ABC 02/06/17
TRIBUNALES
· El atentado Disparó contra la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa con un lanzagranadas de 83 milímetros
El histórico etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», resultó ayer absuelto por el ataque terrorista cometido en la sede del Gobierno Civil de Guipúzcoa en 1995. Así se hizo público ayer después de que la Audiencia Nacional decidiera absolverlo al considerar extinguida su responsabilidad penal, si bien declaró probada su participación en el atentado de la banda terrorista ETA.
El atentado, que afortunadamente no se cobró ninguna víctima mortal pero sí causo cuantiosos daños materiales valorados en más de 17.000 euros, tuvo lugar la madrugada del 19 de julio, cuando «Txapote» y otros dos miembros del comando Donosti –Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre, alias «Zapata», ya juzgados por esta causa–, robaron un coche en el municipio guipuzcoano de Rentería, cambiándole posteriormente las placas de matriculación para trasladarlo a escasos 400 metros de la sede del Gobierno Civil. Una vez allí, en el mirador del Antiguo Palacete de Puyo, dispararon dos veces contra la sede del Gobierno con un lanzagranadas reglamentario de 83 milímetros «sin importarles que pudieran causar la muerte a las personas que estaban de servicio en el edificio o que casualmente transitaran por el lugar en ese momento».
Durante el juicio, el etarra se negó a declarar, haciendo uso de su derecho a la defensa. No obstante, tanto los miembros de la Ertzaintza que se encontraban en el lugar en el momento del atentado como los peritos que lo valoraron posteriormente ratificaron los hechos por los que se le enjuició.
El Ministerio Público solicitó para él la imposición de una pena de catorce años y ocho meses de prisión por la comisión de los delitos de terrorismo, utilización ilegítima de vehículo de motor y sustitución de placas de matrícula.
No obstante, como señala la sentencia, cuando en 1997 se dictó el auto de procesamiento contra todos los etarras, «Txapote» estaba huido de la Justicia, y aunque fue detenido en 2001, la Fiscalía no abrió diligencias contra él. Esperó para hacerlo hasta 2012, cuando «habían transcurrido ya más de 14 años y medio» desde la perpetración del atentado, por lo que en el momento actual «no cabe la menor duda de que los hechos se encuentran prescrito».