Un racista de la peor especie, aplaudido y secundado por todos los diputados secesionistas a quienes no ha frenado en absoluto la infame condición ética de quien se ha alzado gracias a sus votos con la presidencia del gobierno catalán, pretende ahora conformar su gobierno incorporando a partes iguales a personajes en prisión preventiva y a otros que están huidos de la justicia.

Es, naturalmente, parte del programa del enloquecido Puigdemont de hacer saltar por los aires cualquier atisbo de acercamiento al Gobierno de España porque lo que no quiere bajo ningún concepto es que ese diálogo que proponía tramposamente el presidente racista de la comunidad autónoma y aceptaba con cautelas el presidente del Gobierno se pueda celebrar. Por eso Torra se ha apresurado a anunciar la composición de un gobierno imposible. El anuncio, con estos cuatro hombres a los que persiguen los tribunales por la sencilla e inapelable razón de que han violado reiteradamente las leyes españolas y han desafiado al Tribunal Constitucional, es toda una declaración de intenciones.

El presidente racista, un auténtico escándalo que no tendría cabida en ningún país democrático, pero sí la tiene en esta Cataluña que se atreve a describirse como el paraíso de las libertades, deja muy claro con  esta pretensión de nombramientos que no acepta ni reconoce las leyes del país en el que vive y que está dispuesto a seguir ignorándolas. Y eso es algo que no se le puede tolerar.

El presidente racista es un auténtico escándalo que no tendría cabida en ningún país democrático

Porque este no es un gesto simbólico sino la realización de un desafío de gran calibre. Por supuesto, el Gobierno debe aclarar inmediatamente que no se admiten sus pretensiones y debe impedir que el presidente racista cometa la tropelía de acudir a la cárcel de Estremera y materialice su pretensión de dar posesión simbólica de sus cargos a los presos Turull y Rull que, con su aceptación del nombramiento, han ratificado al juez en su decisión  de mantenerlos en prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva. Desde luego, su horizonte penal se clarifica un poco más a partir de hoy pero a mucho peor: ya no tienen defensa posible.

Todos ellos son muy conscientes de lo que hacen y de lo que supone secundar las locuras de un Puigdemont que busca con este desafío provocar un choque frontal con el Gobierno que alarme a Europa y fuerce a España a negociar con el secesionismo y le libere a él definitivamente de la espada judicial que pende sobre su cabeza.

Pero el Gobierno tiene que dar una respuesta a la altura de la provocación. No puede guardar silencio y refugiarse en la prudencia. Y la respuesta en este caso tiene que ser política, no cabe protegerse de nuevo con las togas de los jueces. Mariano Rajoy debe dar un paso al frente y asumir de cara la responsabilidad que se le pide en tanto que presidente del país. Y debe darse prisa y no dejar la respuesta para dentro de unos días. Los españoles, mayoritariamente indignados y ofendidos por el racista y sus correligionarios, están esperando que el Gobierno mueva ficha y la mueva ya.

El Gobierno tiene que dar ya una respuesta a la altura de la provocación. No puede guardar silencio y refugiarse en la prudencia

En estas condiciones, hay que dar la razón a Albert Rivera cuando pide que no se levante la aplicación de artículo 155. No la tenía ayer ni anteayer porque el Senado había establecido que el 155 decaería en el momento de la formación de un nuevo gobierno en Cataluña. Pero, visto lo visto, ya la tiene hoy porque atenerse en estos momentos a la literalidad de la aprobado sería una trampa tras la que se escondería una actitud cobarde y pusilánime. Tras la constitución de un nuevo gobierno sí había que levantar el 155, pero no de este proyecto de gobierno que incluye a presos y a fugitivos de la justicia. Así, no, habría que decirle al racista con toda la contundencia de que se sea capaz.

Y si Rajoy se ve en la tesitura de despedirse de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque un PNV más atento a sus intereses particularísimos y a sus mohínes de contrariedad impostada por el supuesto repelús que le pueda dar el mantenimiento de ese artículo le niega su voto favorable a las cuentas del Reino, tendrá que aguantarse y tirar para adelante con los presupuestos de 2017 prorrogados. Sería una pena, sí, pero continuar tragando los abusos de quienes han violado las leyes y se disponen a seguir haciéndolo no es que sea una pena, es que sería una tragedia de la que los españoles no se podrían nunca recuperar.

Eso por no contar con que si Rajoy no da ahora un paso al frente su partido estará muerto para siempre. De modo que ha llegado la hora de decir “¡hasta aquí hemos llegado!” con toda la potencia de voz que se sea capaz. Y mejor antes que después. ¿A qué estamos esperando?