EL CONFIDENCIAL 08/03/17
JOAN TAPIA
· La nueva crisis sobre el Presupuesto de 2017 y las repercusiones del juicio al Palau de la Música elevan al máximo las tensiones internas
Los dos trenes siguen, orgullosos de ellos mismos, hacia un choque que parece inevitable. El tren español parte de un mal sobreentendido, no quiere revisar nada de lo sucedido cuando el Estatut de 2006 que fue parcialmente anulado tras ser aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, pero dae un argumento contundente, que la soberanía reside en la totalidad del pueblo español. También enarbola una teórica disposición a dialogar sobre asuntos relevantes que hasta el momento ha ignorado. Por ejemplo, la inversión del Estado en Cataluña, que ha caído hasta el 9% del total, cuando la aportación de Cataluña al PIB es del 19%. Este tren no es popular en Cataluña, no solo entre los que quieren la independencia (47,8% en las últimas elecciones) sino también entre los que piden un referéndum, o los más moderados, que simplemente abogan por un nuevo marco de relaciones.
El tren independista proclama que lo único relevante es que la soberanía catalana reside en el pueblo catalán, que el referéndum de autodeterminación se puede negociar poco, y que el objetivo es la independencia. Y este tren es apoyado por el citado 47,8%, y solo parcialmente por los que solicitan un referéndum pero para quedarse en España (seguramente, la posición de Podemos Cataluña y quizá de Ada Colau).
La última semana se ha confirmado que el choque es básicamente de soberanías —soberanía española o soberanía catalana—, y por lo tanto difícil de arbitrar. La novedad es que mientras el tren español avanza seguro de tener a favor el orden constitucional, pero con bastante inquietud respecto a los sentimientos catalanes, en el tren separatista están emergiendo diversas averías.
El primer grupo de averías es el institucional, y es consecuencia de querer ir a la ruptura con el Estado forzando la mano al 52,3% que no es independentista. Para satisfacer el pacto con la CUP, el Gobierno de Junts Pel Sí (JpS) ha puesto en la ley presupuestaria de 2017 una disposición adicional que expresamente facilita fondos para el referéndum de autodeterminación. Esta disposición ha sido llevada a la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña, una especia de Tribunal Constitucional catalán, que la ha rechazado por unanimidad. Aunque el dictamen de la Comisión de Garantías no es vinculante, desoírlo es un gesto poco empático con las instituciones catalanas, con los partidos de la oposición y genera además una fuerte tensión en el campo independentista.
Marta Pascal pide hacer caso al Consell de Garantías Estatutarias, pero ello puede llevar a que la CUP no vote los Presupuestos
Marta Pascal, la coordinadora del Partit Demòcrata, formalmente el PDeCAT y el sucesor de CDC, ha dicho claramente que es partidaria de respetar el dictamen, porque otros capítulos presupuestarios tienen partidas que se podrían habilitar para el referéndum. La disposición adicional es más efectista y superflua que efectiva. Pero la CUP se opone a respetar el dictamen, porque niega legitimidad a la Comisión de Garantías —cree que forma parte del orden estatutario— y exige gestos rupturistas. ERC, por el momento, no sabe, no contesta.
Y la CUP ya ha amenazado con no votar el Presupuesto si se retira la disposición adicional. ¿Cuál será la posición final de ERC, que por el momento calla para ver si el triángulo convergente Puigdemont-Marta Pascal-Artur Mas va a una? Si así fuera y la CUP al final no votara el Presupuesto, no se convocaría el referéndum —según prometió Puigdemont— y se iría directamente a elecciones. Y hay gente en el Partit Democràta y en ERC a la que este escenario no le acaba de desagradar. Creen que el catalanismo y el independentismo se desautorizan si ceden siempre ante el chantaje de los asamblearios.
La segunda avería institucional es la reforma del reglamento del Parlamento para poder aprobar —a propuesta de un grupo parlamentario— en lectura única y en un solo día las llamadas leyes de desconexión, las que dirán que la legalidad española ha dejado de existir en Cataluña. El independentismo quiere así promulgar esas leyes con la máxima rapidez —y quizás el mismo día la convocatoria del referéndum— para reducir al máximo la capacidad de interferencia y reacción del Gobierno de Madrid y del Tribunal Constitucional. Al final, el independentismo se salió ayer con la suya, pero ha tenido que rectificar parcialmente y los letrados del Parlamento catalán le han advertido de que la celeridad rupturista tiene unos límites. El Gobierno de JxS se encuentra así crecientemente limitado, no solo por los partidos de oposición —muy distintos y muy divididos— sino también por los órganos jurídicos catalanes encargados de vigilar las actuaciones del Ejecutivo.
El juicio a Millet y un nuevo caso del 3% —denunciado ya por Maragall en 2004— amenazan el prestigio de Artur Mas
Pero, además, al tren independentista le produce averías el estallido de algunas bombas que complican su unidad de acción en un momento muy delicado. La primera es el juicio del Palau de la Música a Fèlix Millet, su segundo Jordi Montull y el tesorero de CDC. Si el pacto de Montull con la Fiscalía se confirma en las declaraciones de esta semana, podría quedar acreditado que CDC obtuvo financiación ilegal a través del Palau de Millet, que distrajo unos 25 millones de una institución estrella de la cultura catalana. Se generaría así una posición muy incómoda para ERC, que deberá practicar un equilibrio difícil entre no romper la coalición con su socio en JxS y exigir responsabilidades. Y la CUP tendrá un argumento suplementario para exigir actos de ruptura.
Pero no es solo el Palau. El famoso 3% de obras públicas que financiaba a CDC —que ya fue fue denunciado por Maragall en el lejano 2004— ha rebrotado en la instrucción de un juez del Vendrell que apunta a altas instancias de CDC, y que ha dictado algunos registros y detenciones espectaculares. Y parece que el juez está dispuesto a pedir la imputación de Germá Gordó, un hombre clave en el entramado de la CDC de Artur Mas.
Estos asuntos son importantes, hasta el punto de que CDC ha retirado la presentación de testigos en el juicio del Palau, al parecer para no colocar a muchos de sus dirigentes en una posición incómoda, ya que un testigo está obligado a declarar la verdad. Además, Marta Pascal, la coordinadora del Partit Demòcrata —una mujer con personalidad propia y nada títere de la antigua cúpula—, dijo el lunes que la corrupción le producía asco y desvinculó al nuevo PDeCAT de las prácticas que se pudiera acreditar que CDC realizó en el pasado.
López Tena, un intelectual y agitador del independentismo, lanza una bomba que ‘desacraliza’ el ‘procés’
En el tren separatista se están dando averías que quizá podrían hacerlo descarrilar antes de llegar al choque. La última bomba es la ruptura de la ‘sacralidad’ del ‘procés’ por parte de destacados independentistas radicales como Alfons López Tena, que en el pasado militó en el ala mas soberanista de CDC y fue miembro del Consejo General del Poder Judicial (a propuesta del partido).
López Tena, un notario nacido en Valencia, que luego de militar en CDC ha participado en la organización de consultas independentistas comarcales y que es conocido por su irreverencia, no ha dudado en declarar a ‘El Mundo’ del lunes: “El ‘procés’ no tiene nada que ver con la independencia (…) persigue un control social total sobre la parte [de Cataluña] que le da apoyo (…) y tener el control de los Presupuestos públicos y las redes clientelares (…) habrá agitación y propaganda, aprobarán una especie de ley cuántica por la que se está dentro y fuera de España simultáneamente, dirán que los españoles son muy malos, llamarán al pueblo a manifestarse, harán conciertos de Lluís Llach en el Camp Nou (…) pero desobediencia, en absoluto. Dicen que [el Estado] no va a poder impugnar la ley [de desconexión] a la vez que no la enseñan para que no la impugne”.
Las declaraciones de López Tena son el ataque más duro que ha sufrido el independentismo catalán y —aunque exageradas— merecen ser leídas y meditadas. Es interesante, y en parte injusto, lo que afirma sobre Artur Mas: “Lo colocó gente que pensaba que lo podía manejar bien como algo transitorio para esperar a Oriol Pujol (…) es muy limitado, he sido asesor suyo durante siete años (…) no lee nada (…) el resultado es el que se ve: autoritario, rencoroso y un político de cuarta regional (…) serviría para cacique de un pueblo de la Sicilia interior”.
López Tena es tan inteligente como excesivo, pero con amigos como él, al separatismo ya no le hacen falta enemigos