ABC 24/03/17
· La Consejería de Gobernación anuncia el contrato «para la celebración de elecciones al Parlament» el día que se aprueba la partida del referéndum
La Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat dispuso este miércoles el inicio de la licitación de un contrato para las empresas aspirantes a suministrar «el material electoral necesario para la celebración de elecciones al Parlamento de Cataluña».
Hasta la fecha, la Generalitat sacaba a concurso este tipo de contratos cada año y solo cuando estaba fijada la fecha de la cita electoral; de ahí que, ayer, al conocerse el anuncio público se sospechara de un posible adelanto de los comicios. Sobre todo, teniendo en cuenta que la licitación del contrato se conoció mientras en el Parlamento de Cataluña se llevaba a cabo el enésimo desafío de Junts pel Sí y la CUP aprobando una partida presupuestaria para la celebración de un referéndum, pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados parlamentarios habían advertido de su ilegalidad.
· Treta
Para el 9-N, la Generalitat encargó las papeletas al centro penitenciario de Lérida
La duración del contrato es, según figura en la plataforma de servicio de contratación pública autonómica, por cuatro años, tiene un coste total (estimado) de 897.520,65 euros (más IVA) y compromete a la empresa adjudicataria a asumir la elaboración de «sobres electorales», «papeletas», «manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales» e «impresos electorales».
«Proceso ordinario»
Desde la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda desmintieron la posible relación de la licitación y la partida presupuestaria para un referéndum y apuntaron a ABC que esta convocatoria es «un proceso ordinario» de cara a las empresas de papelería y que se «trata de un acuerdo marco para homologar empresas que puedan proveer todos los impresos necesarios para unas elecciones al Parlamento de Cataluña». Una vez se convoquen elecciones parlamentarias –y desde la Generalitat remarcaron este aspecto– «se podrá pedir un presupuesto a estas empresas y adjudicarlo a la que presente mejor propuesta».
Quedaría así descartada la posibilidad de utilizar este contrato para la impresión de las papeletas, sobres y el resto de material en un hipotético referéndum secesionista, al no cumplir con las condiciones detalladas en los pliegos anexos al contrato y estar especificada la finalidad en la descripción de la prestación: «Elecciones al Parlamento de Cataluña».
De hecho, en el precedente de la consulta o referéndum del 9-N –por el que Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau han sido condenados recientemente por desobediencia– la Generalitat encargó a presos de la cárcel de Lérida a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción la elaboración de las papeletas, intentando evitar así cualquier tipo de vínculo entre con la contratación pública. Esta triquiñuela no les sirvió.
«Permitiría un referéndum»
Otra cosa es lo que se pretenda hacer con este contrato para unas elecciones. Desde las filas del PP están convencidos de que el contrato marco ahora licitado «sí permitiría encargar, en el momento adecuado, una contratación para un referéndum». Así, Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico, apuntó que «pueden utilizar el contrato para convocar un referéndum como para convocar unas elecciones».
Carlos Carrizosa (Cs), por su parte, no es del mismo parecer que el popular e indicó que el contrato está redactado en «términos tan claros que sería una barbaridad que se rompiera el acuerdo entre administración y proveedor» para ejecutar la adjudicación a otro propósito que no sea el de unas elecciones autonómicas. En este mismo sentido se manifestó Ferran Pedret (PSC): «Es el trámite habitual para la convocatoria de unas elecciones autonómicas», que augura para este mismo año.
Por otro lado, persiste la polémica en torno a la aprobación de la partida presupuestaria para la celebración de un referéndum. PP, PSOE y Cs anunciaron ayer que presentarán en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica. El Gobierno también tiene la intención de acudir al Alto Tribunal, en cuanto se publique el articulado definitivo y oficialmente.
Unas cuentas que para el vicepresidente de la Generalitat y responsable de Economía, Oriol Junqueras, son constitucionales, incluida la disposición adicional sobre el referéndum, insistió ayer. Sin embargo, para Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) no está tan claro y pidió no publicar el articulado de los presupuestos en el Documento Oficial de la Generalitat (DOGC) hasta que se tenga un informe favorable de los servicios jurídicos, ya que creen que las dos enmiendas aprobadas –una a propuesta de estos y otra por la CUP– son «contradictorias».