El ex presidente de Cataluña Artur Mas se enfrentará desde hoy junto a sus ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau al juicio del que pueden salir inhabilitados para la vida pública por desobedecer al Tribunal Constitucional cuando promocionaron, primero, y permitieron, después, la consulta independentista del 9-N.
Mas llega decidido a convertir la vista en un alegato político a favor de la secesión. Ayer adelantó buena parte de sus argumentos, desafiando al tribunal y a la Fiscalía –«lo volveríamos a hacer»– e identificándose a sí mismo con «la democracia, que es una causa universal». El Govern ha previsto una enorme movilización de decenas de miles de personas, encabezada por el president, Carles Puigdemont, y sus consejeros.
«No está en juego sólo la independencia de Cataluña, sino la democracia misma». Estas palabras de Artur Mas hace unos meses, cuando conoció que iba a ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, muestran que la estrategia judicial de los líderes soberanistas pasa por vincular el juicio por el 9-N –empieza hoy– con los presuntos ataques del Estado al independentismo.
De esta forma, trasladan el debate de si cometieron una desobediencia al hacer la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, a una confrontación política más acorde con sus intereses electorales. El soberanismo sabe que el juicio contra Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau es una ocasión inmejorable para volver a apelar a la épica de un procès que empieza a agotar a la ciudadanía.
Entidades como la Assemblea Nacional Catalana u Òmnium han convocado una concentración de apoyo frente al Palacio de Justicia, a la que se han apuntado unas 50.000 personas y se fletarán 170 autocares desde toda Cataluña. Además, han pedido a los trabajadores que soliciten fiesta para ir.
CONSULTA NO OFICIAL
La estrategia de la defensa de los líderes independentistas en el juicio se centrará en las nulas consecuencias efectivas de sus actos. Todo apunta a que Artur Mas, Ortega y Rigau no volverán a responder a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular, que ejercen el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, tal y como hicieron durante su declaración cuando se instruía el procedimiento.
Fundamentarán su participación en las votaciones del 9-N asegurando que en ningún momento desobedecieron al Constitucional, ya que no recibieron ningún requerimiento expreso por parte de este tribunal para detener la consulta alternativa.
Los abogados de los tres procesados, Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina, indicaron en sus escritos de defensa que en la consulta «nunca se convocó oficialmente a la ciudadanía, sino que se le dio la oportunidad de organizar y tomar parte de un proceso participativo que se acabó realizando gracias a la intervención de miles de voluntarios».
En este sentido, el letrado del ex presidente recuerda que la convocatoria inicial de la consulta se suspendió por el Constitucional y que el proceso participativo convocado como alternativa simplemente era para constatar «un determinado estado de opinión respecto a una cuestión política» sin ningún efecto jurídico.
VOLUNTARIOS
La principal consecuencia de que el acto de votar no tenía validez jurídica fue que se dejó en manos de voluntarios. En su escrito de defensa, los procesados aseguraron que el Govern se limitó a «velar por que la jornada se viviera de la manera más segura posible», ya que pretendieron «dar tranquilidad a los voluntarios» que se encargaron del proceso participativo.
Este será el principal argumento de las defensas para buscar la exculpación de Mas, Ortega y Rigau ante el tribunal, ya que, desde sus primeras declaraciones, los procesados restaron responsabilidad al asegurar que 40.000 voluntarios organizaron y desarrollaron las votaciones. Ante los medios de comunicación, el ex presidente aseguró ayer que él era el «único responsable político» del 9-N.
DESOBEDECÍAN
Pese a estos argumentos judiciales, la Fiscalía cree que los procesados delinquieron. El Ministerio Público cimentará sus acusaciones contra Mas en que era autor de los delitos de desobediencia grave cometido por autoridad pública y prevaricación administrativa. En cuanto a Ortega y Rigau, como cooperadoras necesarias para delinquir. La Fiscalía alegará que el ex presidente no suspendió «oficialmente» la convocatoria del 9-N tras la decisión del Constitucional de no permitir el proceso participativo, y mantuvo los preparativos.
Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled creen que, tras esta suspensión, los procesados quisieron «generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así». Para eso, se encargaron los trabajos logísticos del 9-N a «contratistas privados» en un «clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas».
El Ministerio Público intentará demostrar en el juicio que, antes de las votaciones, los procesados «eran conscientes desde un principio de la posible impugnación de la misma por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional, y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional» y por eso elaboraron «actos jurídicos no formalizados, incluso meramente materiales», para eludir la suspensión.
En este sentido, consideran que Mas desatendió el mandato del Constitucional de dejar sin efecto la convocatoria, mientras que Ortega siguió con el «control público y la coordinación» de la organización durante el 9-N y Rigau garantizó que los directores de instituto, «con mayor o menor convencimiento individual», siguieran prestando el apoyo necesario para que los centros educativos acogieran las urnas.
LA ORGANIZACIÓN
Las acusaciones fundamentan su petición de condena en los actos de preparación del Govern para el 9-N. Aunque el Constitucional suspendió el proceso participativo el 4 de noviembre, la Fiscalía considera que el Govern continuó con la gestión de la consulta, ya que no instó a las empresas a suspenderlos. Así, se repartieron las urnas y papeletas que habían realizado los presos y se mantuvo activa la web oficial del 9-N, con los logotipos y teléfonos de la Generalitat, hasta llegar a la publicación en la misma de los resultados de las votaciones.
Además, se repartieron ordenadores en los centros educativos y se instaló un programa para facilitar el recuento de los votos a favor y en contra. Se gastaron 806.403 euros en la campaña institucional en los medios de comunicación. Se hizo el buzoneo de la publicidad a cargo de la empresa Unipost. Se contrataron técnicos por si existía alguna incidencia informática el día de las votaciones y se acondicionó el Pabellón Italiano de Montjüic como centro de prensa para anunciar los resultados.
Los procesados argumentan que estos preparativos estaban contratados de antemano y que no había forma de pararlos tras la suspensión
«DESAFÍO COMPLETO»
El juicio deberá demostrar si Mas, Ortega y Rigau conocían los riesgos de su decisión. La Fiscalía cree que los tres procesados desarrollaron «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de las votaciones acordada por el Constitucional, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento» de esta orden judicial.
En el centro de esta presunta desobediencia, los fiscales sitúan a Mas, ya que consideran que «amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad», se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para «disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9-N» que ya estaban en marcha.
Recuerdan que el ex presidente conoció la resolución del Constitucional el 4 de noviembre, cinco días antes de la consulta. El Govern la recurrió y tres meses después el tribunal anuló su convocatoria al considerar que se trataba de un referéndum que sólo puede convocar el Estado, como establece la Constitución. El mismo argumento que podría servir para frenar la petición de referéndum del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si se plantea en los mismos términos..
LAS PENAS
Una condena podría ser el fin de la carrera política de los tres procesados. Mas se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos como autor de desobediencia y prevaricación, mientras que Ortega y Rigau se enfrentan a nueve por cooperadoras necesarias.
La acusación popular, que ejerce la letrada María Ponte en representación de los dos sindicatos policiales, pide 12 años de inhabilitación y multa de 36.500 euros para cada uno de los procesados por los mismos delitos. El TSJC consideró que no se podía juzgar a Mas, Ortega y Rigau por malversación de caudales públicos, como pedía la acusación popular, ya que los 4,7 millones de euros destinados a la preparación, organización y desarrollo de la consulta no se emplearon en «usos particulares» de los procesados o de terceros. Este delito está castigado con penas de prisión.