ABC 04/07/17
IGNACIO CAMACHO
· El debatillo sobre el techo de gasto sirve para recordar que, en efecto, existe un teórico tope legal al despilfarro
CON el PSOE instalado ya en el no-es-no que prometió Pedro Sánchez en campaña, la estabilidad de la política española depende de que el Gobierno sepa armar de nuevo una coalición presupuestaria. Rajoy puede resistir un año más atrincherado en la prórroga pero eso sería aguantar por aguantar, condenado a perder una votación tras otra. El Presupuesto es la única ley significativa que está en condiciones de aprobar y también la única que le compensaría de la previsible oleada derogatoria con que la oposición quiere aplicarse a deconstruir reformas. La agenda parlamentaria de los próximos meses consiste básicamente en someter al marianismo a una colección de humillaciones y freírlo en una comisión de investigación que lo deje con las vergüenzas al aire y la cara roja. Sin un proyecto económico y financiero con el que avanzar carece de sentido prolongar la legislatura porque sí, a base de encajar derrotas.
Frente a la impermeabilidad negativa del bloque de izquierdas y de un nacionalismo catalán empestillado en el desafío soberanista, el Gabinete sólo tiene una fórmula: la reedición de la multialianza coyuntural con el PNV, las dos fuerzas regionales canarias y Ciudadanos. El acuerdo para 2017 está reciente y no debería haber dificultades para repetirlo al menos en el trámite inicial del techo de gasto. Eso sí, Montoro tendrá que volver a aflojar la mano, complacer a Rivera con un alivio de la presión tributaria, aunque sea mediante las deducciones, y regar un poco más el privilegiado huerto foral vasco. El obstáculo previsible viene del «diputado 176», Pedro Quevedo, cuya abstención es el requisito mínimo imprescindible para asegurar el resultado. El interesado se deja cortejar porque le fue bien la experiencia de obtener ventajosas contrapartidas insulares, pero salió elegido en las listas del PSOE y va a recibir fuerte presión de sus aliados… salvo que a Sánchez le convenga dar aire a sus barones autonómicos, pendientes del límite financiero, y comprarse a sí mismo tiempo para asentar su liderazgo. Pablo Iglesias, que se ve venir la maniobra, ha comenzado a apretar ensayando el achique de espacios; si Quevedo acaba por ceder, Podemos culpará a los socialistas de no haber querido forzarlo.
En todo caso este debatillo veraniego del techo de gasto sirve a los españoles para descubrir que, en efecto, tal cosa existe: que hay un teórico tope legal al despilfarro. Nadie lo diría cuando el objetivo de déficit no impide que en cada ejercicio crezcan las partidas subvencionales, cuando las administraciones continúan aumentando de tamaño, cuando prodigan atenciones clientelares o vuelven a contratar nuevos funcionarios. Pero el Estado es así; sus límites a la hora de gastar son tan flexibles como su vocabulario. Y como pronto veremos, siempre encuentra recursos de arquitectura fiscal para subir los techos demasiado bajos.