Desde este periódico consideramos que todavía no ha llegado el tiempo de cambios en la situación de los presos de ETA. Somos conscientes de que hay que distinguir la política penitenciaria –que depende del Gobierno– de la acción de la Justicia, pero aún quedan muchos condicionantes que desaconsejan esos movimientos, a pesar de que ETA está más cerca de su fin que nunca. Pero sería un error que las víctimas y la opinión pública entendieran que este final se está produciendo mediante un proceso de concesiones mutuas, como si de una negociación se tratara. Ya ocurrió con la derogación de la denominada doctrina Parot por parte de la Justicia europea en 2013, que permitió excarcelar a unas decenas de terroristas –algunos con crímenes de sangre–. La sentencia se produjo año y medio después del anuncio del alto el fuego definitivo de ETA y el Gobierno del PP fue acusado de pasividad para evitar la masiva salida de esos presos a la calle.
Dijimos la semana pasada que el anuncio del desarme –que todavía no se ha concretado en nada, por cierto– significaba la derrota de ETA por el Estado de Derecho y que el próximo paso de la banda debía ser disolverse y hacer como mínimo un gesto de reparación a las víctimas. Esto todavía no se ha producido y, por tanto, no hay razones que justifiquen un cambio en la política penitenciaria.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la Justicia europea acaba de dictaminar que la dispersión de los presos no conculca sus derechos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de rechazar una queja de tres etarras detenidos en 2011 y recluidos en una cárcel de Lyon, que consideraban una conculcación del derecho a la vida privada y familiar que sus parientes tuvieran que recorrer entre 800 y 900 kilómetros para visitarlos. Los jueces han considerado que las razones denunciadas por los terroristas «no bastan» para que se consideren una «injerencia» en su derecho a la vida familiar.
Además, en nuestro país existe la llamada vía Nanclares, por la que el Gobierno concede algunos beneficios penitenciarios, entre ellos el acercamiento a las cárceles del País Vasco, a los etarras que declaren que ya no pertenecen a la banda, se arrepientan fehacientemente y pidan perdón a las víctimas.
Es decir, un terrorista que no se ha desvinculado de ETA, que no se ha arrepentido y que no pide perdón carece de legitimidad para exigir al Gobierno un cambio de su situación penitenciaria. Además, sabemos que existen todavía 300 asesinatos sin autor conocido y que esos mismos presos podrían proporcionar información para su esclarecimiento. Todavía hay mucho camino que recorrer, pues, para pensar en un acercamiento. Lo contrario sería dar la impresión de una especie negociación mediante gestos mutuos que el Estado no se puede permitir. Todavía hay demasiado que reparar a las víctimas del terrorismo.
Hay que tener en cuenta que la situación de los presos es la única preocupación que le queda a ETA en estos momentos. Sobre sus condiciones de vida en las prisiones y su excarcelación va a girar la estrategia de la banda terrorista durante el tiempo que le quede de vida. El Ejecutivo debe caminar ahora más que nunca con sumo cuidado para no dar la sensación en el último momento de que la derrota de ETA es un poco más dulce porque consigue algún tipo de beneficio para sus miembros que permanecen en las cárceles.