El Gobierno ofrecerá formalmente modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, después de que el Grupo Socialista haya presentado en el Congreso una proposición de ley con la que pretende sustituir la legislación popular. Fuentes del Gobierno explicaron ayer que se trata de una iniciativa de Moncloa y que será el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien realice la oferta a la oposición.
Zoido interviene mañana en la Comisión de Interior del Congreso para presentar las líneas maestras de su departamento, entre las que se encuentra abrir una negociación de la conocida como ley Mordaza. Ante la amenaza de derogación, hecha real por la proposición de ley del PSOE, el Ejecutivo se ha abierto a cambiar los puntos más controvertidos de la norma, entre ellos las sanciones por fotografiar a policías o por manifestarse sin solicitar autorización previa.
Los socialistas se encontraban ayer a expensas de esta llamada a la negociación mientras que en el Grupo Popular confirmaban su voluntad de modificar la ley, una vez que el PSOE ha registrado un texto alternativo.
La denominada ley Mordaza–nombre acuñado por la oposición– es desde su aprobación una de las bestias negras de los socialistas y de otros grupos políticos, junto con leyes como la educativa o la reforma laboral. Fueron también las que más protestas provocaron en la calle. Aprovechando la minoría en la que ahora gobierna el PP, estas tres iniciativas han sido las primeras cuya derogación ha impulsado la oposición en el Parlamento.
A pesar de que la aprobación de proposiciones no de ley en el Congreso pidiendo al Ejecutivo que derogue estas leyes carece de efectos jurídicos, la debilidad numérica del Gobierno y la volatilidad del apoyo de Ciudadanos obliga a Moncloa a avenirse a hacer cambios.
Con la Lomce, la ley educativa, se consiguió ya en la sesión de investidura de Mariano Rajoy, en la que el presidente ofreció no aplicar los efectos académicos de las reválidas tras reclamar el PSOE que se paralizara la implantación. Ahora, el PP ha aceptado por primera vez «sustituir» la Lomce por una nueva ley de educación.
La Ley de Seguridad Ciudadana está abocada a un proceso parecido, aunque por ahora la posición del Gobierno es que están dispuestos a negociar su modificación, pero en ningún caso a derogarla.
A finales de noviembre el Pleno del Congreso, con los votos de PSOE, Podemos, PNV y los independentistas catalanes, aprobó exigir su derogación. Los socialistas defendieron que la Ley de Seguridad Ciudadana es «profundamente antidemocrática» y desproporcionada y exigieron «cambiar la mordaza, las multas y la mano dura por las libertades, los derechos y los servicios públicos».
Pese al triunfo sobre el PP –Ciudadanos se abstuvo–, esta victoria no pasaba de ser una declaración de intenciones. Pero el siguiente paso del PSOE ha sido presentar un texto alternativo que, de aprobarse, tumbaría la ley popular. Según el Grupo Socialista, al Gobierno no le queda ahora más remedio que negociar.
La semana pasada, en la sesión de control al Gobierno, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, dio un ultimátum a Rajoy para cambiar de arriba a abajo su ley y le dio «de plazo» hasta el inicio de la tramitación de la proposición socialista. «Si usted no quita la mordaza», avisó, «la quitaremos nosotros». El presidente contestó que «derogar no es la mejor manera de construir».
En este contexto se va a producir la oferta del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo señalan que están abiertos a reformar los aspectos más «polémicos», como las sanciones por realizar manifestaciones sin previo aviso o por fotografiar policías, y a aplicar una rebaja generalizada de las multas.
La Ley de Seguridad Ciudadana castiga con entre 30.001 y 600.000 euros de sanción las manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas. Y con entre 601 y 30.000 euros la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas, aunque no estuvieran reunidas.
Con la misma cuantía se sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación policial, con respeto al derecho fundamental a la información.
Además, la ley incluyó en la tramitación parlamentaria una disposición final para permitir al Gobierno las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla, cuando todavía no han llegado a pisar suelo español.
Por todas estas cuestiones, en la pasada legislatura el PSOE, junto a la Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, presentó un recurso del inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que está pendiente aún de resolverse.
La nueva aritmética parlamentaria permite ahora que la ley sea reformada sin esperar a que se pronuncie el Alto Tribunal. Después de que la semana pasada el PSOE registrara su texto alternativo –el primer paso real para la derogación de la ley Mordaza–, el Gobierno dispone de un mes para informar sobre ella. El Ejecutivo tiene opciones para dificultar su tramitación porque puede pronunciarse en contra, si implica aumento del gasto o una disminución de los ingresos presupuestados.
Si esto sucediera, si existieran discrepancias sobre si la proposición de ley afecta o no al Presupuesto, tanto el Pleno del Congreso como el Consejo de Ministros podrían plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.