno está decidido a actuar con todos los medios que le proporciona la ley para evitar que desde Cataluña se torpedee la unidad y la soberanía nacional.
Mañana, en el Congreso se escenificará la coincidencia entre PP, PSOE y Ciudadanos en este debate cuando se someta a votación el texto de PDECat (antigua Convergència) en el que se propone crear un grupo de trabajo en la Cámara que, en el plazo de tres meses, busque una salida política al problema catalán que incluya la celebración de un referéndum. El PSOE ofrecerá una redacción alternativa, como anunció ayer su portavoz Antonio Hernando, pero si los independentistas catalanes la rechazan, los socialistas votarán en contra de su moción. Para ellos no es aceptable la consulta secesionista.