JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS – EL CONFIDENCIAL
«¿Quién te dice que el día 1 de octubre no se ‘cae’ el sistema informático de todos los tribunales y juzgados de Cataluña y se produce un apagón de la administración de justicia allí?»
“Me pillas con un pie en el estribo. Este va a ser un agosto de quince días. Vamos a descansar a saltos porque el conflicto de Cataluñaempeora”. Nada nuevo, le digo a mi interlocutor togado. “Sí, hay algo nuevo y poco alentador”. Tú dirás. “Lo más decisivo es que el Tribunal Constitucional está determinado a no aplicar la reforma de su ley orgánica que le dotaba de facultades ejecutivas, no punitivas y temporales, para hacer cumplir sus sentencias. La vicepresidenta creyó en octubre de 2015 que dar poderes ejecutivos al TC era la gran jugada. Se equivocó. Aunque el propio tribunal declaró constitucional la reforma en noviembre de 2016, lo hizo dividido: siete a favor y cinco en contra. Ahora resulta que todos, magistrados conservadores y progresistas, están conjurados en no hacer uso de esas facultades».
¿Y si lo pide formalmente el Gobierno? “Tampoco. Le dirán que antes debe actuar el fiscal y los jueces, o que el propio Ejecutivo debe hacer uso de sus facultades coactivas y que el TC es la última ratio ejecutiva”. Tiene su lógica, esa reforma no fue un acierto precisamente porque ha habido instancias internacionales que la criticaron. “Ahí le has dado: el Consejo de Europa, a través de la Convención de Venecia, puso pegas a la reforma en marzo de este mismo año. Los magistrados tienen mucho en cuenta estos matices”.
¿Se llegó a pensar que el Constitucional suspendería, por ejemplo, a Puigdemont? “No lo dudes. De hecho, la reforma de su ley orgánica se hizo para eso, para eludir el 155, para no tener que someterse al ritmo siempre lento de los juzgados y tribunales… y ahora resulta que el TC se queda corto para el Gobierno que, además, carece de fuelle temporal para poner en marcha las previsiones del 155″. De hecho, le apunto, hay una aplicación encubierta al intervenir, o poder hacerlo, las transferencias desde el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).“Efectivamente, esa ha sido la medida que más ha impactado al gobierno de la Generalitat y la posible exigencia de responsabilidad contable de Mas, Ortega, Homs y Rigau por el Tribunal de Cuentas, pero estamos en los prolegómenos”.
Supongo que te refieres a la aprobación de las leyes de “desconexión”con un reglamento parlamentario que se suspenderá de inmediato. “También, pero no solo. Todo va a suceder en los primeros días de agosto y, a partir de ahí, el presidente de la Generalitat entra en elterritorio de la desobediencia flagrante porque al amparo de ese reglamento legalmente inaplicable tramitará la ley de referéndum y de desconexión”. Y ¿entonces? “Pues que el Gobierno intentará que sea suspendido por el TC temporalmente, este no lo hará y tendremos una crisis adicional».
Todo sucederá en los primeros días de agosto. A partir de ahí, Puigdemont entra en el territorio de la desobediencia flagrante.
Quizás el Constitucional cambie de opinión. “No. No lo hará, y esto no es una opinión, es una información. La alternativa no es otra que querellas del fiscal con petición de medidas cautelares radicales”. ¿Cuáles? “Permíteme que no te las explique en este momento, están en estudio”. ¿Sería posible la detención de Puigdemont? “No adelantes acontecimientos. No te voy a contestar sobre esa hipótesis”. Pero es verosímil. “Lo es, pero ahora estamos en otra pantalla: la determinación del Constitucional de no aplicar sus facultades de ejecución ha desconcertado. Hasta ahí puedo leer”.
“No es lo único que preocupa”. Ya me lo imagino. “Seguramente no has reparado –ni tú ni muchos otros– que en 1990 se transfirió a la Generalitat los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Si consultas el Real Decreto de transferencia (son varios y sucesivos) verás que le encomienda dotar a los tribunales y juzgados de ‘bienes informáticos’, o sea, de informatizar la oficina judicial. Esa transferencia está consumada y depende de la Consejería de Justicia del gobierno de la Generalitat de la que es titular el republicano Carles Mundó, quien ya intentó en mayo una sospechosa inspección de los juzgados evitada por el TSJC y el Consejo General de Poder Judicial. Y vamos a ver, ¿quién te dice a ti que el día 1 de octubre no se ‘cae’ el sistema informático de todos los tribunales y juzgados de Cataluña y se produce un apagón de la administración de justicia allí?” Sería demasiado fuerte. “Tan fuerte es declarar en un periódico extranjero que no se aceptarán las resoluciones del Constitucional y ahí lo tienes, negro sobre blanco. O sea que si en estos tiempos de desatinos confiamos en la sensatez de ese equipo de bonzos –como llamaste tú a los consejeros de Puigdemont– que Dios nos coja confesados”.
La verdad, este punto de vista es inquietante. “Lo es. Mírate el anexo del Real Decreto 966/1990 de 20 de julio y verás que la dependencia funcional de los funcionarios judiciales es del juez, pero la orgánica es de Justicia de la Generalitat.” Le echaré un vistazo. “Además, y aunque te digan lo contrario, lo cierto es que el sistema informático de tribunales y juzgados de Cataluña no es compatible con los demás. O sea, que si el sistema se ‘cae’ no se puede tramitar ni un requerimiento”.
¿Está el Gobierno sobre estos asuntos? “Sí, claro que lo está. Este último surge como alarma de la propia magistratura que vive la oficina judicial de forma intensa. Otras alertas proceden de asesores gubernamentales que están estudiando todos los escenarios, pero ni uno es bueno. Funciona el obstruccionismo legal a la logística del referéndum pero parecería que al nuevo gobierno de Puigdemont le importa más un gran conflicto que el propio referéndum”.
¿Y no se puede hacer algo más? “¡Hombre, si hasta Endesa se ha cargado a David Madí, el consejero en la sombra de Mas y del presidente catalán que cobraba un buen sueldo de la eléctrica como presidente de su consejo asesor! La verdad sea dicha: el Constitucional suscitaba unas expectativas que no se van a cumplir, la informática judicial catalana está en manos de la Generalitat, lo que es un auténtico peligro, pero el Gobierno está tratando de tocar todas las teclas». ¿Le quedan muchas por afinar? “Alguna, pero no sería discreto que te lo contase ahora. Un poco más adelante”.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS – EL CONFIDENCIAL