ES ya hoy abundantemente claro que el éxito de Sánchez en la moción de censura tuvo su precio, más allá de la satisfacción que produjera en los insurgentes de diversa laña el destronamiento de Mariano Rajoy. No sabemos todavía en todo su alcance cual es el detalle de la transacción pero con seguridad no tardaremos en irlo averiguando. Al fin y al cabo, cuando en un sistema parlamentario se llega a la presidencia del gobierno con la parca cantidad de 84 escaños de un total de 350, es lógico y normal que los que han puesto el resto para que la maniobra saliera adelante no quieren dejar pasar el tiempo sin cobrar el rédito.
Sanchez ya ha adelantado una de sus obligaciones a corto plazo: la de acercar a las prisiones catalanas a los golpistas del separatismo nacionalista actualmente recluidos en otras partes del España. Es esta una pretensión copiada de la que hace ya tiempo vienen expresando los separatistas vascos, trátese de su version dícese que moderada del PNV, o de la proveniente del nunca reconvertido terrorismo etarra. En esto, como en tantas otras cosas, unos y otros dedicados ardorosamente a compartir los árboles y las nueces, en palabras del nunca suficientemente recordado exjesuita de obediencia aranista Javier Arzallus.
Ocurre que con esto del acercamiento de presos la mente menos preclara se sumerge en una mar de dudas:¿porqué los responsables de crímenes terroristas del separatismo vasco, o aquellos culpables de planificar y ejecutar desde el separatismo catalán golpes de estado contra la democracia constitucional española, tienen derecho a ser tratados de manera diferente de otros delincuentes, sean estos violadores, ladrones, asesinos, defraudadores de la hacienda publica o, entre otros otros miles, blanqueadores del dinero? Mas allá de las diferencias jurídico legales que puedan existir en la tipificación de unos o de otros delitos, y que la justicia estima en sus correspondientes variantes punitivas, ¿tienen los delincuentes del separatismo vasco a catán alguna patente de corso para recibir de los poderes públicos la misericordia que a otros criminales les es negada? ¿O es que los pedófilos encerrados en Estremera no pueden tener familia en el Ampurdán? La respuesta, que los mismos separatistas han ido filtrando con diversos grados de impudicia, es clara: «sus» presos son presos politicos y por ello, según alguna norma no escrita del breviario nacionalista, tienen un derecho innato a recibir un trato de favor. Naturalmente, en espera de que las cosas cambien y que asesinar a ciudadanos del común o violar las normas constitucionales no sea ya motivo de preocupación en el adquirido paraíso de la independencia.
Y es precisamente por ello por lo que el «acercamiento de presos», que de manera tan lloriqueante unos y otros presentan como exigencia humanitaria, no es otra cosa que el intento de avanzar un paso mas en la deconstrucción de la democracia española. Y en definitiva, un intento mas de retornar a los reinos tribales de taifas tan queridos por el separatismo vasco y catalán y tan negativos para la libertad y la modernidad de todos los españoles. Incluidos ellos mismos. Sería incompresible y altamente reprobable que Sánchez diera pábulo a los que sus conseguidores han puesto como precio para la obtención de sus favores. Y que no es otra cosa que la primera etapa para la desaparición de la España liberal y diversa, «patria común e indivisible de todos los españoles». La que Sánchez ha prometido mantener.