La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, bajo la dirección del juez de El Vendrell Josep Bosch, estrecharon ayer el cerco de las comisiones del 3% sobre los hombres de confianza del ex presidente Artur Mas en la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y extendieron por primera vez sus sospechas sobre las licitaciones realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona en la época en la que estaba regido por el convergente Xavier Trias, en concreto entre los años 2011 y 2015.
Entre los 18 detenidos ayer en una macroperación denominada Pika –continuación de Petrum–, en la que 150 agentes realizaron 24 registros, resonaron nombres como Francesc Sànchez Vera, asesor jurídico y de comunicación de CDC; Andreu Viloca, el ex tesorero ya detenido en otra ocasión; Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructures.cat –también arrestado en otra operación previa y que fuera principal responsable de la contratación de obra pública de la Generalitat–; o Antonio Vives, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ex responsable de Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals SA) y ex vicepresidente de la autoridad portuaria.
Según los investigadores, se ha podido establecer, como informó este periódico el pasado mes de septiembre, un patrón de reuniones entre los políticos y gestores de CDC y los empresarios de su confianza antes, durante y después de la adjudicación de determinados contratos. Este patrón incluía donaciones, mordidas, de entre un 2 a un 10%, realizadas a Catdem o Forum, las fundaciones de Convergència que es, en realidad, adonde iba a parar el dinero.
Según la Fiscalía, «los concursos eran amañados de manera que la irregularidad no consistía en saltarse los requisitos formales, sino en otorgarlos previamente, dándoles a los investigados una apariencia de regularidad». «Por ello», se advierte, «si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a CatDem, no se atisba carácter fraudulento». Entre las obras bajo sospecha, se encuentran la reforma de la plaza de las Glorias, dos ampliaciones del puerto de Barcelona –sólo una fue presupuestada en más de cuatro millones– , el Mirador de las Aguas, reformas en la avenida Paralelo, la estación de Sabadell, las obras del Instituto Lluis Peguera de Manresa, el mantenimiento de edificios escolares y un carril-bici.
De ahí que se haya investigado también al Consorci d’Educació de Barcelona o que entre los detenidos haya cuatro cargos relevantes de Bimsa, la empresa pública de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, como son Ernest Santolaria, el director de obra civil; Constante Serrallonga, ex gerente municipal; Antonio Vives, y Ángel Sánchez, director general de la firma de infraestructuras municipales. También el presidente del puerto, Sixte Cambra.
Tal como publicó este periódico en septiembre, las adjudicaciones se realizaban a UTES (Unión Temporal de Empresas) formadas por empresas de confianza o que combinaban grandes firmas con otras de un relumbrón más relativo pero con ciertos vínculos con personas que tuvieron en su día un papel relevante en el partido. Uno de los ejemplos lo constituyen las obras del túnel la plaza de las Glorias, adjudicadas durante la alcaldía de Trías cuando Vives era responsable de Bimsa y que fueron asignadas a la UTE formada por las compañías Romero Gamero, Benito Arnó, Copisa y Comsa.
Uno de los detenidos es Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa y amigo de la infancia de Jordi Pujol junior. Y otro, Joan Albert Arques, directivo de Benito Arnó, que en su día creó una sociedad de inversiones con David Madí, el que fuera el más estrecho colaborador de Artur Mas en la campaña que le llevó a la presidencia para dedicarse después al mundo empresarial.
En la operación de ayer fueron arrestados también destacados responsables de las empresas Oproler o Pasquina. Y en los registros de los inmuebles de uno de los empresarios fueron encontrados 124.000 euros.
A todos los investigados se les atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción recordó ayer que el inicio de esta investigación se remonta a 2013, cuando una denuncia en el Ayuntamiento de Toderrembarra reveló, con el tiempo, todo un procedimiento sistémico de financiación de Convergència basado en sobornos y adjudicaciones irregulares. Aparte de los nombres de nueva incorporación, se sigue considerando que Andreu Viloca, el administrador y tesorero de CiU –también detenido ayer–, «llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de consursos de distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC» y «controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos con la apariencia de donaciones».
No han trascendido las cantidades que fueron desviadas con el empleo de estos métodos procedentes de las licitaciones investigadas, pero el Tribunal de Cuentas detectó en su día que en un solo año las fundaciones de CDC habían recibido casi dos millones de euros sin procedencia justificada.