Rajoy, profeta en su tierra. Diez años después, su vicepresidenta ha dicho que aquella recogida de firmas fue un error; que hubiese sido mejor pactar el Estatuto con el PSOE y no proceder unilateralmente «unos y otros».
La operación diálogo ha sido, desde el primer acto, puro teatro. El día que tomó posesión de su despacho en Barcelona, Santamaría proclamó: «Voy a hacerme imprescindible, confundirme con el ambiente». La frase es de diván argentino. Santamaría fantasea con la cima del poder español gracias a su especial interlocución con Cataluña (y con el Grupo Prisa). También le pasó a Rato. Y con la vanidad, el engaño. La palabra diálogo siempre requiere cautelas: es uno de los conceptos más viciados de la política. En el actual contexto catalán, su mera invocación, publicitaria, táctica, emancipada de la realidad, perpetúa la superchería nacionalista. ¡Nos dará votos!, piensan en Moncloa. No será al PP. La Generalidad engaña al Gobierno. El Gobierno engaña a la Generalidad. Y ambos engañan a los ciudadanos cuando alientan la falacia de que el desafío separatista tiene una solución dialogada. Habrá vencedores y vencidos.
Puigdemont no renunciará al referéndum a cambio de dinero. ¿Y qué margen queda para un reconocimiento identitario puramente simbólico? Los sueños separatistas socavan el suelo democrático: la ciudadanía de cada español, el derecho de los niños catalanes a ser educados en la lengua común, la idea y realidad de una España justa y moderna.
Santamaría ha encargado a los ministros que elaboren informes sobre 45 de las 46 exigencias de Puigdemont. Otro esfuerzo melancólico. El único punto relevante es el primero: «Como mínimo, un referéndum». Todo lo demás es relleno victimista. Medias verdades. Falsedades a secas. Cifras a voleo, sin atribución de fuente ni posibilidad de comprobación. Confusión deliberada entre el impacto de la crisis económica en España y la voluntad de asfixiar a Cataluña. Y entre la obligada acción de la Justicia y la persecución de las instituciones catalanas. Contradicciones palmarias, como invocar al TC y rechazar su legitimidad. Nula autocrítica por el boquete fiscal catalán, que se imputa en exclusiva al Estado. Silencio sepulcral sobre los fondos despilfarrados en la construcción nacional. Indignación ante el freno a los traspasos en plena embestida separatista. El documento llega a exigir al Estado un mayor «respeto por el modelo de escuela catalana». No bastan 30 años de dejación ante el incumplimiento de las sentencias lingüísticas.
La comedia ha durado una semana. Esto opinaban Santamaría y su entorno el 8 de diciembre, según publicó este periódico:
– «En Moncloa aseguran percibir ahora, tras la formación del nuevo Ejecutivo, señales que propician un marco más favorable para el entendimiento».
– «Santamaría incluso apunta haber constatado diferencias positivas entre su primer cara a cara con Francesc Homs y el cruce que mantuvieron en la Comisión Constitucional. En Moncloa quedaron gratamente sorprendidos ante esta actitud».
– «El Gobierno se encuentra, en consecuencia, razonablemente satisfecho. En Moncloa ya no se ve ‘sentimiento revolucionario en Cataluña’. Creen que la efervescencia independentista ha bajado perceptiblemente».
Esto han dicho y hecho los interlocutores de Santamaría estos últimos días:
Homs:
– «¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviarán matones? ¿Policías? Pues habrá urnas».
– «Hemos analizado la capacidad real que tiene el Estado para actuar. No se atreverán a inhabilitar a 650 alcaldes. Sabemos dónde están sus límites».
Puigdemont:
– Mantiene la cumbre por el referéndum del viernes, y cambia la hora para facilitar la incorporación de Colau.
– No envía delegados a la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes convocada por Santamaría para enero, pero sí a una reunión con el Sinn Féin.
– Avala la inédita decisión del Parlamento catalán de no presentar candidato al TC.
– «Forcadell seguirá siendo la presidenta que ha escogido el pueblo, aunque la inhabiliten».
– «Celebraremos el referéndum en 2017 de forma indefectible».
La Vanguardia:
– El sábado, en portada: «La acusación a Forcadell pone trabas a la operación diálogo». (La Justicia, culpable).
– Subtítulo: «Independentistas y comunes se unen en defensa de la democracia ante la declaración en el TSJC». (En defensa de la democracia, así, sin comillas).
El desafío secesionista sólo tiene un horizonte. Cataluña tocará fondo, como el PSOE en su estrambótico Comité Federal. Y será pronto. En lugar de pedir informes para la galería, Santamaría debería estudiar a fondo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De paso, puede pedir una cita con Tony Blair, que tiene una larga y exitosa experiencia en intervenciones políticas de comunidades insurrectas. Y, sobre todo, debería preparar a la opinión pública. Menos gestos vacíos y más pedagogía democrática. Cargarse de razones no es sinónimo de dar la razón, aunque sea de forma parcial o retroactiva, al adversario. Tampoco es alentar opciones condenadas al fracaso para repartir mejor la frustración. Es demostrar hasta qué punto el proyecto nacionalista amenaza la convivencia, el progreso y la libertad.
El sábado, Santamaría regresó a Barcelona para perfilar la ponencia territorial que el PP va a presentar en su Congreso de febrero, el primero en cinco años. Único titular en los medios: «El PP quiere restar poder a las diputaciones». Claro que había que abrir despacho en Barcelona. Pero para hacer política como la entendía Tarradellas. En 1982, le dijo a Iván Tubau: «La gente de este país no quiere saber la verdad, quiere que la sigan engañando». Y advirtió: tarde o temprano habrá que «deshacer lo que éstos de ahora han hecho». Encarar la realidad. Cambiar el ambiente.